y la agenda política de agencias multilaterales, organizaciones financieras internacionales y gobiernos donantes. Sin embargo, al hacerlo reinterpretaron el concepto en sentido restringido, despojándolo de su anterior significado cuestionador del orden económico y político mundial, haciéndolo compatible y, más bien, sustentador de este. Esta perspectiva se ha convertido en la visión dominante en círculos políticos, y en parte, también académicos, sobre lo que son la paz y los medios para alcanzarla.
A este tipo de paz se le denomina habitualmente como paz liberal y abarca diferentes variantes, con postulados tanto realistas como liberales, que van desde la paz del vencedor (hegemónica, coercitiva, militarizada) hasta una paz civil, más sensible a la participación social y las necesidades locales (Richmond, Björkdahl y Kappler, 2011, pp. 452-453). En cualquier caso, como sostienen sus proponentes (Paris, 2010; Chesterman, Ignatieff y Thakur, 2005), la paz liberal se caracteriza por asumir que la mejor forma de construir la paz es mediante la (re)construcción de instituciones estatales efectivas; la instauración de una democracia representativa, acompañada de derechos civiles y políticos; y el establecimiento de una economía de libre mercado, insertada en el sistema económico global.
Esta visión dominante ha sido puesta en cuestión a lo largo del mundo, tanto en sus planteamientos como en su materialización práctica, por una creciente cantidad de estudios empíricos que demuestran sus consecuencias negativas. Entre tales cuestionamientos destacan los siguientes argumentos:
1 Las operaciones internacionales de paz, basadas en esta perspectiva, tienen un alto grado de fracaso, dando lugar a escenarios en los que perduran altos niveles de violencia, violaciones de derechos humanos y escaso pluralismo político (Krause y Jutersonke, 2005, pp. 448-449).
2 Los valores invocados por la paz liberal (individualismo, secularismo, propiedad privada, etc.) no son universales, sino propios de la civilización occidental e impuestos por esta a las sociedades del sur global, asumiendo implícitamente una “progresividad histórica ‘natural’ que coloca al Norte/Occidente en la cima de la actual jerarquía epistémica internacional” (Mac Ginty y Richmond, 2013, p. 772). Lo anterior absuelve al proyecto civilizatorio occidental de cualquier culpa derivada del colonialismo y las desigualdades internacionales.
3 Su promoción del Estado soberano se basa en un imaginario estadocéntrico de corte occidental y liberal, que ignora que muchas comunidades disponen de otras formas de organización sociopolítica, descentralizadas e informales (Roberts, 2011, p. 11).
4 La imposición de la economía de libre mercado ha reducido la actuación del Estado en la economía y las políticas de bienestar social, con consecuencias lesivas como el desempleo y la pobreza (Pugh, Cooper y Turner, 2008, pp. 3, 7).
5 Los derechos sociales, económicos y culturales colectivos suelen ser ignorados, al tiempo que muchas veces se procede a eliminar derechos de bienestar y de redes de seguridad social previamente existentes (Richmond, 2008, pp. 287-288).
6 Las políticas internacionales de paz liberal son, con frecuencia, impuestas por los actores y donantes foráneos, sin tomar en consideración la participación, cultura, necesidades e intereses de las poblaciones locales (Richmond, 2008, pp. 295-300).
7 Y, al no prestar atención a lo local y al contexto histórico, tienden a ignorar las causas profundas de los conflictos, las injusticias históricas y los desequilibrios globales, lo cual exime de responsabilidad al orden internacional vigente y contribuye a apuntalarlo (Mac Ginty y Richmond, 2013, pp. 768, 779).
Todo lo anterior, en definitiva, hace de la paz liberal un instrumento para la expansión mundial de la globalización neoliberal y la hegemonía occidental; un medio de biopolítica global o gobernanza para controlar las zonas convulsas del sur y garantizar la seguridad del orden internacional (Duffield, 2007).
