y en Bilbao (la Administración de la residencia Abando). El grupo inicial —en 1941 apenas llegaban a la decena— aumentó lenta pero constantemente[1]. El nuevo mensaje de búsqueda de la santidad en medio del mundo y con un claro sentido de misión apostólica que el fundador les proponía, caló profundamente en ellas. A partir de 1944, comenzaron a viajar por gran parte de la península para difundir esta llamada e instalar centros nuevos en otras ciudades como Segovia, Granada, Córdoba, Barcelona, Zaragoza y Santiago. En 1946 un grupo de mujeres marchó a vivir a Roma. La segunda expansión, que tuvo lugar en 1950 —fuera ya de los límites cronológicos de este libro— las llevaría a Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, México, Guatemala, Italia, Portugal, Colombia, Argentina o Chile.
Es este un relato de pioneras dispuestas a abrir nuevos caminos y ampliar los horizontes a otras mujeres, en unos años en los que la actividad femenina estaba orientada casi exclusivamente al ámbito doméstico y una dedicación completa a Dios se contemplaba en el marco de las órdenes religiosas o, en todo caso, de las terciarias. Precisamente el encuentro de cada una con el mensaje que difundía el fundador del Opus Dei supuso un descubrimiento que conectaba con sus inquietudes humanas y espirituales y que las lanzaba más allá de lo que una mujer se podía plantear en la década de los cuarenta. Por eso es interesante conocer el contexto social y político en que se movieron.
LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL DE LOS AÑOS TREINTA
La década de los treinta fue una época de grandes cambios políticos en España. Las dictaduras de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) y Dámaso Berenguer (1930-1931), apoyadas por el rey Alfonso XIII, supusieron una decepción para las fuerzas liberales del país, que desembocó en el triunfo de los partidos republicanos en las elecciones municipales de abril de 1931 y la marcha voluntaria al exilio del monarca. El 14 de abril de 1931 se proclamaba la Segunda República, un acontecimiento percibido con gran esperanza por la mayor parte de los españoles, cansados de años de corrupción y estancamiento político[2].
Sin embargo, el período republicano (1931-1936) no se caracterizó por su estabilidad. Con una progresiva radicalización política, huelgas obreras, amenazas de golpes de estado y violencia callejera, que en muchos casos conllevaba la quema de iglesias y conventos, y otros actos vandálicos, los distintos gobiernos que se alternaron en el poder (de izquierdas o de derechas) perdieron el control de las calles. El enfrentamiento político y civil acabó, como es sabido, en la Guerra Civil, que duró tres largos años.
La situación económica no favorecía la estabilidad política. Durante la década de los veinte, España gozaba de una de las mayores tasas de crecimiento económico, en parte como consecuencia de su neutralidad durante la Gran Guerra[3]. La depresión de 1929, que afectó de manera fundamental a Estados Unidos y a muchos países de Europa, impactó también sobre la todavía poco estructurada economía española. Al tener una base agrícola y poco tejido industrial, la retirada de inversiones provocó un alto número de desempleados, el cierre de empresas, la devaluación monetaria y un elevado endeudamiento estatal. Sin embargo, hacia 1935 la situación parecía mejorar[4]. La Guerra Civil truncó —como tantas otras cosas— la recuperación económica.
En medio de estos vaivenes políticos y económicos, la sociedad española de esta década mantenía unos códigos de conducta y costumbres sociales propias del siglo XIX, organizada en torno a lo que se ha llamado la teoría de las dos esferas —la privada y la pública—, que separaba el ámbito de vida masculino del femenino. A los hombres les correspondía la esfera pública, la del poder, la política o la profesión; a las mujeres la esfera privada, es decir, la vida doméstica y todo lo relacionado con la educación y crianza de los hijos[5]. Era algo comprendido así por la mayor parte de los sectores de la sociedad, ya fueran católicos, laicos, monárquicos, conservadores, republicanos o progresistas. De la misma forma que podemos encontrar personajes de todas las tendencias —que serían minoritarios— comprometidos con el cambio en la vida de las mujeres[6].
