Colombia. El terror nunca fue romántico. Eduardo Mackenzie

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negativo de las acciones destructoras. No ve lo que está en juego. ¿Esa actitud de dónde viene? ¿Es signo de ineptitud o de obsesión ideológica? Por ahora lo que cuenta son sus increíbles planes para hacerle frente a los desmanes en la capital del país.

      La alcaldesa está inventando una táctica de combate antidisturbios inédita y ridícula: contener a manifestantes violentos con grupos de civiles desarmados. Ella advirtió que la «primera línea de defensa» contra los desbordamientos populares serán «los gestores de paz de la alcaldía»; que, en segundo lugar, estará el grupo de las «madres gestoras de paz», y las «mamás de los estudiantes de universidades públicas». En última instancia, ella enviará «los policías de la Fuerza Disponible con casco y escudo, pero no el ESMAD».

      Eso de constituir grupos de madres de familia para disolver o frenar las acciones de gente brutal y, en muchos casos, drogada, es totalmente inhumano e ilegal. Sería bueno saber qué otras ciudades utilizan grupos de madres de familia en tales circunstancias. ¿Qué tiene que decir de todo eso el presidente de la República? ¿Iván Duque está de acuerdo con ese invento? Y no solo el Presidente. El Procurador General que tiene por misión, entre otras, la defensa de los intereses de la sociedad y proteger los derechos humanos, no puede seguir silencioso ante ese proyecto de Claudia López.

      ¿Claudia López vive fuera de la realidad? Ella ve, en todo caso, esas cosas a través de un filtro extraño. Habla de simples «movilizaciones» y de «marchas» angelicales. López pretende que olvidemos lo que ocurrió, al decir: «Una marcha no es un problema de orden público. Hacer grafitis no atenta contra la vida». Lo que hubo en Bogotá y otras ciudades fue mucho más que eso. Hubo disturbios estructurados donde agresores políticamente motivados emplearon gasolina, explosivos y todo tipo de armas contra la fuerza pública y contra civiles, razón por la cual el ESMAD tuvo que intervenir. Ello dejó decenas de heridos, entre miembros de la fuerza pública y «manifestantes». Y hubo hasta muertos, y no solo por culpa del ESMAD. Contra esa cruzada de brutalidades que hubo, y que van a seguir, la alcaldesa pretende anteponer y sacrificar grupos de civiles desprotegidos y sin experiencia, sobre todo mujeres, contra vándalos y energúmenos. ¿No sabe acaso ella en qué consiste «la brisita» que el dúo Maduro-Cabello quieren reanudar en 2020? Todo eso es locura furiosa.

      En lugar de pedirle a Iván Duque que se entienda y se mantenga «alineado con los gobiernos municipales» y viceversa, como sugería un columnista de El Tiempo en estos días(6), habría que pedirle al jefe de Estado que trace una orientación clara sobre la política destinada a desarticular a tiempo la ola de manifestaciones teledirigidas por dictaduras enemigas de Colombia.

      Se equivocan quienes pretenden que las protestas que se avizoran no conciernen al país sino que «pertenecen a cada una de las ciudades» y que según eso «los alcaldes [son] los principales responsables de contener brotes de violencia y tramitar inteligentemente esas movilizaciones». En otras palabras, la línea es dejar en manos de madres de estudiantes la contención de los vándalos. Ello equivale a cruzarse de brazos y abrirle avenidas a la violencia «de masas» como dicen los mamertos. Hay que dejar de ser tontos ante los enemigos bestiales. Después de la tragedia veremos a esos columnistas llorar ante la leche derramada. Lo que nunca ha servido de nada.

       26 de enero de 2020

      LOS BOGOTANOS ESTÁN COMO LOS ARGENTINOS: eligen a los más ineptos y corruptos y después se quejan de las barbaridades que comete esa gente. Después de haber elegido alcaldes como Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno Rojas y Gustavo Petro, los bogotanos volvieron a dejar que este último, el señor de los talegos, accediera de nuevo a la alcaldía, a través de otra persona. Claudia López no es un clon de Petro pero es la continuidad de Petro, ideológicamente hablando. Ella viene para lo mismo: no a servirle a la ciudad sino a imponerle un programa no enunciado. La barbarie de la lucha de clases, la creencia de que la revuelta anticapitalista y la ecología irracional harán feliz al pueblo. Es lo que ella llama hacer «el cambio de historia».

