al perfeccionar la imbricación de soberanía y gubernamentalidad.
Lazzarato (2015a: 95) agrega que la crisis iniciada en 2007 invalida la tesis principal de los dos cursos citados de Foucault: la de que el liberalismo critica «la irracionalidad propia del exceso de gobierno» y aspira a «gobernar lo menos posible». Para Lazzarato (2013: 125), el análisis foucaultiano incurre en cierta ingenuidad cuando convierte la libertad de la propiedad privada y de los propietarios en condición del liberalismo y del gobierno mínimo1. El liberalismo de nuestros días muestra que, en lugar de limitar la soberanía estatal, prefiere multiplicar y centralizar las técnicas autoritarias de gobierno, rivalizando en ello con las políticas de los Estados totalitarios o planificadores (2015a: 96). Pero todo esto no es una novedad. Siempre ha sucedido así desde el nacimiento del liberalismo: «crisis, restricción de la democracia y las libertades liberales e instalación de regímenes más o menos autoritarios, según la intensidad de la lucha de clases que haya que librar para mantener los privilegios de la propiedad privada». Lazzarato (2013: 125) sostiene a este respecto que, cuando «la libertad de la propiedad privada y de los propietarios» está amenazada por una crisis, una revolución o por cualquier otra causa, resulta inevitable que se suprima o deje de ser efectivo el régimen parlamentario liberal y que se acuda a fórmulas mucho más autoritarias.
Este pensador también rechaza la tesis de que existen dos modelos radicalmente distintos de liberalismo. A su juicio, no es cierto que el liberalismo del pasado defendiera un Estado mínimo, mientras que solo el actual se atreve a imponer un Estado máximo. Lazzarato (2015a: 97-98) afirma que, desde su gestación, el Estado capitalista se ha puesto al servicio de la potencia económica. Reconoce, no obstante, la heterogeneidad entre Estado y capital. Pues el primero, el Estado, necesita de un territorio limitado por fronteras y se funda en los derechos de la ciudadanía y en el ejercicio de la soberanía; mientras que el segundo, el capital, genera un proceso permanente de desterritorialización que ha de llevar a un mercado mundial incompatible con una genuina comunidad o nación, y se funda en los intereses de los empresarios que explotan a los asalariados. Desde el enfoque deleuziano de Lazzarato (2015a: 98), la gubernamentalidad consistió primero en conciliar estas heterogeneidades, y después en subordinar los principios estatales a los económicos.
En su crítica al neoliberalismo, Lazzarato (2015a: 99) acude incluso a los análisis de Carl Schmitt. El jurista alemán es uno de los primeros en darse cuenta de que el Estado social suponía el fin del Estado soberano surgido después de la Paz de Westfalia. Dicho Estado social carecía de autonomía política porque estaba dirigido por las fuerzas sociales y económicas del capitalismo, y, por tanto, en lugar de representar el político interés general, estaba atravesado por los intereses económicos y sociales inherentes a la lucha de clases. Los neoliberales no rompen radicalmente con este significado del Welfare State, pues, en vez de oponerse al Estado para defender la libertad de la sociedad, intentan transformarlo para ponerlo al servicio del nuevo capitalismo financiero. Según Lazzarato (2015a: 128), el objetivo del neoliberalismo no es así el deseado por Hayek, «la desaparición de la moneda soberana para sustituirla por una multiplicidad competitiva de monedas privadas», sino que el Estado se ponga al servicio de la gubernamentalidad del mercado.
Foucault, en el Nacimiento de la biopolítica, ha descrito esta nueva etapa del capitalismo de Estado mediante el análisis de la relación que mantienen los ordoliberales con el Estado alemán refundado tras la II Guerra Mundial (Lazzarato, 2015a: 100). Para los ordoliberales, se trataba de levantar un nuevo Estado a partir del espacio no-estatal de la economía. De ahí que la tarea de la nueva gubernamentalidad consistiera en insertar el Estado dentro del funcionamiento del mercado. Esto implica convertir la economía en la verdadera creadora del derecho público; o en otras palabras, que la economía genere, dirija y legitime la política. Foucault advierte que, en este caso, la soberanía política ya no se deriva del pueblo, sino del capital y de su desarrollo. Ahora bien, Lazzarato (2015a: 101) advierte que la construcción del Estado social como Estado económico no significaba de ningún modo que la nueva gubernamentalidad debiera conducir a un «gobernar lo menos posible».
