americana fijó un criterio: hay «conflicto armado interno» si la violencia es «intensa», «organizada» y genera «combates». Dudo que una universidad americana maneje hipótesis tan simplistas. Habría entonces que clasificar de esa manera una cantidad de ofensivas terroristas donde esos criterios aparecieron: en Estados Unidos contra los Weathermen, el SLA y Al Qaida; en Israel contra las facciones terroristas palestinas; en España contra ETA; en Italia contra las Brigadas Rojas; en Francia contra Acción Directa y el terrorismo islámico; en Alemania contra la Banda Baader; en Uruguay contra los Tupamaros; en Argentina contra los Montoneros y el ERP; en Perú contra Sendero Luminoso; en Turquía contra el PKK. La lista es larguísima. Ninguno de esos desafíos es clasificado de esa manera.
Otro grupo cree ver en Colombia un «conflicto armado interno» porque el Derecho Internacional Humanitario lo dice. Estos últimos quieren preservar un curioso arsenal normativo que, en ciertos casos, crea más problemas que soluciones. Esa legislación dificulta, e impide en algunos momentos, la defensa del Estado democrático contra la agresión terrorista, con el pretexto de la preservación de los derechos humanos. ¿Preservación para quién? ¿Se imagina lo que habría sido la lucha contra Al Qaida y contra el Estado Islámico si Estados Unidos se hubiera sometido a esas reglas? Ben Laden estaría de primer ministro en Pakistán y Abu Bakr al-Baghdadi sería el presidente de Irak.
Atornillar esa teoría en el CNMH le conviene a muchos, sobre todo al principal logro de los pactos Santos/Farc: la JEP. La justicia «especial» consiste en disculpar los crímenes de las Farc pues estos son, según el PCC, «actores políticos» que participan en una «pugna por el poder del Estado».
Luego la impunidad para los miembros del Secretariado y los otros verdugos de esa organización es un efecto lógico. Sin memoria amañada no hay justicia «especial». George Orwell escribió: «Quien controla el pasado controlará el futuro». En consecuencia, el Museo de la Memoria terminaría también siendo desviado y convertido en un monumento pro Farc.
Quien agita lo del «conflicto armado interno» trabaja, quiéralo o no, para implementar el pacto Santos/Farc, rechazado por los colombianos en el referendo de 2016, y para desmovilizar a Colombia ante la violencia de las Farc Segunda Marquetalia, y de su cómplice el Eln.
LA JEP Y SUS PESCAS MILAGROSAS
17 de febrero de 2020
EL ESPECTADOR Y OTROS MEDIOS HAN tratado de arreglar una historia de lo que ocurrió, según ellos, la semana pasada, durante las dos audiencias en las que el general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército de Colombia, habló en «versión voluntaria» ante la JEP.
Las «fuentes consultadas» que mencionan esos diarios no son creíbles: son los abogados de tres oficiales involucrados en el caso de falsos positivos de Soacha, ya juzgado, y en el que nunca estuvo involucrado el general Montoya. Es decir, son actores interesados. Luego ellos no pueden ser objetivos.
Peor: las «fuentes» de El Espectador pueden ser los mismos magistrados de la JEP que condujeron las audiencias del miércoles y jueves. ¿Violaron ellos el secreto judicial? No lo sabemos por el momento. Pero la investigación sigue.
Por ahora hay un hecho: ningún medio tuvo un periodista en esa audiencia, pues ésta era «reservada». Luego lo que dicen algunos matutinos bogotanos hay que tomarlo con cautela: es la interpretación de personas que pueden haber tratado de hacer pasar sus opiniones por hechos.
Hasta la televisión chavista trató de enredar las cosas. Hernán Tovar, de Telesur, a pesar de que no estuvo en la audiencia, gesticuló que el general Montoya «calló (pero pronunció cayó) sobre los falsos positivos». Y llegó al extremo de decir que si él no está dispuesto a auto inculparse «no debería estar asumiendo esta justicia especial para la paz». Increíble. Ese es el «periodismo» madurista que está tratando de implantarse en Colombia.