Gran parte de estos cuestionamientos a la paz liberal vienen siendo formulados por diferentes autores y autoras de procedencias intelectuales diversas, que entroncan con la visión original de la construcción de paz como un proceso transformador y emancipador. Conforman una cuarta generación de los estudios de paz (Richmond, 2010), que algunos autores denominan paz posliberal (Tellidis, 2012; Richmond, 2011) o, en general, estudios críticos de paz.
Se trata, entonces, de contribuciones procedentes de diferentes corrientes pospositivistas de las Ciencias Sociales, cada una de las cuales aporta sus propios ángulos de análisis. Así, por ejemplo, el constructivismo, en particular su vertiente crítica, propone que los discursos y otros elementos ideacionales (valores, símbolos, normas, etc.) son constitutivos de la realidad, y, más concretamente, de las concepciones del conflicto y la paz. El posestructuralismo, desde su rechazo a cualquier metanarrativa o explicación unívoca de la realidad, enfatiza la existencia de una multiplicidad de visiones del mundo y pone en evidencia la presencia de una pluralidad de concepciones de la paz y de iniciativas para construirla desde los márgenes del sistema, en los sectores subalternos y sin voz.
Por su parte, las corrientes feministas han puesto de relieve la agencia, o rol activo, desempeñado por las mujeres en los procesos de paz, así como la interrelación mutua que existe de la (re)construcción de las identidades de género (femeninas y masculinas) con los conflictos y la construcción de paz (Mendia, 2014).
Por último, cabe aludir a los recientes aportes de la geografía crítica de paz, según la cual los procesos de construcción de paz deben traducirse en una reconstrucción social del espacio, con una transformación de las relaciones sociales de poder en el mismo, a fin de crear espacios justos y pacíficos (Pérez de Armiño, 2019).
En cualquier caso, por encima de sus particularidades, estas corrientes presentan varios rasgos comunes, entre los que caben destacar los siguientes (Zirion y Pérez de Armiño, 2019):
a) Una perspectiva crítica y emancipadora. Los enfoques críticos se caracterizan por cuestionar el statu quo y las relaciones de poder en todas sus formas y niveles, sea el internacional, de clase social, raza y género, entre otros. En consecuencia, abogan por una paz positiva y emancipadora, esto es, que confronte las diferentes estructuras y políticas que generan opresión y violencia, y que se base en la justicia social y el empoderamiento de los sectores marginalizados (Chandler y Richmond, 2014).
b) La transformación de los conflictos afrontando sus causas estructurales. Estos enfoques heredan la concepción originaria de construcción de una paz positiva como un proceso de superación de la violencia estructural y de erradicación de las causas profundas del conflicto (desigualdades, exclusión política y social, sentimientos de explotación, etc.). Lo anterior los lleva a asumir, al menos de forma implícita, y al mismo tiempo a enriquecer, la perspectiva de transformación de conflictos formulada, entre otros, por Jean Paul Lederach (1994) y Hugh Miall (2004, pp. 4-5). Esta sostiene que el conflicto es inherente a la vida social y catalizador del cambio social, por lo cual el objetivo no debe ser resolverlo, sino transformarlo para que se dirima no por medios violentos, sino pacíficos. En lugar de mitigar las manifestaciones del conflicto, es preciso afrontar sus profundas causas sociales, políticas o culturales, es decir, las estructuras y relaciones sociales injustas con fuertes desequilibrios de poder. Esto es lo que puede garantizar una paz positiva, justa y sostenible en el tiempo.
c) Un enfoque de derechos humanos, enfatizando en los derechos económicos, sociales y culturales. A diferencia de la paz liberal, centrada solo en los derechos cívico-políticos, los enfoques críticos invocan la integralidad del conjunto de derechos humanos, subrayando en particular la importancia de los económicos, sociales y culturales. Tal enfoque de derechos es esencial para abordar las causas profundas de los conflictos (ligadas con frecuencia a la violación estructural de derechos), a fin de evitar el estallido de la violencia, reducir el impacto del conflicto armado y reconstruir las sociedades después del mismo. Igualmente, es un instrumento decisivo para empoderar a los sectores marginalizados, articular sus reivindicaciones y darles
