ante la prensa internacional.
Nadie puede ignorar que la víspera de la liberación de Ingrid Betancourt y de los otros 14 rehenes «políticos»(3), la ONU y una docena de gobiernos y de líderes extranjeros y una docena de ONG del primer mundo ejercían presión a diario sobre el gobierno para que cediera ante las Farc y optara por la impotencia ante la ola de atrocidades que cometía esa organización.
La Operación Jaque Mate, una acción militar no letal contra varios centros operativos de las Farc, preparada durante cuatro meses y ejecutada por 200 soldados, dejó a esas personalidades, gobiernos y organismos foráneos descolocados y sin voz, y puso fin a la gangrena de los inútiles «mediadores» que sólo habían prolongado el martirio de los rehenes.
Esa vía había hecho que horribles gobiernos, como los de Chávez, Correa, Lula y Kirchner, abogados todos del «intercambio humanitario», metieran sus narices en Colombia. Las Farc lograron atraer a ese tinglado un presidente francés, Sarkozy, tan mal asesorado que, en su afán por obtener la liberación de Betancourt, agenció, paradójicamente, la excarcelación de un importante jefe de las Farc, quien huyó inmediatamente a Cuba.
La confusión y el absurdo reinaban en ese periodo. Hasta cuando ocurrió lo del 2 de julio de 2008 en el Guaviare. Ese día el mundo vió que las Farc eran vulnerables y que Uribe y los militares eran capaces de obtener lo que la diplomacia no había alcanzado. Constató, además, que las armas de la República podían dar golpes demoledores y derrumbar la moral de su mayor enemigo, si había voluntad política. Las Farc trataron de reorganizarse, pero no lo consiguieron. Sólo la traición de Juan Manuel Santos a la Constitución colombiana las salvó de su colapso definitivo. A pesar de las concesiones pactadas en La Habana, las Farc no han podido superar su desarticulación interna y siguen en el impase en que los dejó la seguridad democrática.
Colombia lo ha olvidado, pero lo hecho por Uribe y las Fuerzas Armadas en 2008 fue de importancia hemisférica: arruinaron el eje continental bolivariano impulsado por Chávez, quien «quería cabalgar sobre una victoria de las Farc», como escribió en esos días Joaquín Ibarz, un periodista español. «El presidente Álvaro Uribe escaló el Everest al superar las marcas mundiales de popularidad: 91,4% de aprobación en la última encuesta», observó antes de decir: «El rescate de rehenes lo coloca como referente para todo el continente». Américo Martín, un analista venezolano, estimó por su parte que ese acto «se produjo en un instante crítico y derrumbó el engranaje montado para asfixiar a Colombia»(4).
Álvaro Uribe es la personalidad política más investigada de la historia de Colombia. Ninguna de sus actuaciones como hombre público ha sido pasada por alto desde 1980, cuando era director de la Aeronáutica Civil, hasta hoy. En 2001, cuando una oficina fariana de propaganda, la Agencia de Prensa Nueva Colombia (Anncol), vió que la candidatura presidencial de Uribe era imparable, financió la redacción de una «biografía no autorizada» para matar políticamente a su víctima. Allí la técnica del «se dice que», «se murmura que» fue empleada a fondo. Todo fue en vano. La DEA y la prensa americana y colombiana investigaron a fondo durante años y no encontraron nada, salvo las iracundas amalgamas sin valor de los extremistas.
El senador Uribe —quien acaba de lanzar una frase clave: «el país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema»—, parece más combativo que nunca, tras 46 años de vida política. El actual contexto mundial y latinoamericano favorece un regreso a una forma de seguridad democrática. El derrumbe de bastiones castro-chavistas (Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina), la crisis de los regímenes venezolano y cubano, y la firme posición de Washington contra esas dictaduras, han generado ataques castristas brutales contra democracias como la chilena que, aunque prósperas, no saben cómo defenderse. Un derrumbe de las defensas de seguridad como en Chile podría ocurrir también en Colombia, si el Estado y la sociedad no se levantan contra eso. ¿Cómo impedir ese colapso? ¿Con gestos entreguistas como los de Sebastián Piñera? ¿Con reculadas ante los vándalos y los «comités del paro cívico»? ¿Asumiendo con valentía los valores que salvaron a Colombia en 2008?