El tránsito del ordoliberalismo al neoliberalismo supone, según Lazzarato (2015a: 103), un mayor debilitamiento de la autonomía de la soberanía política por la primacía creciente de la economía. Surge así un Estado económico, o guiado por principios económicos, que no es un Estado mínimo. Todo lo contrario: el nuevo poder estatal interviene activamente para liberarse del «influjo de los asalariados, los desocupados, las mujeres y los pobres sobre los gastos sociales». En realidad, el Estado neoliberal es cada vez más autoritario porque disminuye la participación o influencia de los gobernados en la elaboración de las leyes y en el diseño de las políticas nacionales. El Parlamento tiende así a transformarse en una cámara que se limita a ratificar las decisiones dictadas por «las instituciones del capitalismo mundial» (2015a: 103).
La competencia es otra de las cuestiones planteadas por el ordoliberalismo de la época del Estado social que el neoliberalismo va a desplegar completamente. Señalaban los ordoliberales que el mercado ya no estaba regido por el intercambio sino por la competencia, y que, para producirla, incitarla y protegerla, resultaba imprescindible la intervención del Estado. Aparecía así un nuevo capitalismo de Estado que intervenía en la economía de manera tan masiva como ya lo hizo el Estado keynesiano (2015a: 106). Ciertamente, el paso del ordoliberalismo al neoliberalismo supone una economización de la totalidad del campo social y estatal, pero, en opinión de Lazzarato (2015a: 109), el neoliberalismo no hace más que profundizar en la política de la vida (Vitalpolitik) que ya estaba apuntada por el ordoliberalismo.
Foucault escribe que, para los ordoliberales, lo deseable era el mínimo —o ningún— intervencionismo económico y el máximo intervencionismo jurídico. Pero hoy, sostiene Lazzarato (2015a: 109), la crisis invierte esta relación: en nuestra época neoliberal, «la intervención jurídica se torna directa e inmediatamente intervención económica». Lazzarato (2013: 127) está convencido de que la crisis iniciada en 2007 es una prueba del fracaso de la gubernamentalidad neoliberal basada «en la empresa y el individualismo propietario», y de la necesidad de acudir a «formas de control mucho más represivas». La crisis del mercado y de la deuda soberana se ha convertido en una excusa para culminar las políticas intervencionistas del programa neoliberal, que han de conducir a la completa extinción del Estado del bienestar. No debe sorprender entonces que, «contra toda evidencia y toda lógica», sea «la sociedad la que deba cambiar y adaptarse a los mercados». Pues va contra toda lógica que sea el individuo de un Estado, antes llamado ciudadano y hoy denominado empresario de sí mismo o capital humano, el que acabe asumiendo el peso de la devolución de las enormes cantidades gastadas por los Estados para rescatar el mercado financiero que oprime a tales individuos (2013: 133). Resulta así evidente que nos encontramos ante una «gubernamentalidad autoritaria posdemocrática» que conduce a toda una serie de contrarreformas del mercado laboral y de los derechos sociales (2015a: 112). Tras suprimir una buena parte de estos derechos sin tocar los derechos del ciudadano, el neoliberalismo demuestra que los derechos sociales no se derivan de los políticos. Sin embargo, todo ello tiene, según Lazzarato (2013: 134), dos graves riesgos para el sistema contemporáneo de dominación: el de debilitar el Estado, que sigue siendo esencial para la producción y control de la subjetividad neoliberal; y el de agudizar la lucha de clases con esas medidas salariales y sociales tan restrictivas. Como es obvio, tales riesgos aumentan la posibilidad de que se agudice la resistencia política contra el capitalismo neoliberal.
3. La gubernamentalidad neoliberal basada en la economía de la deuda
Lazzarato (2013: 103) ha defendido en sus libros que el poder neoliberal organiza la lucha de clases a través de la deuda, que es la relación de poder más desterrritorializada y general, pues ni conoce las fronteras del Estado, ni la distinción entre lo económico, lo político y lo social. Como apuntábamos antes, la economía neoliberal de la deuda intensifica el proceso de supresión del Welfare State.
La relación entre acreedor y deudor que impone la economía de la deuda se caracteriza, a juicio del autor de La fábrica del hombre endeudado (2013: 122), por conjugar la capitalista
