términos de organización campesina, es importante mencionar que desde mediados de los años ochenta las organizaciones lograron convocar y protagonizar importantes movilizaciones sociales, en las que reivindicaron sus derechos y exigieron la sustitución de los cultivos de hoja de coca por cultivos legales y sostenibles. Una de las movilizaciones más significativas resultó, sin duda alguna, la de junio y julio de 1996, en la que las organizaciones campesinas de la región amazónica occidental, en coordinación con la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y otras organizaciones campesinas de las regiones del Cauca, Norte de Santander y el sur de Bolívar, lograron convocar y movilizar alrededor de 200 000 campesinos, quienes exigieron la sustitución de la hoja de coca y el cese a la política de fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito.
No obstante, es necesario anotar que han existido factores—más allá del conflicto armado—que afectan profundamente las capacidades de las comunidades para organizarse y actuar colectivamente de manera sostenida. Una de ellas, y quizá la más crítica, tiene que ver con las precarias condiciones socioeconómicas de la población rural, que no encuentra oportunidades productivas distintas a la coca. En este sentido, se requiere con urgencia, según recomienda el estudio de González et al. (2016),
una intervención del Estado que contribuya a viabilizar las economías campesinas hasta donde se haya corrido la frontera agrícola y ganadera, detener la avanzada colonizadora e involucrar a la población que habita en las zonas protegidas en las estrategias de conservación ambiental. Esto implica solucionar algunos de los problemas básicos tales como: la informalidad de la tenencia de la tierra, resolver el diferendo limítrofe que impide saber a ciencia cierta la jurisdicción políticoadministrativa a la que pertenece una parte del territorio del municipio; la carencia de interconexión eléctrica y el reducido servicio que se presta; y la precaria interconexión vial terrestre y el alto costo del transporte aéreo. (p. 72)
Figura 1. Una década después del proceso de paz con Pastrana
Fuente: Alfredo Molano Jimeno, El Espectador (19 de febrero de 2012, pp. 2-4). Archivo Digital de Prensa del Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz (Cinep-PPP).
González et al. (2016) plantean que, si bien la presencia del Estado en el municipio contribuyó particularmente con el PCIM a brindar una mayor seguridad, en términos de replegar a la guerrilla hacia las zonas más apartadas, esto se tradujo en una mayor inseguridad para los pobladores, especialmente para aquellos que se ubican en la zona rural, quienes fueron objeto de señalamientos y persecuciones. En este sentido, la intervención del Estado generó más fragmentación territorial y social del municipio, lo que profundizó la estigmatización de ciertas comunidades al reproducir las divisiones del tipo buenos-casco urbano/malos-zona rural (figura 1).
Esta situación plantea un profundo desafío, en términos de recuperar la confianza en las instituciones del Estado, que termina por agravarse por la falta de coordinación entre las instituciones que hacen presencia y que, finalmente, dan lugar a serios dilemas. Al conflicto histórico entre conservación ambiental y colonización se ha sumado el señalamiento por parte de las autoridades a algunos pobladores al considerarlos como testaferros de tierras de las FARC-EP, desconociendo algunos de los procesos de titulación que había puesto en marcha el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) previamente. Un primer paso para construir confianza podría ser la puesta en marcha de un plan de ordenamiento territorial consistente con las realidades del territorio, el cual involucre de manera activa a las comunidades tanto en las etapas consultivas como decisorias y que parta de la buena fe de los pobladores rurales (figura 2).
La enorme desconexión entre el casco urbano y la zona rural ha limitado la posibilidad de que muchas organizaciones sociales puedan acceder al poder local y, desde ahí, gestionar asuntos de su interés. En efecto, las administraciones locales han estado al servicio de dinámicas clientelistas y controladas por candidatos de los partidos tradicionales. ¿Cómo potenciar órdenes locales para la paz en Colombia? ¿Cómo ampliar la oferta partidista y mejorar la articulación entre organizaciones sociales rurales y el Estado local?
Figura 2. Semblanza de La Macarena, según Alfredo Molano
Fuente: Alfredo Molano Bravo, El Espectador (12 de febrero de 2006, p. 16). Archivo Digital de Prensa del Cinep-PPP.
NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ Y RECOMPOSICIÓN ORGANIZATIVA (2010-2017)
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010), en su estudio realizado sobre la conflictividad en el Meta, y González et al. (2016) afirman que existen en la actualidad importantes procesos organizativos y de articulación, como la Mesa Humanitaria del Meta, la Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental (Cordepaz)—que es el programa de desarrollo y paz del departamento—, la Coordinación Mesa Meta-Llanos y el Consejo Regional de Empleo. En estos procesos y acciones por la paz han desempeñado un papel importante las organizaciones sociales, las organizaciones eclesiales—a través de sus oficinas de pastoral social—, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y las organizaciones de mujeres—como la Asociación el Meta con Mirada de Mujer y las Mujeres Constructoras de Paz—.
Uno de los mayores logros del territorio, según estos estudios, ha sido la creación de redes y espacios de articulación social, como la Mesa Humanitaria del Meta y Cordepaz. La Mesa Humanitaria del Meta es un escenario construido por la sociedad civil, en el que confluyen distintas iniciativas interesadas en el trabajo por el respeto de los derechos humanos, así como representantes de las comunidades de diferentes municipios. La Mesa forma actores sociales en el conocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y en la exigibilidad de estos derechos; además, impulsa la formación y el fortalecimiento de redes sociales, hace visibles las iniciativas de paz, entre otras acciones. Por su parte, Cordepaz ha sido el escenario creado para orientar los esfuerzos de construcción e implementación colectiva de un programa de desarrollo y paz para el Meta, con presencia de la institucionalidad privada y la sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional. En ese proceso, Cordepaz ha acompañado a 343 organizaciones sociales de base y comunitarias de dieciocho municipios en su interlocución e incidencia en políticas públicas de paz y desarrollo (González et al., 2016).
Además de estas estrategias político-organizativas, las cuales han coadyuvado al fortalecimiento y posicionamiento de las organizaciones en la región como representantes de los campesinos, sus líderes emprendieron un proceso de interlocución con sectores de la Iglesia católica y universidades e institutos experimentales del Estado, que trabajaban en alternativas agrícolas, pecuarias y tecnoproductivas apropiadas a las características del ecosistema amazónico, y empezaron a construir, ellos mismos y sus cooperativas, un modelo integral de finca campesina, el cual les permitiera tanto un uso sostenible de la tierra que cultivaban, a través del uso en sus predios de fertilizantes naturales, agua lluvia y energía solar, como aprovechar, de manera idónea y sostenible, el agua y el bosque que los rodeaban (véase la figura 3).
En la actualidad existe la Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM (Corpoamem), que es una organización social de segundo nivel, en la cual se encuentran asociadas la mayoría de las asociaciones campesinas del AMEM. En el momento de su constitución, en abril de 2013, las organizaciones campesinas representaban a 460 juntas de acción comunal