La más que factible reelección de Donald Trump en noviembre de este año, por sus éxitos económicos en el frente interno y sus victorias ante China e Irán(5) impedirán que Colombia se sienta sola ante sus enormes desafíos. Proteger al expresidente Álvaro Uribe, consolidar la fuerza pública, castigar a los calumniadores profesionales y defenestrar a los magistrados corrompidos son tareas de primer plano para impedir que el país sea de nuevo víctima del Foro de Sao Paulo.
CLAUDIA LÓPEZ PRETENDE EXPONER GRUPOS DE CIVILES A LA VIOLENCIA DE LOS VÁNDALOS
21 de enero de 2020
LA ALCALDESA CLAUDIA LÓPEZ ES LA máxima autoridad y jefe de la policía en Bogotá. Ello es así pues en Colombia los alcaldes tienen, en principio, esa atribución. Deberíamos saber que darles ese enorme poder a los alcaldes no es una marca de democracia. Hay repúblicas muy civilizadas donde los alcaldes no tienen ese derecho. El orden público de las grandes ciudades es algo tan complicado hoy en día que no se puede dejar en manos de un solo funcionario pues entre los alcaldes, ungidos por el voto ciudadano, pueden haber politiqueros inexperimentados, cuando no demagogos irresponsables y hasta extremistas con agenda secreta.
Un ejemplo: el alcalde de París tiene muy pocos poderes de policía. Quien dispone de esos poderes es el Prefecto de París y su región. Este es nombrado por el gobierno y es el único representante del Estado. El alcalde se encarga de los servicios para los habitantes de la capital. En Francia hubo y hay tantas revueltas urbanas, que a veces se transforman en revoluciones, que la contención de multitudes agresivas no es dejada en manos del alcalde.
Lo que acaba de hacer Claudia López respecto del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza antimotines de la Policía Nacional, es absurdo, irresponsable y peligroso. Ello debe ser objeto de reflexión. Una primera conclusión podría ser: en Colombia deberíamos modificar la Constitución para retirarle al alcalde de Bogotá esa enorme responsabilidad.
El estatuto de los alcaldes en Colombia es ambiguo. No se sabe bien hasta dónde van sus facultades en materia de orden público. La legislación es defectuosa pues la conservación y restablecimiento del orden público es asunto del presidente de la República pero en esa labor pueden intervenir también los gobernadores y los alcaldes (artículos 296, 303 y 315 de la CN) y eso se presta a malentendidos, abusos y errores.
Claudia López con su injusta hostilidad contra el ESMAD está dispuesta a jugar con la vida de los bogotanos. El transporte urbano, los edificios públicos y privados, los comercios y viviendas de la capital también están en peligro si los prejuicios anti policía y anti represión de la alcaldesa llegan a imponerse. Ella decidió, por ejemplo, que su administración no admitirá el uso de las escopetas calibre 12 mm y que el ESMAD no «hará presencia en las calles» a menos de que sea necesario «por un disturbio de importancia» y que «en caso de ser necesario intervendrá la Fuerza Disponible de la Policía, no el ESMAD». Ella reitera que éste, «no volverá a salir como recurso de primera instancia durante movilizaciones». ¿Qué tiene que decir al respecto el presidente de la República? ¿Él está de acuerdo con eso?
El amateurismo de la alcaldesa es evidente: no intervenir, o intervenir mal y tarde o en «segunda instancia», como quiere ella, contra incursiones masivas, violentas y coordinadas, como las que vimos en 2019, es cooperar con los vándalos y llevar al sacrificio inútil a los miembros de la fuerza pública y a los civiles.
El ESMAD es injustamente acusado por la alcaldesa. Sin embargo, esa fuerza es la que ha impedido hasta ahora que los devastadores consigan destruir a Bogotá como lo hicieron sus émulos pro chavistas en Santiago de Chile. ¿Quiere alguien a estas alturas que haya un nuevo Bogotazo como el del 9 de abril de 1948?
