y encargo expedidas por el gobierno, a las cuales los presentados accedieron.
Como esta práctica se mantuvo hasta 1925, es importante subrayar algunas conductas diplomáticas y políticas que se mostraron constantes.
Por ejemplo, la decisión chilena de incorporar las prerrogativas patronales ampliadas de la Corona española a la Constitución de 1833, aun teniendo a la vista la experiencia del motu proprio pontificio en el nombramiento de Manuel Vicuña, fue considerada por la Santa Sede como un acto jurídico unilateral y, por lo mismo, no lo aceptó ni siquiera después de 1840, con la creación de la provincia eclesiástica chilena y el reconocimiento del estado de Chile.
Pero, al mismo tiempo, Roma fue consintiendo de hecho en la aplicación de las leyes patronales, cuidando de que no se entrometieran en los asuntos propios de la Iglesia. Así, la Sede Apostólica ejerció en Chile y en otros países una concesión patronal oficiosa, y no de facto, como se suele afirmar.
Semejante comportamiento de los políticos chilenos refleja con bastante claridad el camino que Europa había seguido desde que surgió y se desarrolló otra comunidad cristiana derivada de la escisión de Lutero, y que concluyó con la instalación de la tolerancia religiosa.
Este nuevo escenario histórico-político pudo ser sorteado por la Iglesia con creatividad. Por ejemplo, el surgimiento de los nuncios permitió mantener unidas las comunidades católicas con la Sede Apostólica. Por otra parte, los concordatos aseguraron el reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica en los nuevos estados, y con ello el acceso a los bienes espirituales de los fieles y el resguardo de los bienes patrimoniales e intangibles, como la educación de ellos.
Estos procesos históricos se desarrollaron en algunos países americanos de manera más consensuada, en otros con duras confrontaciones y en pocos con violencia. Las iglesias del continente pasaron de una cultura religiosa de índole misionera y sin debates con las ideas nuevas, fueran ellas protestantes o liberales, a enfrentarse con estas al estilo conservador europeo, cuyas ideas apuntaban a defender lo sagrado y la independencia de la Iglesia.
Roma, aunque mantuvo su posición de concesión oficiosa, no descansó en buscar un marco jurídico que asegurara una convivencia estable con los nuevos estados por medio de un posible concordato. Este esfuerzo, desde la misión Muzi hasta la del delegado apostólico Del Frate, ha sido estudiado en profundidad, en general desde la perspectiva de las relaciones diplomáticas, sin rescatar de manera directa el sentido que la Sede Apostólica daba a dichas relaciones. La revisión de la correspondencia de monseñor Mario Mocenni como delegado apostólico y enviado extraordinario para Chile, quien asumió dicho cargo en agosto de 1877, permite deducir cuál era la misión de un diplomático de la Sede Apostólica994.
Así, ya en la carta de presentación ante el gobierno, de 16 de agosto de 1877, solicitó que se le prestara apoyo en “vista de proveer a los intereses de los católicos en estas regiones”. En septiembre de 1878 le escribió al ministro de Relaciones Exteriores manifestándole su preocupación por el acuerdo de suspender la subvención económica de los seminarios de Talca y Valparaíso, y le expuso las razones que existían para mantenerla, en especial el aporte de la religión a la moral y el de la Iglesia a la cultura.
El 23 febrero de 1879 le escribió desde Lima al presidente Aníbal Pinto sobre la guerra en ciernes entre Chile y los países vecinos. El delegado desplegó varios argumentos para aconsejar que se hiciera todo lo posible para evitar la guerra entre pueblos vecinos, pues, de efectuarse el choque, se mantendrían “vivos los odios y las hostilidades por un tiempo difícil de limitarse”.
IGLESIA Y SOCIEDAD: ENTRE LA VISITA AD LIMINA DEL ARZOBISPO VALDIVIESO DE 1859 Y SU DECESO EN 1878
En este breve lapso, apenas 19 años, irrumpieron las cuestiones más importantes en la convivencia de la Iglesia Católica con el estado de Chile. Terminó el uso de las normas patronales indianas y se inició una fase de ásperas diferencias entre ambos al agudizarse la intervención del gobierno en los asuntos eclesiásticos y al sostener la Iglesia la más plena autonomía en su quehacer propio.
