más de 32 mil millones de dólares desde 1984 en la creación y orientación de numerosas ONG con el objeto de imponer su visión en cuestiones jurídicas y societales al Viejo Continente.
Puppinck da cifras impresionantes. Por ejemplo, HRW ha recibido 100 millones de dólares americanos desde 2010 y la Comisión Internacional de Juristas recibió, sólo en 2017, 650 000 dólares. Amnistía Internacional recibió, en 2016, 300 000 dólares. El 40% del presupuesto de los comités Helsinki en 2017 vino de las donaciones de Soros.
Grégor Puppinck fue el primero en sorprenderse por el carácter intensivo de la infiltración de Soros en la CEDH. En 2011, él creyó que había en esa Corte sólo «uno o dos jueces Soros», y no miró más de cerca el asunto pues había jueces que eran masones o católicos «lo que es habitual en los juegos de influencia en todas las instituciones». Todo cambió en 2018 cuando se dedicó a reunir y analizar una gran masa de jurisprudencias de la CEDH para ver más claro cuáles eran los acentos ideológicos que permeaban esa producción jurídica. Ello culminó en la redacción de un libro intitulado Les Droits de l’homme dénaturé (Editions du Cerf, Paris) y, más recientemente, en el informe que Valeurs Actuelles reseñó.
El escándalo de los crucifijos fue lo que le abrió los ojos a Puppinck sobre los estragos que puede hacer la galaxia Soros en la vida europea. En 2006, una mujer acudió a la CEDH. Pidió que ésta prohibiera en las escuelas públicas de Italia la presencia de crucifijos pues ello «restringía el derecho de los padres a educar sus hijos según sus convicciones». Tres años más tarde, un magistrado de la CEDH, András Sajó, amigo de vieja data de Soros y miembro de la OSF, hizo parte de la sala que aceptó los argumentos de la demandante y la educación pública de Italia tuvo que ocultar los crucifijos. Escandalizada por tal injerencia, Roma le dio poder a Grégor Puppinck para que derribara esa sentencia, cosa que él logró en 2011. Sajó ya no era magistrado en ese momento.
Desde entonces, Puppinck investiga las operaciones de lobby en Estrasburgo. En su calidad de director del European Centre for Law and Justice (ECLJ) él afirma que la CEDH, bajo la presión de Soros, se está alejando del terreno de la justicia y «de la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no hay sociedad democrática» para darle más cabida a los prejuicios soristas favorables a la inmigración ilegal, la eutanasia, la diversidad social, el multiculturalismo, el derecho al aborto, el activismo LGBT, la adopción de parejas homosexuales, la aplicación de la sharia, la hostilidad a las legislaciones antiterroristas, la abolición de fronteras y de largas sanciones penales, la despenalización del consumo de drogas, la disolución de la familia tradicional y el debilitamiento de los gobiernos nacionales.
Esos enfoques son visibles en numerosas decisiones de esa corte en pleitos radicados en Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Austria, Polonia, Hungría, Suecia. En Francia, la eutanasia es ilegal. Sin embargo, la muerte por esa vía de Vincent Lambert, en julio de 2019, creó gran conmoción. Los padres del joven se oponían a la desconexión y obtuvieron el apoyo de la ONU y del mismo tribunal de apelación de Paris. Pero la CEDH no quiso volver a revisar el caso y Lambert murió.
En 2018, el Reino Unido fue acusado de violar los derechos del Hombre por su sistema de vigilancia masiva de comunicaciones en la lucha contra el terrorismo. La prensa bautizó el caso como «Big Brother Watch». La CEDH dictaminó que Londres «no satisface la exigencia de legalidad» por «insuficiente densidad normativa». (Suecia recibió el mismo trato en otro expediente). Esos casos no han terminado del todo, pero lo interesante es que de los 16 demandantes contra el Reino Unido, 14 son ONG, y de éstas 10 son financiadas por Soros.
