se estudia la manera como la diversidad cultural y social participan en la fragmentación y estructuración de un territorio con dinámicas de violencia que trascienden el fenómeno de la guerra. En el tercer capítulo, se describen la diversidad de instancias y procedimientos que determinan la manera como se produce la gestión de los conflictos, principalmente en las zonas rurales.
La segunda parte refiere la manera en la que se ha decantado la postura política respecto del alcance del concepto de justicia comunitaria, a partir de la delimitación del concepto y su enfoque como proceso social transformador. En ella buscamos describir y analizar la orientación de la acción territorial para construir proyecto de nación desde la regulación social y la gestión de la conflictividad. Para ello, se divide en tres capítulos.
El capítulo cuarto presenta las apuestas política y metodológica de la Escuela de Justicia Comunitaria, con miras a situar su lugar de enunciación. Además, presenta la propuesta que la Escuela le plantea al país, propuesta que existe en buena parte gracias al trasegar territorial araucano. En ella sustentamos por qué y cómo podemos ordenar jurídicamente nuestros territorios, incluyendo las necesidades y los acumulados institucionales que se producen incluso en la periferia del país. En el quinto capítulo, exploramos de nuevo la manera como interactúa la justicia en equidad en un territorio como el araucano, y presentamos la justicia comunitaria como un concepto aplicado desde las figuras reconocidas y no reconocidas vigentes en múltiples contextos. Este capítulo permite ver un contraste claro con denominaciones impulsadas desde una visión del Estado neoliberal que restringen su cariz transformador. En la Escuela nos sentimos orgullosos de los avances ejemplares que ha tenido la figura en la región; sin embargo, las tendencias del Estado y su burocracia han reducido sus alcances haciéndose necesario buscar nuevas salidas que la fortalezcan como justicia comunitaria. El último capítulo de esta segunda parte describe el proceso de impulso a la justicia en equidad en el territorio araucano, desde su concepción como construcción social y regional de la justicia, en un diálogo entre las situaciones contextuales que determinaron su configuración inicial, evolución y transformación hacia la necesaria búsqueda de la paz. Allí, los autores hacen una lectura de su propia experiencia como protagonistas desde la Escuela del proceso en el que hemos estado trabajando durante tres lustros. También, muestran cómo la interacción sostenida en el territorio nos enseña y nos lleva a cambiar. Los procesos golondrina que apenas se posan en el territorio por unos meses no tienen que cambiar porque es posible que ni siquiera lleguen a entenderlo.
La tercera parte del libro muestra aspectos destacados de la experiencia de la Escuela en la región: la figura de los conciliadores en equidad y el aporte más importante que se está haciendo desde allí a una estrategia nacional de acceso a la justicia. Por lo tanto, esta parte final es una lectura de los aprendizajes araucanos en dos capítulos.
El séptimo capítulo plantea la comprensión del aporte de los conciliadores en equidad como autoridades comunitarias, entendidos como capacidades locales para la paz desde un enfoque que se orienta a entender su dimensión humana y el aporte que desde su liderazgo hacen a la paz. Gracias a ello puede apreciarse cómo la selección de las personas más valiosas para una práctica que transforme el ideario de justicia lleva a logros si se combina con una metodología de trabajo que se centra en fortalecer su capacidad de conocer y gestionar las normas y los poderes que determinan la vida en su comunidad. El octavo capítulo hace una aproximación a la manera como se están trabajando los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) en el Sarare. Es el planteamiento que recoge los mayores aprendizajes que el territorio araucano lega al resto del país: la configuración de los SLJ como la principal política pública regional de acceso a la justicia, desde sus dos principales dinámicas, la articulación de los operadores y actores de justicia para el diseño e implementación de rutas de acceso a la justicia y el reconocimiento y acompañamiento de las dinámicas de justicia comunitaria en lo veredal, en la figura de Terminales Rurales de Justicia (TRJ). Aquí nos centramos en esta figura como instancia de acceso que produce un impacto sostenible de las instancias estatales mientras se presenta como herramienta efectiva para recoger las capacidades desarrolladas en las comunidades.
Así pues, se cristaliza con este libro un proceso de reflexión alrededor de una experiencia que no solo ha contribuido a transformar el territorio a partir de la intervención de los conflictos, sino a hacer un ejercicio académico situado en los bordes de la juridicidad estatal, allí en donde las comunidades marginales y subalternas inventan y recrean mundos posibles que transforman en esperanza el contexto de guerra al que se resisten en los campos material y simbólico, de tal manera que se pueda reconocer en la academia colombiana que Arauca es una Escuela de Justicia Comunitaria para el resto del país, y, por qué no, para el continente.
Notas
1 Viejos pobladores refieren que en su infancia conocieron la televisión y los símbolos patrios de Venezuela antes que los colombianos.
2 Por ejemplo, es notoria la frustración que produjo en la región la indiferencia nacional que se tuvo con el Sarare en la celebración del Bicentenario de la Independencia, a pesar de la enorme valoración que tiene en la región el encuentro histórico de Bolívar y Santander, por considerar a Tame el punto de partida de la victoria independentista.
3 Está instalada en la memoria de los más viejos como fueron testigos directos de lo que se llamaba “guahibiadas” que eran jornadas en las que grupos de población “criolla” o “guate” cazaban como a manadas de animales silvestres a grupos indígenas en su propio territorio.
4 El dinero invertido o canalizado por el Estado para el programa de Conciliación en Equidad en los cuatro municipios es aproximadamente de USD 400.000 en tres lustros; cifra similar a lo que cuesta una inspección de policía, el menos costoso de los operadores de justicia estatal, en el mismo tiempo.
LECTURAS TERRITORIALES
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