en el proceso de cambio»12.
Así, si bien esta «lucha por el reconocimiento» no alcanzará a realizar la emancipación real del trabajador-campesino chileno, sufriendo la represión y el desalojo del otro/señor ante la seudoimpavidez del Ejecutivo, esta lucha representa un momento histórico de despertar de su conciencia libre y, simultáneamente, de maduración de la conciencia crítica de la sociedad chilena en su conjunto, haciendo suya la certidumbre de que la opresión social del campesinado afectaba el todo de la estructura social chilena, conciencia de la opresión socialmente liberada que fue arando la tierra para los movimientos transformadores por venir.
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¿Cuál fue la orientación y la política de los gobiernos de la época respecto de la cuestión campesina?
Para contestar esta pregunta nos ha interesado estudiar la trayectoria de un proceso de veinte años (1927-1947) reconociendo varios momentos históricos dados principalmente por los distintos proyectos políticos y gobiernos de la época: el del general Ibáñez, del derechista Alessandri y de los tres presidentes radicales (Pedro Aguirre, Juan A. Ríos y Gabriel González), visualizando cómo, desde distinta óptica, se genera una relativa unidad de política hacia el campesinado, articulada principalmente en torno a una postura antisindicalización campesina que pusiera atajo al movimiento orgánico que entonces se levantaba con ímpetu en los campos chilenos. A nivel de todos estos gobiernos existía, sin embargo, un consenso en torno a la necesidad de modernizar contractualmente las relaciones sociales de producción en el agro, así como de mejorar las condiciones de salario y vida de los trabajadores-campesinos.
Simultáneamente a la «lucha de clases des-igual» que se desencadena en el territorio agrario chileno, esta obra escenifica al Estado chileno de la época como un sujeto activo, tomando iniciativas políticas de reforma en pos de prevenir, paliar, provocar e incluso solucionar algunas de las más graves tensiones que se desataban en el agro, pre y postcrisis de 1930. Carlos Ibáñez constituye, sin duda, la figura clave de una voluntad de poder como Estado-de-Reforma que será decisiva en el ámbito agrario, trazando un camino por el que los gobiernos y la sociedad de su tiempo necesariamente hubieron de transitar. El Código del Trabajo, la Ley de Colonización Agrícola, la Ley de Propiedad Austral y la Ley de División de Comunidades Indígenas constituyeron las cuatro patas de una mesa donde la voluntad-de poder-Ibáñez dibujó y diseñó un determinado camino legislativo en materia agraria que impactó sobre las relaciones sociales del trabajo patronal-campesinas, como también intervino en la distribución de la tierra fiscal y en la reestructuración de la tierra mapuche en el sur de Chile.
Los gobiernos que siguieron heredaron este diseño ya trazado, intentando, especialmente Pedro Aguirre y sus gabinetes ministeriales, dar un giro social y societario a algunas de estas leyes que, sin tocar las relaciones sociales de producción y de poder dadas al interior de fundos y haciendas, actuasen por fuera de ellas y fuesen en beneficio de campesinos desalojados y cesantes, de pequeños campesinos atrapados en el circuito patronal de las deudas y de comunidades mapuche empobrecidas; giro a menudo interceptado por la derecha parlamentaria, siempre alerta para obstaculizar cualquier reforma que amenazara vulnerar sus intereses de clase.
Debiéramos plantear, al respecto, que el período que abarca nuestro estudio se sitúa sobre un trecho histórico donde se puede apreciar una amplia intervención del Estado sobre el sistema agrario chileno, concebido como un campo estratégico tanto para la sobrevivencia alimentaria de la nación chilena como para el resguardo de un ampliamente cuestionado orden social que requiere de la intervención disciplinaria del Estado.
