existencia de condiciones de probabilidad, no de certeza, sobre la ocurrencia futura de revoluciones que dañarían la seguridad nacional. En ese sentido, los riesgos de la guerra fría fueron transmitidos a la sociedad en general, para justificar: la intervención militar directa representada en el establecimiento de regímenes dictatoriales abiertos; o el endurecimiento de las medidas jurídico-políticas de carácter represivo adoptadas por los Gobiernos civiles8. Al ubicar la seguridad al centro de los debates públicos como necesidad inaplazable, los EE. UU. lograron confirmar la virtual fusión entre seguridad y Estado. Lo que se traducía en la idea de que para enfrentar las amenazas era necesario contar con una institucionalidad lo suficientemente fuerte para anular el riesgo.
La elaboración de un enemigo común en el orden interno
El enemigo fue fácilmente elaborado con base en la imagen de la URSS, como encarnación del comunismo internacional y rival, no de los EE. UU., no del capitalismo, sino de la civilización occidental. El comunismo como enemigo se convirtió en abstracción de todas las enemistades posibles; lo que justificó que todo aquello que se pareciera al comunismo, a la inconformidad social con el sistema político y económico, o a crítica contra el Estado fuera considerado como amenaza nacional. El concepto mismo de ciudadanía quedó diluido en la búsqueda de la seguridad nacional, endureciendo la relación de subordinación entre los Estados y las personas. Impulsadas por la desconfianza de los EE. UU. en la estabilidad política y económica de los países de la región, proliferaron entonces las dictaduras militares. Pobreza, comunismo y liberación nacional se convirtieron en fantasmas; el enemigo ya no era una abstracta, y cuando mucho lejana y fría, URSS, ahora estaba encarnado en la oposición política y en la actividad social contraria al modelo económico, social y político; la sospecha cubría a la generalidad de la población civil, devolviendo al enemigo su abstracción natural9.
La implantación del concepto de guerra total y permanente10
Este concepto, favorecido por el aumento de la capacidad militar de las potencias mundiales, ha mantenido en estado de alerta a la comunidad mundial desde entonces y, más allá del riesgo nuclear, logró desarrollarse en los países periféricos, a propósito de la penetración ideológica que podría desembocar en la generación de condiciones para una revolución. El concepto de guerra total se desarrollaría bajo la influencia de la denominada doctrina francesa de la contrainsurgencia o lucha contrainsurgente, cuya elaboración fue recogida por el coronel Roger Trinquier, tras las experiencias militares de Francia en Argelia e Indochina11.
Estos tres elementos encontraron en Colombia un escenario ideal para su desarrollo, pues los evidentes brotes de inconformidad social que amenazaban con la expansión de las ideas socialistas o de liberación nacional en el país generaban un ambiente de agitación social cada vez más radicalizado. Un antecedente muy ilustrativo del interés norteamericano por expandir su capacidad de control militar en Colombia es la visita del Centro de Guerra especial, de Fort Brag (Carolina del Norte), desarrollada en febrero de 1962.
El director de investigaciones de dicho Centro, el General Yarbo-rough, redactó un suplemento Secreto al Informe sobre dicha visita. Uno de los párrafos de ese suplemento dice: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra agentes y contra propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto12.
Otro antecedente del interés norteamericano se encuentra en la expedición del denominado Manual FM-31-15 Operaciones contra Fuerzas Irregulares de 1962, por medio del cual, el ejército colombiano adoptaba los lineamientos norteamericanos de combate a las guerrillas que apenas se encontraban en formación. No sorprende, entonces, que la ejecución de las prácticas militares, dirigidas según los lineamientos estadounidenses, combinaran una suerte de conservación de la apariencia civilista, como rasgo característico de la tradición política colombiana, y el desarrollo de una escalada represiva cuyo eje era el fortalecimiento de la capacidad de operación de las FF. AA. De fondo estaba la criminalización de la protesta social y de la oposición política como amenazas directas para los intereses norteamericanos y de las élites colombianas; el enemigo real no eran los alzados en armas, eran los civiles…
El General Francisco Landazábal explicitaba con franqueza, en uno de sus libros, la tesis fundamental: “No menos importante que la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la misma […]. La dirección política no puede interesarnos menos que la militar y, una vez reconocida y determinada la tendencia, hay necesidad de ubicar la ideología que la anima, plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción la dirección política del movimiento”13.
El resultado de tal apuesta es una fluctuación entre la necesidad de mantener la apariencia civilista, facilitando un amplio margen de acción a las fuerzas de seguridad en contra de la oposición política; este es el rasgo característico de la vida político-militar colombiana en las décadas de 1960 y 1970. Durante estos años se desarrolló una estrategia de control social y político en la que, bajo la justificación de enfrentar la amenaza revolucionaria, las FF. AA. adquirieron autonomía e independencia respecto del Gobierno, bajo el amparo de la permanente declaración de estados de sitio que le fueron otorgando a los militares la capacidad y el margen de impunidad necesarios para detener la oleada de movilizaciones sociales, que, aun así, se desarrollaron durante este periodo. Pese a ello, tal y como lo reconoce el Centro Nacional de Memoria Histórica —CNMH—, esta práctica no era novedosa,
Se trataba de un hábito de vieja data. Pese a que el Frente Nacional se planteó como un acuerdo paritario para el ejercicio del poder, capaz de garantizar el retorno a los cauces institucionales quebrantados por la dictadura de Rojas Pinilla, lo cierto es que nunca pudo escapar de la excepcionalidad característica de la dictadura y, en vez de salir definitivamente de ella, optó por institucionalizar algunos de sus mecanismos. Esa excepcionalidad, sin embargo, no se aplicaba ya para afrontar los resentimientos de la violencia partidaria, sino que fue la base de una intensa violencia de carácter clasista, contrainsurgente y anticomunista, atizadas por las tensiones geopolíticas de la guerra fría14.
Para Gustavo Gallón, defensor de DD. HH. desde la época, la herencia de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla fue el posicionamiento de los militares en los asuntos políticos relativos al orden público; lo que se refleja en la posibilidad de juzgar civiles, aun en contra de la Constitución15. Bastó una decisión de la Corte Suprema de Justicia —CSJ—, luego de los acontecimientos del 9 de abril de 1948, para que la prohibición contenida en el artículo 170 constitucional —que limitaba la competencia de los tribunales marciales al juzgamiento de los delitos cometidos por los militares— quedara en desuso, y se abrieran las puertas para el juzgamiento de civiles por parte de las FF. AA., por vía de los Consejos Verbales de Guerra —CVG—16. La decisión temporal de la Corte fue ganando terreno, hasta convertirse en la medida tipo que contenía cada uno de los estados de sitio decretados desde 1965, cuando así lo hiciera el presidente conservador Guillermo León Valencia17.
Cada uno de los Gobiernos del Frente Nacional desarrolló la medida ampliando las atribuciones a las FF. AA. en materia de justicia. La complicidad entre élite política y cúpula militar solo podría explicarse como una reasignación de tareas que terminó por desconfigurar la división tripartita de poderes. La nueva composición quedaría determinada por la
