el papel de la izquierda, las mujeres y las comunidades indígenas al interior del movimiento de derechos humanos en el país.
Celebro la vida de Luz Marina Álvarez, defensora y guardiana silenciosa de la historia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos —CPDH—; Gloria Gómez Cortés fundadora e incansable lideresa de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos —ASFADDES—; y María Ruth Sanabria, recia y tierna defensora de los derechos humanos en el oriente colombiano, todas ellas me brindaron su confianza y su cariño para contar esta historia. De igual forma, debo señalar el importante apoyo recibido de parte del CPDH en cabeza de Diego Martínez, quien fuera su secretario técnico durante el tiempo que tuve la oportunidad de desarrollar desde allí mi investigación doctoral.
Finalmente, agradezco a mis amigos de la vida, generadores de ideas y guías intelectuales: a David Llinás y a su bella y amorosa familia, don José y doña Marlene. A David Rodríguez, Maylor Caicedo, Nini Soto, Andrea Garzón, Jean Paul Ruiz, Jorge Acuña, Camilo Arévalo, Cristhian Bejarano, Yesid Pérez, nuevamente a Adry y, muy especialmente, a Angélica Cruz por su tiempo y su cariño. Angélica, además, hizo las veces de auxiliar de investigación, consejera y asesora, y su colaboración fue vital en el proceso de revisión de prensa y en la organización de los datos.
De acuerdo con el Programa Somos Defensores, durante cada día de 2019 fueron agredidos en Colombia 2,3 defensores de derechos humanos — DD. HH.—. La magnitud de esta cifra advierte el desarrollo de un proceso de persecución sistemática en contra de quienes le han apostado a fortalecer la conciencia histórica del país. Más aún, teniendo en cuenta que desde los años 70 estos hombres y mujeres han sido objeto de señalamientos y tachados como guerrilleros disfrazados o como auxiliadores de la insurgencia por parte de las autoridades políticas y militares colombianas. Para comprender lo anterior es necesario analizar la relación entre los discursos de estigmatización instalados en el imaginario colectivo y la persecución de los defensores, como un fenómeno desarrollado en el marco de una disputa cultural por la configuración de la justicia.
La emergencia de las luchas por los DD. HH. en Colombia coincide con la tercera fase de desarrollo de la Doctrina de la Seguridad Nacional —DSN— en América Latina, fruto de un marcado interés geopolítico por consolidar el control de los Estados Unidos —EE. UU.—1 sobre los países de la región. Podría afirmarse que el fenómeno de la DSN se caracterizó, a grandes rasgos, por la proliferación de regímenes antidemocráticos (militares o civiles) que desarrollaron una intensa represión en contra de la movilización social, a través de la suspensión de los derechos y las garantías civiles y políticas de los ciudadanos. La prolongación indefinida de los estados de sitio, allanamientos, persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones, entre otras expresiones violentas de control, marcaron la vida social en la segunda mitad del siglo XX; todas, fórmulas de pacificación y democratización basadas en la suspensión de derechos y garantías individuales y colectivas de los ciudadanos.
Desde finales de la década de 1960, a lo largo de América Latina aparecieron un sinnúmero de procesos colectivos que denunciaron las arbitrariedades cometidas por los Estados autoritarios que abundaban en aquellos años2. Si bien estos derechos habían pasado inadvertidos desde su declaración en 1948, durante la década de 1970 comenzaron a configurarse como mecanismos de defensa en un escenario donde los abusos de las autoridades estatales eran el pan de cada día. Así, los catálogos de DD. HH. ganaron relevancia a la hora de denunciar los abusos estatales y se desarrollaron diferentes plataformas de lucha interesadas en resignificar la justicia y la democracia con fundamento en las garantías humanas.
