Colombia. El terror nunca fue romántico. Eduardo Mackenzie
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El 21 de enero vimos lo que buscaba Claudia López: hacer el simulacro de contener a los violentos mediante grupos de uniformados aislados y protegidos con láminas de plástico. Ella quería ver en acción su gran invento: las «madres gestoras de paz». El resultado no pudo ser más patético: tuvo que admitir la intervención del ESMAD en cuatro puntos de la ciudad y aún así once policías fueron heridos, 37 buses y 15 estaciones de Transmilenio fueron averiados. Sólo dos vándalos fueron acusados por un fiscal.
La orden irresponsable de la señora López de marginalizar al ESMAD no es un error de cálculo. Es un acto consciente destinado a debilitar a la policía de la capital, aunque en sus discursos ella promete «construir una ciudad cuidadora» (sic).
¿Cómo puede ella afirmar eso si su plan para reprimir a los violentos es substituir la policía profesional por grupos de madres de familia? Ese modelo demente es, además, inconstitucional. Si tuviéramos una Corte Constitucional ésta ya se habría pronunciado contra eso. Pero no. No hay nada de eso.
Mucha razón tuvo la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, al denunciar las graves fallas del protocolo de intervención de la policía inventado, sin consulta alguna, por Claudia López. A su vez, Alberto Brunori, representante en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, mostró su asombro por lo ocurrido el 21 de enero: «Veo con preocupación que algunos individuos, afortunadamente una minoría, atacaron violentamente y hostigaron a miembros de la Policía Nacional», además de atacar a «manifestantes e infraestructura pública y privada».
La alcaldesa envió piquetes de policías inexpertos para que fueran cercados y salvajemente lapidados. Es un milagro que ninguno de ellos haya muerto en la emboscada de Suba. López justifica el retiro del ESMAD diciendo que la muerte de Dylan Cruz se debe exclusivamente al ESMAD, descartando la responsabilidad del «comité» que lanzó la violenta «protesta». Claudia López no cesa de acusar al ESMAD de practicar el «abuso de autoridad» y de ir «contra la legítima expresión ciudadana».
Los vándalos no son manifestantes, ni son una «expresión ciudadana». Ni son la punta de un movimiento social. Son antisociales. Sus desmanes son de tipo criminal. La policía le incautó a uno de ellos una libreta con notas y dibujos. Ese documento revela que la subversión intoxica con mentiras a sus tropas y les dice cómo armar bombas Molotov y otros elementos letales. Les dice, además, qué atuendos llevar a los ataques y cómo formar líneas de defensa y repliegue. ¿Ese adiestramiento en técnicas del combate urbano indica que hay una guerrilla en formación?
Claudia López trata de esquivar lo que ocurrió el 21 de enero. ¿Lo logrará? Algunos juristas han hecho un llamado de atención. Uno de ellos, Francisco Bernate, experto en derecho penal, definió como «intento de homicidio agravado» los actos de los encapuchados en sus ataques contra la policía. El vio en eso no unos actos de «protesta» sino intentos de matar seres humanos. «No son vándalos, son asesinos», remató Bernate. Esos hechos deben ser investigados. Realmente investigados. Sin embargo, la alcaldesa se abstiene de dar instrucciones al respecto, y la Fiscalía, organismo llamado a hacer eso de oficio, sigue acéfala pues la Corte Suprema ha sido incapaz de designar un nuevo fiscal general.
En las redes sociales muchos están pidiendo la destitución de la alcaldesa de Bogotá por lo ocurrido el 21 de enero. Dicen que no se puede tolerar que sigan esas «marchas de protestas». La Casa de Nariño y los servicios del Estado deben parar la dinámica de desestabilización recurrente. La seguridad de Bogotá y de Colombia está en juego. A las alcaldías de las grandes ciudades, comenzando por Bogotá, hay que retirarles los poderes de policía. En los tiempos que corren esa alta tarea debe recaer en manos del Jefe de Estado y de los organismos especializados.
