el control de los estados imperiales y cuestionaba los ansiados procesos de centralización política, pues, no solían coincidir en un aumento lineal y progresivo del poder en el centro, sino que ampliaron los márgenes de acción local debido en mayor medida a las enormes distancias que le daban al gobierno de ultramar un carácter indirecto, incompleto, ineficaz y lento (Brendecke, 2012).
Junto a este problema de la lejanía de los territorios ultramarinos se hallaban las fuertes tensiones entre poderes centrales y locales que hacían muy complicado consolidar un firme dominio imperial en los territorios americanos y sostener una eficaz infraestructura comunicativa que además se veía teñida también de los conflictos internacionales entre las distintas potencias europeas. Esto quiere decir que el pretendido buen funcionamiento por parte de los gobiernos del correo marítimo se veía profundamente afectado por distintas causas, como eran también los obstáculos geográficos y climáticos, los continuos fraudes y contrabandos, las resistencias y oposiciones a los planes reformistas, la incertidumbre de los transportes, las interminables demoras, las cartas extraviadas, etc. Estos factores disminuían la velocidad de la circulación del correo y aminoraban la vigilancia del poder.
Además, en las colonias americanas operaban dos sistemas de comunicación de forma paralela. Por una parte, los servicios postales oficiales auspiciados por los gobiernos; y, por otra, los sistemas de comunicación informales que operaban en innumerables redes de conexión a lo largo de las costas, el interior y alrededor del Atlántico (Adelman, 2010). De esa forma, los sistemas postales de los imperios ultramarinos estaban teñidos de tensiones perpetuas entre ambiciones imperiales y arreglos locales, de vínculos desiguales que ayudaron a estructurar el panorama social y político, y de coexistentes articulaciones de poder paralelas que permearon todos estos territorios (Dubcovsky, 2016).
El proyecto de renovación postal en el imperio hispánico
Con la subida al trono de los Borbones en el siglo XVIII se inició una etapa de pretendidos cambios y transformaciones en las distintas esferas del imperio hispánico que procuraron llevar a cabo un proyecto de reorganización política y económica con resultados que deambulaban por una fina línea entre el logro y la frustración. Bajo este contexto del reformismo borbónico, la monarquía borbónica tuvo el afán de convertir al correo en una herramienta clave para administrar su gobierno y, por lo tanto, se proyectó una renovación del sistema postal, que fue una de las reformas más destacadas, porque sin una comunicación fuerte y segura entre el imperio hispánico y sus colonias de ultramar no se podía ejecutar un eficaz gobierno ni defenderse de los enemigos a batir.
En el contexto de la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y bajo el reinado de Carlos III se intensificó el plan de renovaciones a causa de que se hicieron más duraderas y ambiciosas en ambos lados del Atlántico a partir de 1762 con la toma de Manila y La Habana por los ingleses y principalmente en 1763 tras el final de la guerra. Esto se debe a que la Monarquía adquirió conciencia de la importancia estratégica de las colonias americanas, principalmente del Caribe, intimidadas por las potencias extranjeras que las acechaban continuamente y mermaban el intento de control que pretendía la Corona sobre ellas, causando obstáculos y peligros a través del contrabando y de los conflictos bélicos. Por estas razones se replanteó instaurar un sólido plan de cambios que estabilizara y fortaleciera su dominio en las Indias. Y uno de los medios esenciales para alcanzar este propósito fue la renovación del correo, cauce de comunicación con los territorios de ultramar.
El proyecto del giro postal entre la península y América, tras varias propuestas de planes, proyectos e informes, se legitimó el 6 de agosto de 1764 cuando el monarca borbónico expidió el Real Decreto del Establecimiento de Correos para las Indias que se publicó el día 8 del mismo mes21, tras producirse numerosas correspondencias que se sucedieron continuamente entre relevantes personajes como Pedro Rodríguez de Campomanes, el Marqués de Grimaldi (Secretario de Estado y del Despacho Universal de España), los Administradores Generales de Correos de en Madrid Lázaro Fernández de Ángulo y Antonio de la Cuadra, junto con otros, en las que expresaban propuestas e instrucciones para confeccionar el plan de renovación postal y ponerlo en marcha.