Durante los 21 años abarcados en la investigación que dio origen a este libro, la agenda social de movilización en Colombia presentó transformaciones constantes al ritmo de los vaivenes del conflicto social de carácter armado. La defensa de la vida y la resignificación de lo justo llegaron a ocupar un lugar central en la protesta social y, a la par de las necesidades económicas insatisfechas, se abrieron camino otras demandas políticas, culturales y simbólicas. Allí emergieron las luchas por los DD. HH. en Colombia, en un escenario en el que la legitimidad de los diferentes Gobiernos fue confrontada por su responsabilidad en la violación de los derechos y las garantías humanas. De esta manera, los DD. HH. se convirtieron en un horizonte de lucha en el que diferentes sectores se enfrentaron por otorgar nuevos significados a la justicia, entre interpretaciones fundadas en la solidaridad y aquellas que privilegiaban la seguridad del Estado por encima de la dignidad humana.
El análisis sobre la forma en que los DD. HH. se convirtieron en un factor de movilización social en Colombia entre 1970 y 1991 es abordado en tres capítulos que ofrecen un acercamiento al problema desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, se analiza la manera en que las demandas que impulsaron la movilización por la defensa de los DD. HH. fueron definidas como una respuesta a la represión estatal que, a su vez, combinaba métodos legales e ilegales para detener el avance de la movilización social y política en el país. La prolongación del Frente Nacional consolidó la permanencia del estado de sitio y allí, mientras el Estado colombiano mantenía su imagen civilista, el poder de facto, por lo menos en el control jurídico penal de los opositores políticos, lo ejercieron las Fuerzas Armadas —FF. AA.—.
El juzgamiento de civiles por las FF. AA. fue el detonante para el desarrollo de una disputa por configurar la justicia. De esta manera, a la violencia de Estado ejercida por los militares se opuso lo que podríamos llamar una contracultura jurídico-política que trasegó entre un uso instrumental de los DD. HH. y la elaboración de diferentes discursos sobre la dignidad humana. Con el pasar de los años, a lo largo de la década de 1980, estos derechos se convirtieron en un asunto de interés general que englobaba, ya no solo una plataforma para la autoprotección de los perseguidos políticos, sino que se perfilaban como sustento de la democracia y de la paz. El capítulo primero desarrolla estas ideas e ilustra la forma en que las demandas relacionadas con la defensa de los DD. HH. se convirtieron en una poderosa fuente de identidad que vinculaba actores, materias, intereses y oportunidades.
El segundo capítulo ofrece una mirada profunda sobre los actores relacionados con la defensa de los DD. HH. y su interacción en función de los distintos intereses que rodearon la acción colectiva por la dignidad humana. El punto de partida para ello es reconocer que las luchas contra la represión, por la paz y la democratización ubicaron a los DD. HH. al centro de las disputas sociales, políticas y culturales en Colombia entre 1970 y 1991. Estas disputas involucraron a un buen número de sectores sociales que ampliaron la capacidad de incidencia de los defensores y enriquecieron su horizonte de acción, gracias a los diferentes intereses que determinaron el uso de los DD. HH. en su emergencia, auge y expansión.
De acuerdo con lo anterior, la movilización en torno a estos derechos transitó entre la solidaridad y el altruismo, pero también entre discursos moralizantes y las posibilidades de ajustar el modelo político a los estándares internacionales promovidos por los Estados Unidos o por la Iglesia católica. De esta manera se configuraron diferentes usos tácticos en un horizonte tan común como paradójico, pues quienes abrazaron las luchas por los DD. HH. no compartían ideas uniformes sobre temas como la apertura democrática o la paz. En ese sentido, a la defensa de los DD. HH. acudieron sectores cuyo interés era provocar cambios políticos, sociales y económicos radicales (actores disruptivos), pero también otros, cuyo interés era recomponer el equilibrio de las relaciones preexistentes (actores restaurativos).
En el primer grupo de sectores está incluida la izquierda, sin embargo, es necesario ir más allá, pues la pasividad con que se ha aceptado el vínculo entre izquierda y DD. HH. ha tenido un carácter funcional para la estigmatización del movimiento. Al encasillar al movimiento de DD. HH. con la izquierda, se desconoce que en su interior se gestaron diversidad de discursos y que, como lo demuestran las fuentes consultadas, los defensores no eran solamente gente de izquierda y mucho menos seguidores pasivos