El papel del «comité de paro» en los disturbios sangrientos es cada vez más obscuro. Dice condenar la acción vandálica pero no hace nada para retirarle el piso a los violentos y las «marchas de protesta» siguen generando revueltas. Ese «comité» debe ser disuelto.
Bogotá ha sido víctima en años recientes de atentados monstruosos. La capital no puede habituarse ahora a una ola de violencias de nuevo tipo con el pretexto de que hay un «derecho a la protesta». Ese derecho no existe, si la protesta consiste en utilizar la fuerza contra las personas y los bienes públicos. Esas marchas deben ser prohibidas. La opinión sabe que esas destrucciones responden a dictados de Nicolas Maduro quien intenta castigar a Colombia por recibir la emigración venezolana y por ayudar diplomáticamente al pueblo venezolano a liberarse de esa abyecta dictadura.
31 de enero de 2020
ESTAMOS EN MORA DE HACER UN diccionario del lenguaje comunista. Son tantas las palabras de nuestra bella lengua española que los mamertos han pervertido para disfrazar sus mentiras y embellecer sus acciones, que podríamos hacer no solo un lexicón sino un abultado volumen de consulta para que el público en general, pero sobre todo para que las nuevas generaciones y algunos periodistas puedan reapropiarse el significado auténtico de miles de palabras que fueron desfiguradas y alteradas por los propagandistas de esas bandas criminales.
El trabajo debería extenderse a ciertas fórmulas, sintagmas, dichos y maneras de hablar de los mamertos que la opinión, a fuerza de tanto oírlas, termina por aceptarlas como si su sentido fuera justo y reflejara la realidad.
Veamos, por ejemplo, un sintagma muy conocido y utilizado por ellos en estos momentos: «paro cívico».
Ese término fue inventado por los marxistas criollos para darle una connotación positiva a una de sus «formas de lucha» más vengativas y destructoras.
La frase «Paro cívico» es, en realidad, un oxímoro, es decir una figura de estilo que acerca sintácticamente dos términos que se oponen en circunstancias normales. Por ejemplo, la frase «la soledad sonora» (de San Juan de la Cruz) es el más bello oxímoro de la lengua española. También son oximoros frases como «docta ignorancia», o «hielo abrazador», «el sol de medianoche». Incluso la frase «ciencias ocultas» es un oxímoro.
«Paro cívico» es, también, un oxímoro. Es una expresión que encierra una contradicción fundamental, pues «paro» y «cívico» son dos términos antagónicos. Un «paro» nada tiene de «cívico». Un paro no puede ser cívico. Cívico quiere decir de ciudadanos, de gente educada y civilizada. En un paro la violencia está siempre presente, luego un «paro» no merece el calificativo de «cívico».
En el hablar colombiano, un paro es una huelga intempestiva y hasta ilegal. En castellano un paro es otra cosa: es «una interrupción o cese de una actividad laboral, particularmente la realizada por los patronos, en contraposición a la huelga de los empleados» (Santillana).
En Colombia la izquierda logró convertir la palabra «paro» en sinónimo de huelga, es decir, en un acto que puede ser legítimo y legal (si la huelga no es violenta), en un derecho obtenido por el mundo sindical y por los trabajadores. En cambio, en la acepción colombiana de «paro» está presente la noción de suspensión violenta de las actividades de una sociedad, o de una ciudad, o de una región. Peor: se supone que en un «paro» deben participar, voluntariamente o por la fuerza, todas las capas y clases de la sociedad, no solo los obreros y los trabajadores.
El invento de la fórmula «paro cívico» fue muy hábil. Un paro, es decir una huelga ilegal, nunca puede ser «cívica». Es un acto contrario al derecho y repudiable. Sin embargo, en la fórmula «paro cívico» esa connotación negativa desaparece o es neutralizada. Es