Hacia finales del decenio de 1860 el estado de la Iglesia chilena se podría caracterizar como de tránsito cultural, político y religioso hacia un modelo europeo, con cierta originalidad. En efecto, había logrado su total reorganización, y las cuatros diócesis cumplían sus obligaciones de gestión; todos los obispos habían realizado la visita pastoral, con lo cual contaban con un buen diagnóstico de sus diócesis; los seminarios antiguos y nuevos funcionaban con regularidad y estaban abiertos a la sociedad como centros de educación básica, media y eclesiástica; el clero secular había alcanzado cierto equilibrio respecto de las necesidades de las diócesis, considerando el incremento relativo de las parroquias; se habían incorporado nuevas comunidades religiosas masculinas y femeninas que servían en la educación, en los hospitales y en las cárceles, además de ofrecer nuevos caminos de espiritualidad. Desde el punto de vista de la organización, se creó la gobernación eclesiástica de Valparaíso, nombrándose en 1872 como su titular a Mariano Casanova. El arzobispo Valdivieso, en la imposibilidad de celebrar un sínodo, optó por reeditar los dos sínodos del periodo hispánico en 1858, y solicitó en la primera visita ad limina en 1859 que la Curia romana lo apoyara en el gobierno de la Iglesia.
Por otra parte, ella consolidó su relación con el mundo exterior. Así, el arzobispo Valdivieso realizó la visita ad limina en 1859; tres de los cuatro obispos participaron en el Concilio Vaticano I (el arzobispo Valdivieso, de Santiago; el obispo Salas, de Concepción, y el obispo Orrego, de La Serena); todos los obispos pudieron cumplir con la visita ad limina con apego a la frecuencia de 10 años; el clero secular chileno alcanzó el debido reconocimiento en Roma y en el continente gracias a representantes como José Ignacio Víctor Eyzaguirre, fundador del Colegio Pío Latinoamericano en 1856, diplomático de la Santa Sede ante los gobiernos de Ecuador, Perú y Bolivia, además de historiador y escritor eclesiástico; Justo Donoso, eximio canonista, autor de Instituciones del Derecho Canónico y Manual del Párroco Americano; Rafael Fernández Concha, autor de importantes obras de teología y filosofía, y Ramón Ángel Jara, fundador de la primera Asociación Católica de Obreros en 1878.
LA IGLESIA Y LA ESFERA POLÍTICA
Un punto de partida para analizar la relación entre la Iglesia y el estado en esta etapa de tránsito es el informe ad limina del arzobispo Valdivieso995. Al describir dicha relación, el arzobispo la caracterizó y la valoró. Recalcó que el gobierno siempre prestaba su auxilio cuando la Iglesia se lo pedía para hacer cumplir las leyes eclesiásticas y las sentencias de sus propias autoridades. Pero advertía que solo consentía en que se promulgaran las disposiciones de la Iglesia, aunque fueran para uso privado o emanaran de la Santa Sede, si procedía primero su exequatur.
Observaba Valdivieso que para conceder o negar el exequatur no había otra regla que la “voluntad o capricho” del gobernante, y aunque algunas veces en el decreto que lo negaba se sugería suplicar a la Santa Sede suspender lo ordenado en la materia, advertía que “no tengo noticias que una sola vez se haya elevado tal súplica, por manera que aquello no es más que una simple formula”.
Observó Valdivieso que el gobierno, para asegurar esta traba puesta a la potestad de la Iglesia, hacía jurar a los obispos antes de consagrarse que no ejecutarían la bula, breve o rescripto pontificio sin el correspondiente exequatur de la autoridad competente. Y agregó que de ese juramento —que el mismo había prestado— estaba informada la Santa Sede y que lo había reprobado.
El arzobispo de Santiago se detuvo en la práctica de pedir licencia
