y otra línea.
Al final del bochornoso incidente en Filipinas, el alejamiento de Cubillos fue visto como un triunfo, al menos temporal, del sector «duro», pese a los esfuerzos gubernamentales y principalmente del propio Pinochet tendientes a preservar ante la opinión pública una imagen de homogeneidad del llamado equipo de gobierno.
Así, este debate hizo que se perfilaran mejor las alternativas en juego.
LA PUGNA EN OTRA ESCENA
Hasta antes del caso Filipinas-Cubillos, estos grupos antagónicos alcanzaban en sus comentarios más a la cuestión económica que a otros tópicos. Sin embargo, tras esa crisis, el terreno de la economía fue paulatinamente abandonado, hasta que el debate se centró casi exclusivamente, en la futura institucionalidad.
La entrega a comienzos de julio del proyecto de nueva Constitución del Estado, para que se cumpla ahora un trámite de revisión final en el seno de la Junta Militar, reavivó la discusión, con la intervención, en un momento de aparente conflicto ideológico, de grupos y publicaciones empeñadas en difundir las concepciones que, dentro de los límites permisibles, se plantean sobre el futuro institucional de Chile.
Como dato cabe consignar la revista Realidad, impulsada por el abogado Jaime Guzmán; los artículos de Pablo Rodríguez en la prensa; la Corporación de Estudios Nacionales, patrocinada por Lucía Pinochet Hiriart; el centro creado por el ex ministro Jorge Cauas, junto con otras entidades menos importantes.
A igual tarea se aboca la oposición tolerada, aunque a ratos poniendo más énfasis en las disidencias internas del régimen que en sus propias concepciones, a menos que en el futuro inmediato algún sector, como el Partido Demócrata Cristiano, logre impulsar un debate público más extendido nacionalmente.
En general, en estos conatos de debate más generalizado se ha mantenido la tendencia a agrupar las distintas posiciones del oficialismo en dos vertientes principales.
Están ahí vigentes los «aperturistas» (Jaime Guzmán a la cabeza), que buscan la franca fijación de plazos para un arreglo institucional en el que tengan participación decisiva las agrupaciones civiles y políticas que no cuestionen las líneas básicas del modelo que se implanta desde la caída de Allende. Y por la otra vertiente, aparecen los «duros», que rechazan todo apuro en institucionalizar y abogan, en cambio, por la permanencia indefinida del régimen militar, sin hacer concesiones.
En esta última orientación se incluirían tanto la posición militarista-pinochetista de Lucía Pinochet Hiriart, como el sector que se expresa a través de Pablo Rodríguez, que se presenta cada vez más como corporativismo de base, sin incidencia en la cúpula del gobierno, no obstante las vinculaciones personales crecientes entre ese dirigente y la Presidencia de la República a través del ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola.
LOS GRANDES ACTORES
Sin embargo, pareciera que el eje del conflicto interno del régimen no pasa por estos grupos «duros» y «blandos» y sus representantes oficiosos.
Desde el punto de vista de la política nacional chilena, podría decirse que estos son grupos menores.
Pueden ellos, ciertamente, adquirir gravitación en momentos de crisis agudas, pero carecerían de capacidad política para determinar la orientación del proceso.
En cierto sentido, ellos pasan a ser utilizados por actores de mayor peso. Y de estos, talvez convenga preocuparse ahora de El Mercurio, que en los últimos años aparece buscando recuperar su gravitación, fuertemente afectada por la aparición de nuevos grupos de poder vinculados más directamente al régimen militar.
Reaccionando, el grupo que se expresa a través de esta poderosa empresa de prensa, extendida en todo el territorio, plantea la necesidad de volver a hacer política, es decir, no dejar descansar el régimen en la pura capacidad represiva.
El Mercurio, o más bien dicho sus representados, pretenderían conciliar dos intereses fundamentales: por una parte, obtener condiciones de estabilidad nacional a largo plazo y, por la otra, mejorar sus posiciones relativas entre los demás grupos de poder, aprovechando precisamente su probada «capacidad para hacer política».
La utilización de los medios periodísticos de su cadena es ilustrativa de esta actitud, en especial en la manipulación de ciertos hechos noticiosos, como es el caso reciente del fraude del IVA, en torno al cual hace aparecer misteriosos «peces gordos» veladamente vinculados al ex jefe de la DINA, el general (R) Manuel Contreras.
Asimismo, insistentemente hace referencia a la reactivación de la política de oposición y a los peligros de la aplicación de mecanismos represivos que, más que anularla, la apoyan o fortalecen.
EL TIEMPO DE PINOCHET
Pudiera decirse que al interior del régimen el grupo de El Mercurio y gran parte de la derecha económica son los que plantean una alternativa de institucionalización que tiende a evitar, en forma paulatina pero segura, el exceso de la personalización del poder en el actual Presidente. Buscan crear un espacio dentro del cual pueda desarrollarse un movimiento político de derecha que, en el largo plazo, pueda dar continuidad al sistema vigente sin arriesgar, además, rupturas incontrolables.
En el intertanto –y sin que se vislumbre un desenlace– estas pugnas están contribuyendo, en lo inmediato, a elevar la figura de Pinochet.
Asumiendo el papel de árbitro en las disidencias, mediante concesiones a ambos grupos, el Jefe del Estado aumenta su legitimación presidencial y la prolongación de su permanencia en el poder.
Así, si Pinochet está estrechamente ligado al modelo impuesto en Chile luego del golpe de 1973, la crítica económica de los «duros», de aparente espíritu antioligárquico, no puede dejar de alcanzar al mandatario, lo cual podría deslegitimar su presencia, hecho este último que el sector considera fundamental para que el escenario político no se active. Atenuada entonces la crítica al modelo económico, el aparato gubernamental, en concesión, reacentúa su carácter represivo (siete detenciones promedio al día en 1980), lo que convierte a Pinochet en la garantía, para los grupos «duros», de que el régimen no tolerará, fuera de los grupos dominantes, la acción política en Chile.
Por otra parte, el apoyo presidencial al modelo económico debilita simultáneamente la presión de los «aperturistas» o «blandos» por institucionalizar el régimen con mayor prontitud, lo que se traduce en otras concesiones de Pinochet, que son destacadas con rapidez por grupos como el de El Mercurio.
De esta manera, la dictación de la nueva ley de municipalidades y la entrega de cuantiosos recursos a ellas, así como atribuciones para el manejo de hospitales, escuelas y otras organizaciones comunitarias por parte de estas corporaciones edilicias, es una forma de traspaso político y económico a los sectores «aperturistas», los cuales ejercen un evidente y público control en las alcaldías de todo el país.
«Se cumple en esta forma, además, los postulados del presidente Pinochet, quien en reiteradas oportunidades ha señalado que los nuevos dirigentes políticos del país se formarán en las municipalidades, las intendencias, el gabinete de Gobierno y otras organizaciones intermedias… es, en concreto, la vía hacia la nueva institucionalidad chilena», declaró recientemente el ministro del Interior Sergio Fernández, al tocar este aspecto.
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