Las ONG de la Open Society Foundations son capaces de atacar hasta los Estados mismos, mediante la técnica del «litigio estratégico»: un gobierno aislado debe hacerle frente a una nube de ONG hostiles. El objetivo es, según Puppinck, «obtener a partir de un caso concreto, la condena de prácticas o de legislaciones nacionales contrarias a los intereses o a los valores» de la OSF. Para ello es indispensable que haya «colusión entre las ONG que entablan las demandas y los jueces que dictan la sentencia».
«Desde 2009, en 185 expedientes, una de las siete ONG financiadas por Soros actuaron como demandantes, representantes o terceros interesados», afirma Valeurs Actuelles. Lo peor es que los jueces dictaron sentencia en 88 casos aunque ellos tenían un vínculo directo con una ONG sorista, sin que por eso se hayan declarado impedidos por colusión de intereses. En cuanto a los vínculos indirectos, Puppinck subrayó: «La cantidad de negocios que dejan ver un vínculo indirecto es tan grande que no llegamos a evaluarlos totalmente».
Los estudios de Grégor Puppinck no tocan lamentablemente la acción de la OSF en América Latina, donde emergen cantidad de ejemplos de injerencia sorista con graves consecuencias sociales. ¿Hasta qué punto existe un vínculo, directo o indirecto, entre la mano de Soros y el crimen cometido en días pasados en Colombia contra la vida de Juan Sebastián, un bebé no nato perfectamente viable de siete meses, abortado por decisión de su madre, pese a la oposición del padre, con el apoyo de un organismo privado? Los investigadores locales tienen la palabra.
COLOMBIA: SALUDABLE REPUDIO A LA INJERENCIA ABUSIVA DE LA ONU
2 de marzo de 2020
HE LEÍDO CON SORPRESA, PERO CON mucho agrado, las noticias sobre la actitud del gobierno del presidente Iván Duque ante la metida de patas del señor Alberto Brunori, agente de «derechos humanos» de la ONU en Bogotá y vocero oficioso del jefe socialista portugués Antonio Guterres. Admiro la posición asumida por la Casa de Nariño y sobre todo las declaraciones de Martha Lucía Ramírez, Vicepresidente de Colombia, y de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, quienes rechazaron las extrañas exigencias del señor Brunori en el sentido de que el Ejército Nacional no intervenga en la contención de las alteraciones al orden público, que la Policía Nacional sea adscrita al ministerio del Interior y no al ministerio de Defensa y que el ESMAD sea «transformado» en un grupo de monaguillos.
En sintonía con la posición asumida por el jefe de Estado colombiano ante el insólito informe, los dos ministros refutaron el memorial de Brunori y explicaron que la organización interna de Colombia «no depende de ningún organismo multilateral». Fue una acertada respuesta a la acción excesiva del operador onusiano. Las declaraciones de Iván Duque, Marta Lucia Ramírez y Carlos Holmes Trujillo deben ser destacadas y saludadas.
En mis largos años de observación de la vida política colombiana no recuerdo haber visto una actitud tan clara, enérgica y patriótica, de altos responsables gubernamentales, frente a organismos internacionales injerencistas y menos ante los pronunciamientos de las 26 oficinas que la ONU ha podido incrustar en nuestro país para dictarnos una conducta particular, copiada casi siempre de cenáculos socialistas, como si Colombia necesitara tales ordenanzas.
La actitud habitual ante esas operaciones era la de la sumisión ante el extranjero, la del sometimiento y la de recibir palos en silencio. Lo que acaba de ocurrir ante la patanería de Brunori parece, eso espero, marcar el fin de esa actitud deshonrosa y humillante.
Lo de Brunori fue una grave torpeza que sólo podía desatar réplicas severas. Su informe es un monumento de unilateralidad y ceguera, que adopta la tesis de los extremistas, sobre todo de los farco-santistas, de que el gobierno «no está implementando los acuerdos». Es un texto que retoma las invectivas de «Timochenko». Brunori es conocido por ser un fanático partidario de la JEP.
A pocos les extraña que el único que sale a defender la impertinencia de Brunori sea el senador farco-madurista Iván Cepeda y los falsos senadores del pseudo partido Farc.
Ninguna de las agencias onusianas ha ayudado ni combatido al lado de Colombia en los momentos más dramáticos, como los que Colombia vivió por culpa de
