violación a los DD. HH. que tan grande factura le había traído al Gobierno Turbay2.
El tránsito de la represión oficial hacía la no oficial fue tan solo un cambio en la manifestación de la cultura jurídico política para la represión característica del periodo analizado; ante lo cual, el naciente movimiento social en defensa de los DD. HH. fue moldeando una propuesta contracultural con fundamento en la necesidad de una renovación de la justicia y de la democracia, ampliando su ámbito de acción de la resistencia contra la represión a la búsqueda de la paz y la realización de la democracia, en un proceso que, aunque se presume materializado con la Constitución de 1991, continúa hasta nuestros días. Las páginas siguientes están dedicadas a estudiar el contexto en el que el Estado colombiano elaboró su modelo de represión y la forma en que este fue contrarrestado por el embrión de una contracultura fundamentada en la garantía de los DD. HH. y la democratización de las relaciones políticas. Para ello, se analizarán tres momentos, más o menos diferenciables, en los que se evidencian las transformaciones del modelo de represión estatal y su reflejo en la construcción de las demandas que terminaron por dotar de identidad a la acción colectiva alrededor de estos derechos:
• Primero, apropiación del concepto de DD. HH. que ocurre entre 1970 y 1981, como reacción de la sociedad civil, pero también como medio de oposición al desarrollo de la DSN y su apogeo en Colombia, a través del militarismo y la represión por vía judicial.
• Segundo, crisis y transición entre modelos represivos, generados por el auge de la movilización alrededor de los DD. HH. y por los cambios en la política norteamericana frente a los mismos. Este momento abarca entre 1978 y 1982 aproximadamente.
• Y tercero, la adaptación del modelo represivo a los dictados de la guerra de baja intensidad —GBI— y su camuflaje entre el paramilitarismo y el narcotráfico, pero también la respuesta de la sociedad civil impulsando la búsqueda de la paz por vía de una negociación y la constitucionalización de los DD. HH.
Esta forma de abordar el problema permite exponer los factores ideológicos y jurídicos que posibilitaron una cierta unidad de acción entre los defensores y la elaboración de una contra cultura jurídico-política en torno a la movilización social, que trasegó de un uso instrumental de los DD. HH. (en los juicios), a su apropiación (como sustento de la democracia)3. Así las cosas, este capítulo aborda, en perspectiva multiescalar4, las formas represivas imperantes en América Latina durante el periodo estudiado, su reflejo en las políticas de seguridad y control adoptadas en Colombia, y la manera en que la oposición a estos fenómenos dio lugar a las demandas de un vasto sector de la sociedad, permitiéndole ingresar a la disputa por configuraciones alternativas de la justicia. El análisis aquí propuesto oscila entre la exposición de las condiciones que hicieron posible una cultura jurídico-política para la represión y la forma en que a estas se les opuso una plataforma contra cultural fundamentada en el uso de los DD. HH.
De conformidad con lo anterior, este capítulo podría sintetizarse de dos formas: la primera de ellas desde un punto de vista contextual, puesto que presenta el escenario sobre el cual se desarrollaron las luchas del movimiento de DD. HH. durante el periodo estudiado, en tres momentos: militarización de la justicia, crisis y paramilitarización. La segunda de carácter sustancial, en la medida en que presenta las tres materias fundamentales que sirvieron como contenido de las demandas promovidas por este sector: represión, paz y democratización. En ese sentido, lo que se pretende es recrear el escenario en el que tuvieron lugar las disputas por la configuración de ideas sobre la justicia, entre su humanización y la represión, en un acercamiento que permite reconocer la marginalidad de la materia hasta 1975 y las circunstancias que ubicaron a los DD. HH. al centro de la disputa cultural.
