de promoción más intensa y los actores interesados cada vez más plurales. De esta forma, la acción colectiva pasó a desarrollarse a través de redes en las que participaron actores con identidades, compromisos e intereses cada vez más diversos.
La tercera parte presenta un panorama, primero cuantitativo y luego cualitativo, acerca de los repertorios de protesta empleados en la defensa de los DD. HH. De acuerdo con la base de datos sobre movilización social del CINEP, el número de movilizaciones por los DD. HH. registradas entre 1975 y 1991 (invasiones, disturbios, paros, bloqueos de vías, toma de entidades, acciones de resistencia y huelgas de hambre) inician con una tendencia ascendente durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen; luego descienden profundamente durante el Gobierno de Julio César Turbay; posteriormente hay un repunte en el mandato de Belisario Betancur; y finalmente, las cifras se vuelven a disparar durante la presidencia de Virgilio Barco. El capítulo final de esta obra ofrece una lectura sobre los fenómenos sociales, políticos y jurídicos que permiten explicar el porqué de este comportamiento.
Por otra parte, las modalidades de acción empleadas por los defensores variaron de acuerdo con: su carácter contencioso o no contencioso; los diferentes usos tácticos de que fueron objeto los DD. HH.; la intensidad de la estigmatización dirigida en su contra; y la variación en los ámbitos de significación otorgados al concepto de DD. HH. Las diferentes configuraciones entre estos elementos generaron tres espacios de oportunidad para la acción colectiva por las garantías humanas y para su posicionamiento en el ámbito jurídico político colombiano, los cuales corresponden a los tres cortes temporales estudiados. Primero, ante la represión jurídica y judicial que predominó entre 1970 y 1978; segundo, en medio de la crisis de la represión judicial y de su tránsito hacia la guerra sucia entre 1978 y 1982; y finalmente, ante la prevalencia de la guerra sucia, el paramilitarismo y el aumento de la estigmatización contra los defensores.
Así las cosas, Acción para la conciencia colectiva desarrolla la idea de que los DD. HH. ingresaron a Colombia como un discurso emanado de los sectores hegemónicos tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desde la década de 1970, en uno de los más terribles contextos de represión estatal que ha enfrentado el país, se inició la apropiación y reinterpretación de estos derechos por parte de diversos sectores. Y adicionalmente, que dicha reinterpretación generó una dicotomía entre lo justo y lo injusto alrededor de la movilización social por los DD. HH. como objeto de disputa cultural. En ese sentido, considerando los retos que enfrenta la sociedad colombiana en su inagotable búsqueda de la paz y las amenazas que le acechan, lo que palpita en esta investigación es la posibilidad de considerar a los DD. HH., a sus defensores y a la justicia misma, como armas a disposición tanto de los sectores subalternos, como hegemónicos en un persistente escenario de valores en disputa.
Notas
1 Francisco Leal divide el desarrollo de la DSN en cuatro etapas: antecedentes, gestación, desarrollo y declinación. “La primera corresponde al militarismo suramericano del siglo XX, y en ella se aprecian factores que más adelante facilitaron el desarrollo de la Doctrina. La segunda etapa se caracteriza por la creciente influencia político-militar de Estados Unidos en América Latina, y se ubica entre los inicios de la Guerra Fría y la víspera de la Revolución Cubana. La tercera etapa, marcada por el nacimiento de movimientos insurgentes en la región y el desarrollo de un militarismo de nuevo cuño, comienza con dicha revolución y continúa hasta la segunda mitad de los años setenta. La etapa final de declinación de la Doctrina se inicia con el gobierno del presidente Carter y el cambio en la concepción estratégica estadounidense, y se prolonga con el ascenso de los gobiernos civiles en la región hasta la finalización de la Guerra Fría”. Leal, Francisco, “La doctrina de Seguridad Nacional: Materialización de la guerra fría en América del Sur”, Revista de estudios sociales 15 (2003): 76.
2 “Pensar en derechos humanos desde América Latina exige reconocer lo que éstos tienen de ausencia, de demandas postergadas, de ofertas modernizantes frustradas y engañosas. Hablamos de derechos desde su negación y desde la indignación que moviliza en su búsqueda; desde un conjunto de condiciones institucionales que les niegan y postergan; desde un marco de pensamiento que, en no pocas ocasiones, los afirma como estrategia para negar la configuración sociocultural de sus habitantes. Con todo, hablar de derechos humanos en América Latina también es hablar de su impulso dinamizador de buena parte de sus movimientos populares, de una apuesta que logra recoger un horizonte de esperanza que se va concretando en los más diversos campos, y que exige las más diversas formas de militancia, a veces desde las formas instituidas de gobierno y a veces en contra de ellas”. Gándara, Manuel, “Repensando los derechos humanos desde las luchas”, Revista culturas jurídicas 2 (2015).
Configuración de demandas e identidad
Figura 1. Relación entre represión y demandas (1970-1991)
Fuente: Elaboración propia.
La década de 1970 representó, para las élites latinoamericanas, la necesidad de hacer frente al avance de las ideas socialistas y de la lucha armada como expresión de la inconformidad social que avanzaba en el continente. Este fenómeno se manifestó con fuerza en Colombia, claro está, en medio de las particularidades de su historia social y política, que para estos años habían desembocado en el establecimiento del último Gobierno del Frente Nacional. Las denuncias sobre el fraude en las elecciones que otorgaron la victoria a Misael Pastrana sobre el exdictador, ahora candidato por la Alianza Nacional Popular —Anapo—, Gustavo Rojas Pinilla, ponían en evidencia la debilidad con que terminaba el pacto entre los partidos Liberal y Conservador1. Un Gobierno deslegitimado, la sociedad civil agitada y la lucha armada abriéndose camino, son elementos determinantes para la configuración de las políticas sobre justicia adoptadas por el Gobierno Pastrana para garantizar su permanencia en el poder.
La acción estatal desplegada en materia de justicia se desarrolló como una estrategia de largo aliento que pretendía asegurar el control institucional y el orden público. En este contexto, la idea misma de lo justo y su definición se trasladó a las autoridades militares en una clara muestra de que, si bien el Estado colombiano mantenía su imagen civilista, el poder de facto, por lo menos en lo jurídico penal, lo ejercieron las FF. AA. El establecimiento constante del estado de sitio, por medio del cual le fueron entregados los asuntos judiciales a los cuerpos de seguridad del Estado y el consecuente despojo de tales atribuciones a la justicia ordinaria no solamente condujo a un claro desequilibrio de los poderes públicos, sino que caracterizan el protagonismo social y político ejercido por los militares durante estos años. Tales condiciones conmocionaron el orden constitucional, pero también incentivaron la movilización social, convirtieron a la justicia en bandera de las luchas populares y llevaron al Estado colombiano a pasar del reconocimiento internacional a su ‘condena’, al evidenciarse la forma en que sus políticas de seguridad y de orden público se transformaron en vías para la represión, la tortura y el abuso de autoridad en general.
Entre 1978 y 1982 la denuncia contra la represión estatal creció, en un escenario que coincidió con el viraje de la política internacional norteamericana hacia la promoción de los DD. HH. en los países bajo su influencia. La actividad de los defensores y la presión norteamericana resultaron fundamentales para los cambios impulsados desde la posesión de Belisario Betancur en 1982 y su apuesta por alcanzar la paz. Y es que, si bien desde 1981 el país experimentaba un cierto coqueteo con la idea de dialogar con las guerrillas, solo fue tras la llegada al poder de Betancur que los acercamientos se convirtieron en diálogos. Aun así, las buenas intenciones contrastaron con el desplazamiento del militarismo hacia formas de represión
