del poder, que otorga al general Pinochet una mayor capacidad de arbitrio entre esos sectores.
En efecto, como se ha señalado repetidas veces, a diferencia de otros regímenes (Brasil, Uruguay, Argentina), en Chile las fuerzas armadas como institución no son las que controlan el poder, sino que es el general Pinochet el que logra legitimarse dentro de ellas como el líder indiscutido. No hay pues una politización de las FF.AA., dentro de la cual se manifiesten los diversos sectores en el poder, y la persona del jefe de Estado pasa a tener una gravitación decisiva.
De esta manera, los sectores «duros» logran que prevalezcan sus puntos de vista en cuanto a la organización del régimen político, mientras que los «blandos» aparecen dando la línea en el terreno económico, convencidos de que en el mediano plazo esto gravitará profundamente en este.
Durante el mes que nos ocupa es posible apreciar cómo los sectores «blandos» siguen consolidando posiciones en el terreno de la política económica: el plan de privatizar en un 50% algunas grandes empresas del Estado, la entrega a particulares de la construcción en vialidad y obras públicas, la aprobación de un presupuesto que contempla un solo reajuste de remuneraciones, son algunos de estos logros. De mayor importancia resulta la Reforma Previsional, que entregará a la empresa privada recursos cuantiosos y acelerará la privatización del sector salud a la que está estrechamente unida, a la vez que significará para los empresarios una reducción del costo de la mano de obra.
Mientras, los sectores duros consolidan situaciones de poder y cierran los espacios políticos abiertos con anterioridad a la realización del plebiscito.
LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
En el período estudiado es notorio un aumento de la represión gubernamental. Esta represión se realiza institucionalmente por los organismos creados y, de acuerdo a los procedimientos que el régimen ha establecido al efecto.
Tal pareciera que se estuviera probando la efectividad de las regulaciones establecidas.
Pasan a ser cotidianos y normales las detenciones preventivas, los juicios y sentencias, así como las delaciones por la vía administrativa y las prohibiciones de regresar al país.
No sería sorprendente que el Gobierno esté pensando en levantar el Estado de Emergencia el próximo 11 de marzo, iniciando así con plena normalidad el período presidencial definido constitucionalmente.
El régimen «normal» aparece ya premunido de los mecanismos suficientes para controlar la situación política.
Dentro de este endurecimiento del régimen, parece conveniente señalar dos hechos de importancia.
El primero se refiere al «caso Zaldívar», ya comentado en el informe anterior, pero del cual hay que resaltar la muy escasa respuesta que logra en los sectores de oposición. Si algunos pensaron que el Gobierno tendría que pagar algún precio político por impedir el regreso de Zaldívar, lo cierto es que hasta el momento no le ha costado absolutamente nada.
Esto parecería darles razón a los sectores más duros del Gobierno, en el sentido de que cualquier apertura trae problemas, mientras que la mantención y reforzamiento del autoritarismo los elimina.
El segundo hecho puede haber sido facilitado justamente por el anterior. Se trata del cambio de rectores delegados en las principales universidades del país (excepto la UC). Los nuevos rectores delegados son militares en servicio activo con experiencia en control social (el de la Universidad de Chile fue jefe de la plaza en Santiago, y el de la Universidad Técnica, alto oficial del Servicio de Inteligencia Militar). Esta calidad y la circunstancia en que se produce el cambio (fuerte activación del movimiento estudiantil opositor) indican claramente la dirección que tiene este hecho. Si recordamos que anteriormente se había ido desarrollando un fuerte movimiento de opinión que, incluso desde dentro de los sectores en el poder, propiciaba el retorno a la dirección de las universidades por sectores académicos, la medida implica un grave endurecimiento en el proceso de institucionalización del régimen.
Frente al problema universitario, los sectores «blandos» propusieron en los últimos tiempos soluciones acordes con la política económica. Vale decir, retorno del control académico a las rectorías, mayor exigencia de estudio y mayor costo de la educación para el estudiante. El Mercurio y la revista Qué Pasa trataron repetidamente de orientar en este sentido a las autoridades de Gobierno. El que no lo hayan logrado está señalando, por una parte la fuerza de los sectores duros de Gobierno, que se apoyan en la necesidad del Jefe de Estado de ratificar su poder imponiendo cortes decisivos. Por otra parte, también significa que el movimiento estudiantil había empezado a adquirir mayor fuerza de la que el Gobierno puede tolerar.
De la actual reintervención militar en las universidades cabe esperar, en lo inmediato, una depuración generalizada y una represión del movimiento estudiantil opositor, creando las condiciones necesarias para que éste no vuelva a expresarse. No obstante, es difícil que se logre el total disciplinamiento estudiantil, a menos que se imponga una militarización de las universidades. Esto último parece bastante difícil, al menos dentro del actual esquema de institucionalización.
UNA SALPICADURA DE CONFLICTOS
Como se ha venido señalando, en los últimos tiempos el movimiento social suele mostrarse más activo que el movimiento político. Salvo determinadas ocasiones (Consulta de enero del 78, Plebiscito del 80), si bien no puede negarse una cierta existencia de los partidos políticos en semi o total clandestinidad, su actividad suele ser esporádica y leve.
En cambio, el movimiento social presenta una actividad constante y en algunos puntos creciente, imponiendo muchas veces una unidad política de la oposición que las organizaciones partidarias difícilmente logran.
La reciente movilización estudiantil en las universidades (particularmente aguda en el Campus Oriente de la Universidad de Chile), ha mostrado la vitalidad de la oposición en ese ámbito.
Los logros obtenidos antes de la reintervención militar son bastante importantes. La oposición estudiantil logra ser reconocida como interlocutor válido por autoridades de la universidad. Ciertos académicos aparecen, si no apoyando, al menos mediando en el conflicto entre estudiantes y autoridades. La organización estudiantil creada por el Gobierno (FECECH) se ve obligada a tomar como propias algunas de las reivindicaciones planteadas.
Si bien puede sostenerse que un grueso sector estudiantil aparece como indiferente frente a la politización gobiernista o de la oposición, tampoco puede negarse que estos últimos empiezan a mostrarse capaces de captar incluso a estos silenciosos. Así parece demostrarlo el éxito en ciertos paros estudiantiles.
Con todo, esta movilización estudiantil muestra ciertas debilidades. Talvez la principal de ellas sea la incapacidad para levantar, aún toscamente, un proyecto de política universitaria.
La movilización se hace respecto a problemas puntuales (la existencia de organismos de control al interior de las universidades, elevación del costo de matrículas, defensa de alumnos sancionados, etc.). No aparecen planteamientos más generales, como los relacionados con reivindicaciones por dirección académica en vez de directores militares, autonomía universitaria, libertad de cátedra y pluralismo, exigir mayor capacidad académica o gratuidad de la enseñanza.
En el plano sindical se puede decir que también la oposición predomina. Pero esto se aprecia más en cuanto a elecciones sindicales que en las acciones efectivas de los sindicatos.
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