1.1. La militarización de la justicia
En 1970, según un informe oficial:
La asistencia Militar norteamericana llega al total de 92.000.000 de dólares. 425 miembros de las fuerzas armadas fueron entrenados este año por los Estados Unidos, llegando a la cifra total de 3.894. “Para abastecer las fuerzas armadas de Colombia cuyo número aproximadamente es de 55.000 hombres (ejercito 43.000, marina 5.000, fuerzas aéreas 6.400) los Estados Unidos mantienen una misión Militar de 27 oficiales y 21 suboficiales de las tres armas (…) este país paga parte del costo de administración de la Misión (…) nuestros militares se consideran teóricamente miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia (…) el entrenamiento es una de las tres metas primordiales del personal de la misión Militar, las otras dos consisten en controlar la entrega de los equipos, asesorar y ayudar a los oficiales colombianos (…) Muchos oficiales de este país han tenido la oportunidad de recibir entrenamiento formal en los EEUU, incluyendo al comandante general de las fuerzas Armadas, Mayor General Currea Cubides (…) Igual que el Brasil, Colombia ofrece incentivos económicos a los oficiales que se entrenan en el exterior (…) Colombia ayuda a sufragar los gastos del entrenamiento dado por los EEUU (…) Los EEUU instruyen al ejército de Colombia en tácticas antiguerrilleras a través de unidades móviles de entrenamiento en la zona del canal (…) La doctrina norteamericana de la “acción militar” también ha sido aceptada por el ejército colombiano (…) nuestros programas han ayudado al país a establecer sus propias escuelas de entrenamiento militar (…) la misión cree que el entrenamiento del general Currea dentro del Programa de Ayuda Militar (PAM) contribuyó a darle esa perspectiva (…) Colombia puede ser el mejor ejemplo de los beneficios que pueden resultar del entrenamiento dentro de nuestro Programa de Ayuda Militar (…) los años de 1970 a 1975 serán cruciales para determinar la viabilidad del actual sistema (…) el contacto permanente y estrecho entre las fuerzas militares colombianas y el ejército norteamericano será ventajoso5.
Uno de los principales efectos del aumento de la ayuda militar de los EE. UU. en Colombia fue la consagración de la justicia como un asunto de seguridad, que fue puesta en manos de las FF. AA., llegando estas a adquirir un amplio margen de acción que les permitía incidir en las ideas sobre lo justo en materia criminal, casi a título definitorio. La anterior afirmación solo es comprobable al estudiar la acción estatal entre 1970 y 1982 que, caracterizada por la búsqueda incesante de un aseguramiento del control institucional, llevó al Estado a adquirir un carácter militarista tras la adaptación de sus instituciones a los dictados de la DSN. En ese sentido, el aparato estatal conservaba su apariencia civilista y, sin embargo, recurría con una frecuencia cada vez mayor al uso de las prácticas represivas que distinguían a las dictaduras del Cono Sur. ¿Cuáles fueron las condiciones internas que se entretejieron para la adopción de políticas de seguridad y orden que terminaron por entregar a las FF. AA. y de seguridad del Estado la definición sobre las ideas de lo justo y su administración? ¿Cuáles sus consecuencias sociales?
1.1.1. ¿Democracia civilista o dictadura disfrazada?
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los EE. UU. y la URSS quedaron enfrentados por el dominio político, militar, ideológico y económico global, en el marco de la denominada guerra fría. Sus ideas de expansión se desarrollaron en una abierta competencia que implicaba la conformación de bloques de poder dirigidos a asegurar la dependencia de los países subdesarrollados con respecto a estos. Los EE. UU. lograron cohesionar, entre otros, a la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos bajo la consigna de la Seguridad Nacional, ubicándola al centro del desarrollo de sus relaciones6. En Colombia, dicha doctrina inspiró, por lo menos, tres elementos que marcan el establecimiento de una cultura jurídico-política para la represión entre 1970 y 1982: i) la seguridad como necesidad inaplazable; ii) la elaboración de un enemigo común en el orden interno y iii) la implantación del concepto de guerra total y permanente.
La seguridad como necesidad inaplazable
El arraigo y la fertilidad de la DSN en América Latina se relacionan con la existencia de una amenaza latente para los intereses norteamericanos y, residualmente, para los de las élites
