pero cabe preguntarnos qué ocurriría si, en vez de existir bajo la presión del Gobierno central y en un contexto de persecución, las aquí llamadas gobernanzas híbridas tuviesen garantías para ejercer la autoridad territorial y fuesen apoyadas por la comunidad internacional. ¿Serían motor del bienestar económico y una garantía para la participación política de toda la sociedad? Cabe pensar que, si lo han sido en las peores condiciones, lo seguirán siendo en condiciones favorables. He aquí, entonces, la hipótesis que este libro pone a consideración de sus lectores, lectoras y futuros investigadores: las gobernanzas híbridas son un motor de la democracia local y el bienestar territorial y económico.
A partir del análisis de las medidas para la construcción de paz impulsadas por los gobiernos colombianos entre 1983 y 2014, el segundo capítulo de este libro sugiere algunos desafíos para la construcción de paz frente a las cuestiones contingentes que representan los pilares de la seguridad y la justicia en los que se han sustentado. El principal desafío es la transformación de la lógica reduccionista de la seguridad puesta en el Estado para posicionar una apuesta por la seguridad humana y, frente a la justicia, la comprensión de esta más allá de los estrados judiciales, pero entendiendo también que es una dimensión más de la justicia social, pues esta última no se reduce a la redistribución de bienes en la sociedad. Trascender en estas concepciones supone partir de los presupuestos de la justicia transformativa, los cuales incorporan las dimensiones de la participación, el reconocimiento y el pluralismo frente a las dinámicas propias de construcción de justicias que han emergido ante la forma de ser y estar del Estado en los territorios más afectados por el conflicto. En suma, es el desafío por situar la seguridad más allá del poder del Estado, para trasladarla en todas las dimensiones de la vida humana y la justicia en sus dimensiones de jurídica, socioeconómica y simbólica.
El tercer capítulo de este libro busca entender los límites impuestos por el Gobierno colombiano a las formas de organización comunitaria en La Macarena, así como las respuestas de las organizaciones de esta región. Para hacerlo, se concentra en el caso de las políticas de salud y sus consecuencias en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este capítulo enfatiza en las consecuencias de las políticas de salud en el acuerdo de paz desde sus consecuencias en el territorio de La Macarena. Aunque el capítulo mismo no resuelve los problemas planteados, es un testimonio del esfuerzo de un equipo de académicos, junto con organizaciones comunitarias, para pensar alternativas a los límites de la implementación de los acuerdos.
A partir de un diagnóstico de la situación territorial, social y económica y la historia de la organización comunitaria en La Macarena, el tercer capítulo del libro resalta dos dimensiones del problema: por un lado, muestra la negligencia de las entidades promotoras de salud (EPS) y el Estado colombiano en la atención en salud. De esta manera, describe cómo esta negligencia se disfraza de dificultades administrativas, de acceso por las condiciones geográficas y contractuales entre instituciones privadas y públicas. Este disfraz busca ocultar el verdadero origen del problema, el cual constituye, por otro lado, la segunda dimensión planteada por el capítulo: la política gubernamental supone que no es el Estado, sino una abstracción llamada “el mercado”, el que se encargará de garantizar el acceso democrático a la salud, porque confunde el derecho a la salud con una mercancía común. De esta manera, el Estado se libra de la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, y la salud se convierte en un bien que adquieren solo quienes son capaces de comprarlo. Esto excluye a los habitantes de La Macarena, pero la razón por la que los excluye no es que ellos (y ellas) no sean individuos productivos de nuestra sociedad. La razón por la que los excluye es que, como explican tanto el primer como el segundo capítulo, los habitantes de La Macarena ocupan ese territorio como una respuesta al desplazamiento al que fueron forzados por políticas gubernamentales de inicios del siglo XX. Además, los diferentes gobiernos han priorizado la inversión para la guerra en la región de La Macarena, durante el conflicto armado, en vez de priorizar el reconocimiento del derecho a la salud de la población civil.