Intelectuales liberales como Ortega y Gasset o Gregorio Marañón se mostraban contrarios, por ejemplo, a que la mujer cursara estudios superiores; mientras que, sin embargo, un católico conservador como Juan de la Cierva, animó a su hija Piedad a hacer una carrera universitaria porque consideraba que después de la primera guerra mundial había llegado el tiempo de las mujeres[7]. En general, se consideraba que una joven deseosa de trabajar fuera de casa actuaba contra su propia naturaleza, pues entraba en un terreno para el que no tenía aptitudes. Marañón las consideraba «mujeres de feminidad debilitada mezclada con elementos varoniles evidentes»[8].
Legislación favorable a la mujer
Es cierto que desde principios del siglo XX se habían conseguido algunos avances legales. En 1910 se aprobó la ley que permitía a las mujeres acceder a la Universidad sin limitación alguna. Ese mismo año se les dio libre acceso a profesiones relacionadas con la educación, siempre que tuvieran la titulación exigida, y a la administración pública, excepto en el caso de judicaturas y notarías. En 1918 con el Estatuto de Funcionarios Públicos se especificaba la posibilidad de la incorporación de las mujeres con la categoría de auxiliar[9]. Durante la dictadura de Primo de Rivera se promulgaron algunas leyes de protección laboral, o que permitían que ocuparan cargos en el gobierno municipal. Se consiguieron los primeros derechos políticos, aún muy reducidos. Así, en 1924 se otorgó el voto a las que fueran cabeza de familia (solteras emancipadas y viudas) para las elecciones municipales y en 1927 se reservaron algunos escaños en la Asamblea Nacional para mujeres que tenían cargos en ayuntamientos o diputaciones. Estos tímidos avances no sirvieron de mucho puesto que, tras la caída de Primo de Rivera, el gobierno de Berenguer retiró a las mujeres de los censos electorales preparados para las elecciones municipales que se celebraron en abril de 1931.
Asociacionismo femenino
Las organizaciones femeninas habían ido creciendo en la década de los veinte, influidas por las actuaciones de las sufragistas de Gran Bretaña o Estados Unidos. Estas asociaciones eran muy variadas, tanto católicas como laicas, y pueden considerarse ya feministas por los derechos que exigían.
El activismo femenino católico había tomado nuevas fuerzas a partir de 1919 con la refundación de Acción Católica, donde las mujeres encontraban mayores espacios de libertad y participación social. Era un contraste con el biologicismo imperante. Los escritos médicos de entonces reforzaban la idea de que la maternidad era el único destino de la mujer, porque así lo determinaba la biología; también había pensadores que argumentaban científicamente la inferioridad intelectual femenina. En contraste, la realidad era que el catolicismo difundía una definición de la feminidad que valoraba el protagonismo de las mujeres en el hogar y en el desarrollo de la sociedad[10].
Una mujer destacada fue Juana de Salas (1875-1976). Desde sus creencias católicas defendía el derecho de la mujer a recibir una educación y a ejercer profesiones como la farmacia o la medicina. Pensaba que el matrimonio no tenía por qué ser el único camino para las jóvenes. Consideraba un derecho inalienable el voto femenino e insistía en la importancia de preparar a la mujer para cuando llegara ese momento[11]. Otras hicieron también oír su voz y exigieron una mayor participación política y la igualdad en el acceso al trabajo y los estudios. Nombres conocidos, ya desde la década de los 20, eran los de Carmen Cuesta (1890-1968) —primera doctora en Leyes en España— o María de Echarri (1878-1955)[12]. Estas dos últimas pertenecían a la Institución Teresiana, fundada por el sacerdote Pedro Poveda en 1911, con la ambición de orientar el movimiento cultural femenino a través de católicas comprometidas que accedían a la enseñanza oficial. Se trataba de un proyecto reformador dentro del catolicismo dirigido a capacitar a las mujeres para su implicación social, cultural o política a través de la educación[13].
En 1918 un grupo heterogéneo creó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME). Sus componentes procedían de estratos muy variados, aunque en general pertenecían a la clase media o eran profesionales: abogadas, maestras, escritoras. Aunque había elementos católicos en su ideario, intentaban mantener una posición de centro e independiente. Mujeres como
