Por el derecho comprender. Henrik López Sterup
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La dinámica que han mantenido estas organizaciones ha permitido, en principio, fortalecer redes de contacto, facilitar el intercambio de ideas con publicaciones periódicas y auspiciar encuentros en diferentes ciudades para conocer los avances en proyectos de investigación y divulgación. A partir del año 2007, Clarity, PLAIN y el Center for Plain Language pactaron un proyecto conjunto denominado International Plain Language Working Group (IPLWG) con la pretensión de potenciar el movimiento. Recientemente el IPLWG inició un proceso para elaborar estándares de lenguaje claro59 con la Organización Internacional de Normalización (ISO).
El gran desafío que sigue vigente es la organización institucional, política y económica del MLC a través de una federación constituida como la International Plain Language Federation (IPLF)60. James y Moran, en “Strengthening Plain Language Institutions”, publicado en el número 64 de Clarity Journal, proponen dotar a esta federación de una nueva estructura jurídica y financiera que permita su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. “La institución deberá conseguir inicialmente financiamiento de organismos públicos y privados en lugar de depender de cuotas y servicios de membresía”61 como actualmente ocurre con los voluntarios que se unen para “defender la causa”62. Además de no duplicarse en funciones con Clarity, PLAIN y Center for Plain Language, la Federación debería transformarse, concluyen James y Moran, en un mecanismo de cooperación internacional en pro del lenguaje claro.
Sumado a lo anterior, la idea del lenguaje claro y del movimiento generado a su alrededor están expresando ahora la existencia de un “derecho”. El MLC sostiene que el lenguaje claro es un vehículo para materializar el “derecho a comprender”: las personas tienen derecho a comprender aquellas comunicaciones o informaciones de las que dependen el ejercicio de derechos y obligaciones y la toma de decisiones.
La revisión que propongo tendría que unificar y completar los criterios que caracterizan el movimiento de lenguaje claro y tratar de ajustarlos a los esquemas teóricos pertinentes en la materia de movimientos sociales y de acción colectiva. Este ejercicio debería servir para determinar si en realidad estamos frente a un “movimiento” con relevancia y fundamento social. En este trabajo, me limito a sugerir el enfoque de Margaret Keck y Kathryn Sikkink sobre las redes de defensa transnacional.
Las profesoras de Johns Hopkins y de Harvard analizan las redes de activistas o las redes de defensa transnacional como una manifestación de los nuevos movimientos sociales en el contexto internacional. Las redes de defensa, dicen las autoras, “están motivadas por valores más que por intereses materiales”63; “incluyen actores que trabajan internacionalmente sobre un asunto dado, están ligados por valores que comparten, por su discurso común, y por constantes intercambios de información y servicios”64; “las ONG desempeñan un papel destacado en estas redes, en algunos casos inspiradas por un voluntariado internacional”65; hacen reclamos sobre derechos, pero rara vez comprenden la movilización de masas; tratan, más bien, de tener influencia política a partir de sus ideas; y se integran de “personas a las que determinado asunto les importa lo suficiente para incurrir en los gastos necesarios para lograr sus metas”66.
Si se acepta la breve radiografía acerca de las redes de defensa introducidas por Keck y Sikkink con los seis componentes apuntados, nos encontramos un marco que podría explicar nuestro objeto de estudio. Así, podría decirse que el MLC se compone de una red de defensa transnacional cuyos miembros son actores de distintos países unidos por un valor fundamental: la importancia de incorporar el lenguaje claro en áreas donde las personas necesitan y tienen el derecho a acceder y a entender la información que les afecta. Las ONG como Clarity, PLAIN y Center for Plain Language representan para el MLC las formas y plataformas de acción colectiva que los defensores del lenguaje claro han utilizado para promover sus causas, ideas y principios; para intercambiar información acerca de sus proyectos y también para influir en decisiones de política que beneficien al mayor número de personas. El Plain Writing Act en Estados Unidos es un buen ejemplo de la organización de los defensores para presionar su aprobación en el Congreso. Aunque el impacto y el reconocimiento todavía son muy reducidos, cualquier éxito atribuible al MLC se debe principalmente al tiempo, al esfuerzo y a los saberes de los defensores del lenguaje claro y de las redes que han construido.
Es obligatorio decir aquí que esta propuesta es un bosquejo que no tiene la pretensión de ser completa. Solamente dibuja los contornos rudimentarios para pensar el MLC desde el enfoque de la acción colectiva, desde categorías analíticas que ofrecen el estudio de los movimientos sociales y más concretamente, desde la lógica de las redes de defensa transnacional. Sostengo que una aproximación de esta naturaleza podría servir para establecer con mayor precisión en qué consiste el MLC, cuáles son los verdaderos impactos que puede generar y qué responsabilidad le cabe a la hora de (pre)juzgar la causa que defiende: el lenguaje claro. Así mismo, el trabajo de Keck y Sikkink es útil para explicar cómo “las redes globales transportan ideas, las reenmarcan y las inscriben en nuevos debates”67. Desde este punto de vista, el enfoque sugerido ayudaría en la tarea que supone el hecho de indagar cómo las ideas relacionadas con el lenguaje claro se han instalado y luego difundido en América Latina.
5. UN “PROYECTO” DE LENGUAJE CLARO LATINOAMERICANO
Como se anunció en la introducción, el segundo objetivo de este capítulo es exponer algunas nociones que permitan concebir un “proyecto” de lenguaje claro en el contexto latinoamericano. El papel de la región en la configuración del MLC como red de defensa transnacional, o como cualquier otra manifestación, ha sido limitado. Eso no quiere decir de ninguna manera que el lenguaje claro no tenga ningún desarrollo en los países de América Latina. Todo lo contrario, hay desde hace varios años iniciativas públicas y privadas que reivindican la existencia de un “derecho a comprender” a través de proyectos sobre lenguaje claro y lectura fácil68. Dudo que el conocimiento o el acercamiento hacia organizaciones como Clarity, PLAIN y Center for Plain Language o, en general, hacia el MLC haya sido el factor determinante para la incorporación del lenguaje claro en la agenda pública latinoamericana69. En su lugar, parece más razonable pensar que las ideas sobre claridad y comprensibilidad del lenguaje jurídico-administrativo concretamente se han instalado con más fuerza por la vía de formulaciones de políticas públicas que tienen al ciudadano como centro de la actividad estatal.
Desde la alianza Open Government Partnership la mayoría de los Estados, incluidos los latinoamericanos, han estado impulsando políticas de mejora regulatoria, rendición de cuentas, de acceso a la información y reducción de trámites70. En general, estas políticas intentan “abrir las puertas” de las instituciones hacia los ciudadanos para que se involucren en los asuntos públicos y participen más activamente. En ellas se han practicado esfuerzos de simplificación comunicativa y “estrategias de lenguaje claro y comprensible para garantizar la claridad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información que se le ofrece a los ciudadanos”71. No obstante, esta es otra aproximación muy breve. Hace falta completar la historia política del lenguaje claro en América Latina, donde México72 registra antecedentes desde 2004.
Cabe pensar aquí también que el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (ICMLJ) en España simboliza un punto de referencia en el espacio iberoamericano. El documento no se identifica directamente con los postulados de lenguaje claro derivados del movimiento, pero sí apela al reconocimiento de que una justicia moderna es una justicia comprensible para el ciudadano73. En el Informe