      Por más de que esos dos hayan protagonizado una comedia para exhibirse como adversarios, ellos tienen la misma agenda. Ambos están convencidos de que hay que cambiar la democracia. Claudia López desliza eso en su frase enigmática sobre la «democracia inclusiva». La democracia a secas, la auténtica, según ella, es «excluyente». Es lo que proponía Marx. Los derechos humanos y la democracia deben ser abolidos pues protegen el individualismo, el egoísmo y la sociedad civil. La democracia totalitaria, en cambio, es la única que alcanza el control de la voluntad colectiva sobre la voluntad de los individuos. Tal es el núcleo secreto de esos dos activistas. Según ellos, hay que ir hacia el socialismo que «incluirá a todos». En realidad, ello conduce al Terror como sistema, algo que esas eminencias se empeñan en ocultar.

      Lo ocurrido el pasado 21 de enero fue la primera muestra de la contradicción que hay entre lo que dice y hace la alcaldesa.

      Hay un esfuerzo tenaz para golpear y humillar a la policía de la capital. Para desestabilizarla y acabarla, para dejar a Bogotá sin seguridad. Esa estrategia abrió una fase nueva el 17 de enero de 2019, cuando un elemento del Eln le quitó la vida a 22 jóvenes cadetes de la Escuela de Policía General Santander al detonar una bomba de 80 kilos de pentolita.

      La opinión pública olvida que la destrucción de la Policía Nacional fue teorizada por un miembro de la dirección del PCC, en septiembre de 2010, luego de la muerte del jefe militar de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias «Jorge Briceño Suárez», alias «Mono Jojoy». Ese directivo decidió que la inteligencia de la Policía había descubierto el lugar donde se escondía ese verdugo, lo que habría facilitado el ataque aéreo de las fuerzas militares, la Operación Sodoma, contra el búnker y los túneles de «Jojoy», en la zona «la Escalera» de La Macarena, Meta.

      Es obvio que esa campaña sigue y se oculta detrás de diferentes formas para desgastar, desacreditar y apartar a la policía de los asuntos de la seguridad urbana. La decisión de Claudia López de estigmatizar y marginalizar al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) emerge en un contexto muy curioso.

      La política de terror directo está siendo combinada con otras técnicas de terror de baja intensidad. La aparición de «marchas de protesta» sobre todo desde 2018, que se dicen «pacíficas» pero que culminan en orgías de destrucción contra la sociedad civil y contra la fuerza pública, encajan, quiéranlo o no los miembros del «comité del paro cívico», en esa estrategia de tensión.

      Aunque no representa nada, ni fue elegido por nadie, ese «comité», donde hay agentes de las Farc y de los sindicatos FECODE y CUT, lanza cuando quiere, en medio de la indiferencia del gobierno de Iván Duque, marchas ruidosas pero poco nutridas. Y los encapuchados que emergen de la masa son los que dirigen el baile: hieren brutalmente a los uniformados, incendian, destruyen lo que pueden, siembran el pánico, roban y destruyen buses y estaciones de transporte, agreden a los usuarios, saquean tiendas y supermercados y degradan edificios públicos y privados. El 21 de noviembre pasado, los vándalos golpearon, en especial, en diez ciudades: Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Manizales, Popayán, Pamplona, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta. Ese día fueron heridos 37 policías y 42 civiles. 420 amotinados fueron detenidos. Sumando las marchas anteriores, hasta ese día los civiles heridos por los brotes de violencia subieron a 177 y a 271 policías (26 de ellas mujeres) y dos militares heridos(7). Julián Andrés Orrego, un encapuchado, murió en Medellín, el 2 de diciembre, al estallar los explosivos que llevaba.

      En noviembre de 2018, un manifestante arrojó una bomba incendiaria que causó quemaduras graves a los policías que custodiaban la sede de RCN Radio, en Bogotá. Todo eso justificado con la mentira de un supuesto «derecho a la protesta». Ese «comité» llega al cinismo de incluir en su programa los gritos

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