a la opinión un saco de nudos incomprensible.
1. Nadie puede ser «comprometido» por simples «informes» de terceros. La única forma de «comprometer» a alguien en un proceso penal es que las autoridades judiciales hayan establecido plenamente que existen pruebas (no simples dichos) contra una persona.
2. La frase «versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ‘ejecuciones extrajudiciales’», omite un elemento central: ninguno de esos miembros de la fuerza pública afirma haber recibido órdenes del general Montoya de masacrar a civiles. Lo que ellos dicen es que el comandante del Ejército «pedía resultados» a sus tropas.
¿Pedir resultados, e incluso presionar para que se obtengan resultados, es un delito?
«Obtener resultados» no es solo un derecho sino un deber de todo comandante militar, en Colombia y en cualquier otro país. No hacerlo es incumplir sus obligaciones. Colombia vive una guerra subversiva, despiadada, asimétrica, narco-terrorista. El deber de los mandos de la fuerza pública, altos y bajos, es combatir y ganar esa guerra. Los resultados pedidos por los altos mandos colombianos, tienen que ver con acciones militares y de policía, perfectamente reglamentadas, destinadas a proteger la población, a reprimir las bandas criminales, a restablecer el orden público, a hacer respetar la soberanía nacional y a fomentar la concordia cívico-militar.
Empero, la sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP quiere escuchar una canción diferente. Quiere que los altos mandos, como el general Montoya, se auto inculpen. Como el general Montoya se acogió voluntariamente, la JEP cree que el deber de él es reconocer que cometió delitos. Por no reconocer eso la JEP le recrimina que no está «colaborando». Y le hace saber a los medios que él «no está diciendo la verdad». Esa actuación es cobarde e ilegal.
¿Cómo no ver en esto un intento de manipulación del público? Deliberadamente insinúan que Montoya miente. La JEP no está lejos de cometer una difamación.
«Yo no voy a reconocer ningún delito pues yo no he cometido ningún delito», subraya el general Montoya. «Los magistrados de la JEP me dicen: ‘usted debe colaborar para que se restablezca la verdad’. Es decir, la versión que les he dado no les satisface, quieren que uno se involucre y que diga que presionar los resultados llevó a ciertas personas a cometer delitos y eso no lo voy a admitir pues no es cierto». Y detalla: «Mis subordinados eran los comandantes de división del Ejército, oficiales con gran experiencia por sus largos años de servicio a la República. Ellos conocen perfectamente las reglas de funcionamiento del Ejército nacional».
Pregunta: ¿si la JEP estima que el general Montoya no está «colaborando», en qué basa tal convicción? ¿Dispone de pruebas? ¿Éstas en qué consisten? ¿Dónde están? ¿Quién las recogió? ¿Cuándo? La JEP deja ver que no tiene nada, a pesar de la documentación que le ha trasladado la Fiscalía General. Por eso van a la pesca azarosa de informaciones.
«La única ‘prueba’ que ellos tienen, me dice el general Montoya, son las versiones de siete subalternos que ya reconocieron haber matado gente fuera de combate. Ellos, al final, aducen que cometieron eso porque yo presionaba por resultados. Pero el punto es que esas personas no eran mis subordinados. Yo no les daba órdenes a ellos, ellos tenían otros jefes». Y concluye: «Si obran así es porque pueden estar tratando de lavarse las manos trasladando a otros la responsabilidad, con el argumento de que se les exigía resultados».
Hasta hoy no hay prueba de que hubo una relación directa entre el acto de esas personas y una orden del general Montoya. Éste afirma: «No hay ninguna declaración que diga el general Montoya me ordenó, o me dijo, o sabía. No dicen eso. Todo gira en torno del asunto de que yo exigía resultados. Yo lo que hice fue poner a pelear el Ejército contra los bandidos».
Estamos pues ante un procedimiento penal muy alarmante, ante una instancia judicial «especial», la JEP, que parte de la presunción de culpabilidad del acusado, y que abandona la tradición jurídica del país, y del mundo civilizado, de la presunción de inocencia.