Respecto de la discutida cuestión campesina de la época, los tres «gobiernos de concertación radical/izquierda» (Frente Popular chileno, Frente Nacional Democrático y Frente Democrático) que asumen el ejecutivo en el momento del «despertar campesino» (1938-1941-1946), dejan funcionar algunos mecanismos reivindicativos y vuelven operativos los modernos aparatos estatales conciliatorios de conflictos en el agro: dieron, en los hechos, luz verde a los Pliegos de Peticiones campesinos, reconociendo su legalidad al activar, a lo largo de todo el país, los aparatos estatales del trabajo para mediar en dichos «conflictos» y demandas. Sin embargo, dichos gobiernos de presidentes radicales, siguiendo los lineamientos del previo gobierno derechista Alessandri, simultánea y contradictoriamente apoyaron irrestrictamente la negación patronal a la formación de sindicatos campesinos de acuerdo al mandato del Código del Trabajo, alineándose con la «lucha-de-clases/política» que entonces protagoniza la clase terrateniente, profundizando la des-igualdad de la lucha de estas autoconciencias (patrones-trabajadores agrícolas). Se establece, así, una alianza estratégica entre patrones y gobiernos radicales, con el fin de reconquistar el orden social dicotómico y vertical en los campos, alianza estratégica que impuso la voluntad política de clase-conquistadora-patronal por sobre la Ley, como una impune modalidad de gobierno de clase. De este modo, el Estado republicano de la hora, que había realizado recientemente (fines del siglo XIX) la reconquista de la tierra sur-mapuche, volverá a reconocer la tierra para la clase-colonial-conquistadora en el rostro de los terratenientes chilenos, los que no son sino el mismo y propio Estado-conquistador.
No obstante, estos gobiernos saben que la estructura agraria constituía uno de los nudos más críticos del atraso en el desarrollo y la modernización social, cultural y política del país. Ante esto, dichos gobiernos tienden a actuar siguiendo algunas rutas alternativas, actuando por fuera del régimen de propiedad de la tierra y de las relaciones sociales laborales en el campo, dejando intocado el régimen de autoridad patronal, ante cuyo poder neo-conquistador-colonial-terrateniente terminan por sacrificar, incluso, la débil democracia política chilena. Los gobiernos radicales sucumbieron ante la debilidad y enfermedad de sus cuerpos y de la historia herida, inmolando finalmente González la democracia en el altar de la conquista y «chuteando» las reformas para alimento nutricio del ideario de los movimientos reformistas y revolucionarios del próximo futuro.
En suma, deseamos plantear que el fuerte proceso de politización que se desencadena en el seno del campo chileno en el período en estudio, desató un fenómeno de despertar-de-conciencia (intenso y frágil al mismo tiempo), e incluso de rebeldía (oculta y/o manifiesta) entre el campesinado de fundos y haciendas, que se tradujo en un proceso de toma de conciencia respecto de la dominación conquistadora/colonial patronal hacendal; fenómeno de despertar que la clase terrateniente chilena percibe como una rebelión y ruptura del «pacto de subordinación por Conquista». Ante esta evidencia, la clase terrateniente reaccionó severa y «efectivamente»: a través del uso y abuso de su poder de dominación neo-conquistador-colonial, con el apoyo de los aparatos policiales y judiciales del Estado republicano y, aprovechando la opción del gobierno de los radicales por el «orden social», la clase terrateniente atacó frontalmente la organización sindical campesina y, por ende, su posibilidad de autonomización (ideológica, mental, política), generatriz de sujeto, de clase y autoconciencia libre, negando al mismo tiempo su posibilidad de avanzar hacia su propia autoconciencia patronal, reconocida no por su conquista-opresora, sino por su sujeto-democrático, renovando y reforzando el ancestral autoritarismo conquistador/colonial terrateniente en el campo, volviendo a instalar dicho autoritarismo-conquistador en los fundamentos mismos de la sociedad chilena, en pleno siglo XX.
Lo que está en juego tanto al interior del régimen de haciendas y del territorio campesino y mapuche como, en general, a nivel del sistema político, social y económico chileno en su conjunto, es un doble e interrelacionado fenómeno de presión por la transformación de las relaciones laborales contractuales, junto a un intento de modernización y profundización del capitalismo en la agricultura chilena del momento. Lo paradojal fue que, para realizar esto último, los gobiernos y los patrones hubieron de negar lo primero, es decir, para generar una mayor acumulación capitalista, reforzaron las relaciones autoritarias y el poder patronal ancestral en la hacienda chilena y sus relaciones aledañas. No obstante, en el curso del