El sistema confunde la salud con la atención de urgencias en hospitales en las cabeceras municipales y niega la existencia de tradiciones culturales que perciben la salud de otras formas, las diferencias de género y generación. Este modelo refleja una idea de “desarrollo” común a los diferentes gobiernos colombianos en los siglos XX y XXI, la cual rechaza la contribución de la economía campesina, el derecho a la presencia campesina en áreas de protección natural y la capacidad de los campesinos de administrar los recursos de sus territorios para su propio bienestar. En síntesis, esta forma de entender el desarrollo privilegia los derechos de los grandes propietarios de tierra y niega los derechos de propiedad, acceso a la tierra e infraestructura para la comercialización a campesinos e indígenas.
Sin embargo, la investigación permitió a la comunidad y a los investigadores entender que, ante la negligencia estatal, las comunidades han generado soluciones, unas espontáneas y otras planeadas. Así, las comunidades acuden a conocimientos a veces espirituales, otras veces botánicos y otras simplemente tradicionales, los cuales les permiten tratar ciertas enfermedades o mitigar el impacto de otras. Estas soluciones espontáneas están acompañadas de esfuerzos más orgánicos, como la creación de comités de salud en las juntas de acción comunal. Ambos tipos de solución son parciales e incluso insuficientes para las necesidades de salud locales; no obstante, estas iniciativas demuestran que las comunidades son capaces de encontrar soluciones a sus problemas de salud y están dispuestas a organizarse para ello. Lo harían, con seguridad, si el sistema de salud reconociera su capacidad de administrar el bienestar económico en sus territorios y les permitiera habitar esos territorios con el disfrute pleno de sus derechos.
Supongamos, por el momento, que nuestra hipótesis es correcta y que es posible crear formas de organización social que impulsen el bienestar económico y la democracia, en ausencia de un gran gobierno central. Si ponemos estos gobiernos locales en marcha, ¿estaremos impulsando un proyecto comunitarista, anárquico, que niega la legitimidad del Gobierno nacional y busca crear republiquetas campesinas insumisas? En un mundo acostumbrado a los grandes gobiernos centralizados y administrados por grandes maquinarias burocráticas, es fácil percibir otras formas de gobierno de esta forma caricaturesca. Sin embargo, resulta sorprendente que organizarse localmente para administrar los recursos disponibles para el bienestar económico y garantizar mayor participación política es un derecho presente en muchas constituciones; aún más, las constituciones de muchos Estados nacionales suponen que el Estado mismo existe gracias a esas formas comunitarias de organización social y territorial.
El cuarto capítulo analiza un caso específico de las dificultades locales para poner en marcha sus derechos e instrumentos para el bienestar económico, incluso si se trata de iniciativas locales, populares, o “desde abajo”. Nos referimos al caso de la educación escolar indígena en el Amazonas. La educación escolar indígena amazónica ofrece un caso paradójico para entender cómo la organización local intenta exigir y poner en práctica ciertos derechos. Los pueblos indígenas del Amazonas recibieron la educación escolar como una imposición a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; además, la educación escolar se convirtió en un instrumento del Estado para acabar con la existencia de los pueblos indígenas sin eliminarlos físicamente. Las luchas indígenas en toda Colombia han obligado al Estado a aceptar la creación de un sistema educativo escolar dirigido, administrado y evaluado por los pueblos indígenas, pero ese sistema se basa en la experiencia y la estructura de las organizaciones indígenas andinas y aún no se adapta a la realidad social e histórica de los pueblos indígenas amazónicos. Así, los pueblos indígenas amazónicos se debaten entre adoptar un modelo indígena de administración de la educación o continuar con una educación administrada por el Gobierno nacional o las iglesias. La paradoja está en que ninguno de esos modelos representa las expectativas de los pueblos indígenas amazónicos sobre la educación escolar. Los pueblos indígenas de hoy no desean renunciar a la educación
