integradas en las decisiones tomadas por los formuladores y ejecutores a través de averiguaciones acerca del estado de la evidencia para respaldar las políticas recomendadas; la demostración de que se está usando buena información en las decisiones y que los resultados comprometidos son realistas y factibles.
Esa evidencia puede utilizarse en el desarrollo de intervenciones para abordar los factores de riesgo, enfocados en grupos en y de riesgo (Welsh, 2007; Greenwood y Welsh, 2012; Savignac y Dunbar, 2014). En general, entre las razones para un uso intensivo destaca que:
Los programas basados en la evidencia se apoyan en estudios rigurosos, demuestran que son eficaces y generan resultados positivos.
Si se implementan adecuadamente, con asistencia técnica y fidelidad al diseño, los programas logran mejoras sustantivas y pueden reducir significativamente factores determinantes de la criminalidad en un foco-problema delimitado.
Los programas demuestran ser exitosos, incluso en casos difíciles, generando un cambio significativo para muchas familias vulnerables y comunidades en riesgo. Los beneficios, tanto para los participantes como para las comunidades locales, son mayores.
Un programa con un soporte de esa naturaleza es una inversión, independientemente del área de especialización. Tiene más sentido invertir en un servicio o programa que ya ha demostrado su eficacia, es decir, que favorece la relación costo-efectividad.
Hemos aprendido que las intervenciones –bien diseñadas– pueden reducir la actividad criminal, la victimización y promover la seguridad de las comunidades también. Pero, al mismo tiempo, que es más eficiente aprovechar la evidencia. Existe un cúmulo significativo, proveniente de intervenciones que han tenido resultados positivos (que se origina en evaluaciones de impacto realizadas en Norteamérica y Europa).
En Chile la familiarización con este enfoque es todavía muy reducida. Muy pocos programas públicos incluyen el examen de intervenciones anteriores para alimentar el diseño, la ejecución y, menos aún, concluyen con recomendaciones de innovación. En este contexto, las palabras de Sherman (2012: 4) son aplicables a nuestra realidad: la mayoría de las innovaciones en prevención del delito se ensayan, pero no se comprueban. Se genera poca evidencia para retroalimentar y reorientar las intervenciones.
Así, elegir y diseñar un programa apropiado es todavía un reto técnico. Nos conviene aprender de los fracasos y aprovechar la experiencia y conocimiento, pues se trata de elegir uno que mejor se ajuste a la población beneficiaria y que sea compatible con las condiciones reales de ejecución y del equipo responsable. Pero, esto significa adoptar un programa validado y adaptarlo al nuevo contexto de ejecución.
Ciencia de la implementación
En la evaluación de programas, con características de Safer Cities y orientados a la prevención de robos en residencia, Tilley y Laycock (2002) detectaron –ya en esa época– que muchos esfuerzos en replicar programas fracasaban debido a la poca atención a los mecanismos utilizados y al contexto. El empleo de programas exitosos implica comprender cómo y por qué han trabajado bien, qué es lo que hay que repetir o reproducir, y cuáles son las condiciones mínimas para generar efectos similares. Es decir, adaptar de manera inteligente, pero antes de ejecutar.
La calidad de la implementación es un factor clave en el éxito. Por ejemplo, un programa “prometedor” tiene mayor probabilidad de producir resultados positivos, si la ejecución se acerca al modelo. Sin embargo, los resultados de un programa que muestra poca efectividad probablemente no son generados por errores de diseño o la ausencia de un enfoque integral, sino que por falencias o distorsiones tanto en la implementación, en la ejecución y su evaluación oportuna.
Cada vez más las intervenciones preventivas y sus ejecutores enfrentan un desafío común y frecuente: el uso intensivo del conocimiento para una ejecución exitosa de intervenciones basadas en la evidencia científica. El interés en las cuestiones relacionadas con la aplicación coincide con la constatación de que la mera selección de un programa que demuestra ser eficaz en un contexto no es suficiente y que una experiencia en el terreno puede no alcanzar los resultados esperados, incluso con el aprovechamiento de bancos de buenas prácticas y manuales, protocolos de actuación. Un programa eficaz, combinado con una implementación de alta calidad, aumenta la probabilidad de lograr resultados positivos entre los beneficiarios.
En la última década la prevención del delito se ha visto favorecida con el desarrollo de la ciencia de la implementación. Esta puede describirse como el campo de estudio a partir del cual se han desarrollado métodos y marcos para promover la transferencia y uso del conocimiento para optimizar la calidad y la efectividad de los servicios (Eccles y Mittman, 2006). Esta corriente recurre a la ciencia social y la administración, y se enfoca en el examen de las brechas entre la investigación y la práctica, así como las influencias individuales, organizativas y comunitarias que inciden y que están presentes en la ejecución de una política, programa e incluso una intervención breve.
Se caracteriza como el estudio científico de los métodos para promover la adopción sistemática de los resultados de la investigación y otras prácticas basadas en la evidencia en programas o intervenciones sociales con miras a mejorar la calidad, eficacia, fiabilidad y la prestación de servicios públicos (Eccles et al., 2009). Los resultados de las evaluaciones de procesos de ejecución son hoy una de las principales fuentes de conocimiento sobre las condiciones favorables y los desafíos que rodean la implementación de programas de prevención.
En la práctica, este enfoque pone especial interés en el seguimiento y la evaluación comprensiva de las intervenciones, ya que esto arroja luces sobre cómo, por ejemplo, un programa alcanza al grupo objetivo, selecciona a los participantes adecuados, realiza las intervenciones respetando la gradualidad y la necesaria adecuación sociocultural.
Este enfoque es complementario, entonces, al interés de reconocer los factores e identificar oportunamente el real impacto de un programa (basado en evidencia) en comparación con la forma en que se implementa el programa. La experiencia en este tipo de estudios (Metz, 2007, en Savignac y Dunbar, 2014: 5) lleva al convencimiento de que:
Un programa “prometedor”, que se implementa en forma correcta, tiene una mayor probabilidad de lograr resultados positivos que un programa en el cual el diseño y la implementación se ven afectados por múltiples vacíos de conocimiento y limitaciones técnicas.
Adicionalmente, un programa con efectos o resultados neutros puede ser replicado en condiciones diferentes y obtener resultados positivos, ya que las condiciones de implementación son consideradas un elemento clave en la consecución de los resultados deseados.
De esta forma, no se trata de replicar sin adaptar. La adaptación y la adecuación técnica de un programa es proceso relevante a la hora de su transferencia y de su implementación en un contexto u otro. En consecuencia, no solo debe hacerse hincapié en la elección de programas bien evaluados, sino también en la identificación de condiciones efectivas para su implementación, con un enfoque comprensivo de los factores que inciden en su eficiencia.
Algunos aspectos de la implementación para la prevención provienen de transferencias de otras intervenciones, como la salud y la educación (Wandersman et al., 2008). Ya sea un programa de prevención de la delincuencia o de un campo afín, a la hora de la ejecución son recomendables los mismos principios generales.
A pesar de esto, no todo funciona como se espera. Ciertas condiciones en la implementación de los programas de prevención son particularmente clave en intervenciones dirigidas, por ejemplo, a jóvenes y adolescentes. En la prevención de base social una dificultad es la alta rotación de tutores, la mala relación entre los jóvenes participantes y sus tutores, entre otros, que llevan