El enfoque de la JEP recuerda la justicia bolchevique. Lenin decía: «El tribunal es un instrumento de poder del proletariado y de la clase rural trabajadora en la lucha contra la burguesía y el sistema capitalista». El juez no se tomaba la molestia de probar la verdad. La técnica investigativa judicial se basaba en la confesión y el arrepentimiento del acusado, hubiera o no pruebas a favor de él. ¿La JEP es un instrumento de poder de las Farc? Es lo que millones de colombianos piensan al ver la trayectoria de ese aparato desde su creación. Si dejamos que ese enfoque penal continúe, Colombia habrá dejado de ser una democracia aunque sigan existiendo los rituales visibles de la democracia. La democracia no existe sin derechos reales de la ciudadanía y sin justicia auténtica.
Sobra decir que la JEP no es producto del desarrollo jurídico de Colombia, ni de un pacto social entre colombianos, sino el resultado de unos convenios Farc/Santos secretos, espurios, a la espalda de todos, violatorios de la Constitución y rechazados por el país en el plebiscito nacional de 2016, organizado por el gobierno.
Lo que hace la JEP es totalmente anómalo. ¿Está tratando de forjar tranquilamente, mientras la gente duerme, un nuevo delito: el del «crimen contra-revolucionario»? ¿Por eso es que quieren la cabeza de los héroes militares que quebraron el proyecto de las Farc?
En todo caso, ante la ausencia de pruebas, la JEP opta por el camino fácil de ir a la pesca de informaciones. Esa oficina espera que los militares confiesen delitos que no han cometido. El colmo es que le hace creer a las víctimas y a la prensa que todo militar que se acoge a la JEP terminará asumiendo culpas. Lo ocurrido el miércoles y jueves en Bogotá muestra que la JEP no escucha al general Montoya y que los militares no pueden esperar ser escuchados allí ni obtener beneficios. Por el contrario, ella quiere convertir al general Montoya en un trofeo, en un anzuelo para hacer caer a otros militares. Ese organismo es un injerto de la detestable «justicia» castrista. Lo mejor es salir y contar a la opinión lo que está ocurriendo. Hay que impedir que la JEP siga intoxicando los otros tribunales y engañando a todo el mundo, sobre todo a los militares y a las víctimas.
CÓMO SOROS INFILTRÓ LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
26 de febrero de 2020
GRAN REVUELO CAUSÓ ESTA SEMANA, EN los círculos políticos de París, la revelación de la revista Valeurs Actuelles sobre la galaxia «filantrópica» de Georges Soros. En un informe especial de 21 páginas, la revista conservadora explica que «entre los 100 magistrados que han trabajado en la Corte Europea de Derechos del Hombre (CEDH), entre 2009 y 2019, 22 tienen o tuvieron lazos directos con una de las ONG que dirige la Open Society Foundations (OSF), la red mundial del multimillonario americano de origen húngaro.
La CEDH de Estrasburgo no es un tribunal cualquiera: ese organismo le dicta su ley —y su ideología— a los 47 países signatarios de la Convención Europea de Derechos del Hombre.
Más precisamente: de los citados, no menos de 12 magistrados llegaron a esa Corte después de haber desempeñado puestos claves en la OSF o en una de sus ramas, sobre todo en la Open Society Justice Initiative.
Algunos fueron miembros sucesivamente de dos o tres de esas organizaciones bajo influencia. Seis pasaron por la OSF; cinco por la Comisión Internacional de Juristas; tres por Amnistía International; siete por la Red de Comités y Fundaciones Helsinki; uno por Human Rights Watch; uno por el Centro por los Derechos Individuales de Europa, uno por el Centro Internacional para la Protección Judicial de Derechos del Hombre.
El dinero para esa masiva operación de entrismo nunca faltó. Grégor Puppinck, un