La publicación de este decreto suscitó protestas debido, sobre todo, a una de las medidas más polémicas del establecimiento de los Correos Marítimos que era situar el puerto de salida de los mismos en La Coruña, en detrimento del de Cádiz desde donde solían partir hasta entonces los navíos de avisos que llevaban las cartas a América. Esta decisión de designar a La Coruña como sede central del sistema postal ultramarino estaría muy acorde con el relanzamiento del norte de España por parte de los Borbones, característica que contrastaba con la política metropolitana meridional desarrollada por los Habsburgo. Así, se pretendía revalorizar el comercio y la industria de Galicia, lo que suponía un desafío de Carlos III. Además, La Coruña estaba menos expuesta al ataque de embarcaciones enemigas y contaba con una serie de puertos cercanos alternativos, como el del Ferrol, refugio seguro para las embarcaciones en caso de tempestades o persecuciones (Ulloa, 2001).
De manera que las primeras oposiciones vinieron desde Cádiz y, concretamente, del Consulado de Comercio de Cádiz que desaprobaba la creación del nuevo correo, alegando que debido a las restricciones estatales los fraudes y el contrabando irían en aumento y serían perjudiciales para la Real Hacienda y para los comerciantes; y que el puerto de La Coruña no era adecuado para este establecimiento debido a que distaba mucho de los puertos de Andalucía donde se hallaban los comerciantes. Por eso, el Consulado solicitaba al rey que la correspondencia entre América y España continuase a través del despacho de avisos desde Cádiz, a cargo del propio Consulado y a costa del comercio22. Evidentemente esta oposición se debía a que con este establecimiento el monarca iniciaba la descomposición del monopolio comercial andaluz con América y desequilibraba la exclusividad de Cádiz como puerto único para el intercambio ultramarino (López Bernal, 2011).
A pesar de los desacuerdos que suscitó, el proyecto siguió hacia adelante. Y se consolidó con la promulgación de la Real Cédula el 26 de agosto de 1764 para el establecimiento de un correo marítimo mensual desde el puerto de La Coruña al de San Cristóbal de La Habana, con la correspondencia general de Indias, y regresó con la de aquellos dominios al mismo puerto de La Coruña23; y, sobre todo, con la publicación el 24 de agosto de 1764 del Reglamento Provisional del Correo Marítimo de España a sus Indias Occidentales24, ya firmado por el Marqués de Grimaldi en calidad de Superintendente General de Correos y Postas de Indias; reglamento con el cual oficialmente se iniciaba la andadura de este sistema postal ultramarino.
El Reglamento Provisional contenía las disposiciones necesarias para su establecimiento,de manera que comprendía las pautas por las que se debían de regir: el avío y despacho de los paquebotes; las rutas marítimas (Carrera de La Habana creada en 1764, y Carrera de Buenos Aires en 1767); las labores fundamentales de los administradores de correos que se instalaron en las oficinas de correos en Hispanoamérica (La Habana, Puerto Rico, Veracruz, México, Cartagena de Indias, etc.); las cuentas que tenían que llevar los contadores de dichas estafetas; las tarifas postales, etc. Esta ordenanza tenía carácter provisional, pero suponía una normativa sólida que impulsaba la creación de esta institución postal ultramarina25. Lo más destacado de ella era que con él se creaba este Correo Marítimo mensual cuya salida debía de efectuarse los días uno de cada mes con destino a La Habana a través de los paquebotes que transportaban la correspondencia oficial y particular de España a América; y se instauraron oficinas de correos en Hispanoamérica, entre ellas, la de Cartagena de Indias.
Sin embargo, la aplicación de esta reforma postal se encontró con numerosas dificultades sobre el terreno y generó resistencias tanto en la península como en América de los distintos agentes de la información interesados en tener el control del correo. A través del estudio de la estafeta de Cartagena de Indias, se reflejan los múltiples obstáculos que tuvieron que enfrentar los primeros administradores de correos de dicha urbe (los primeros fueron peninsulares que viajaron a Cartagena de Indias en el año de 1764 para instaurar la Administración de Correos, Roque de Aguión y Andrade y Manuel de Valbuena)