La JEP hizo su propia grabación de las audiencias. Pero de éstas no salió documento oficial alguno. No hay un acta, un auto, un documento sonoro, visual o escrito, que recoja con exactitud las declaraciones del general Montoya y lo que expresaron los magistrados. Empero, el 13 de febrero, El Tiempo tituló así: «audiencia contra general Montoya en la JEP». Ha debido escribir: «audiencia del general Montoya».
¿La JEP respetó la confidencialidad de esas audiencias? Existen dudas. «Sin que se hubiese terminado la primera audiencia del miércoles ya todos los medios de comunicación tenían conocimiento de lo expresado por mí. La información que suministré fue filtrada a los medios», reveló el general Montoya(12).
A esa audiencia la JEP no dejó ingresar teléfonos celulares. Sin embargo, los abogados tenían equipos informáticos. ¿La audiencia era realmente «reservada»? En febrero de 2019, tras la «versión voluntaria» de alias «Timochenko», jefe de las Farc, sobre los secuestros cometidos por esa guerrilla, pero sin presencia de las víctimas, la prensa no dijo nada substancial. ¿La reserva de esas audiencias es para las Farc y no para los militares?
La prensa no presentó una versión equilibrada de lo ocurrido la semana pasada. Mucho menos puede justificar la pertinencia de la palabra «indolencia» con la que unos medios creyeron útil condimentar sus artículos. Estos le reprochan al general Montoya haber sido «indolente con las víctimas». También le atribuyen una «falta de respeto». ¿A quién? ¿Cómo? Los medios no responden. Deslizaron esos vocablos y escondieron la mano.
Esos calificativos oprobiosos fueron sacados del cubilete del mago para afectar el buen nombre del general Montoya, en vista de que no tenían nada más para endilgarle.
Veamos más de cerca la cuestión. Vamos al punto central.
Desde agosto de 2015, el general Montoya ha estado dando explicaciones. El fiscal general Eduardo Montealegre, que proclamaba que iba a encarcelar al general, no lo hizo. No lo pudo hacer. No porque no quisiera (su odio antimilitarista de exmiembro de la JUCO es bien conocido) sino porque no encontró prueba alguna. Después, otro fiscal, Jaime Camacho, prometió lo mismo. No lo hizo.
Durante el periodo de Néstor Humberto Martínez la Fiscalía tampoco inculpó al general Montoya. La Fiscalía informó que entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 se reportaron 6 699 muertes en combate contra la subversión, y que de ese universo ella estaba investigando si en 2 429 casos se trató de asesinatos de civiles. Esa investigación no ha terminado. Luego no hay claridad siquiera sobre la cifra exacta de los llamados «falsos positivos».
En la audiencia del miércoles, el general Montoya afirmó una vez más que nunca dio una instrucción que fuera contra la Constitución, que no dio órdenes de matar civiles, ni de matar a nadie fuera de combate.
La posición de él no ha cambiado. El 10 de agosto de 2015, declaró ante la Fiscalía: «Yo estuve de comandante del Ejército de febrero de 2006 a octubre de 2008, eso da un total de 32 meses o 128 semanas. Y en esas 128 semanas, de acuerdo con el libro de programas del comandante del Ejército, en 92 oportunidades hice alusión al respeto por los derechos humanos, a la transparencia y a limpieza de las operaciones. Hasta la saciedad les dije: ‘Que se muera un inocente y no lo reconozcamos es un gran error, pero que se muera un inocente y lo hagamos pasar por bandido es un acto de cobardía’».
Sin embargo, el modelo de texto deliberadamente obscuro que adopta en estos días cierta prensa sobre este tema, quizá por hostilidad o por simple incapacidad para examinar los hechos con exactitud, es este: «La JEP ordenó la comparecencia del general (r) Montoya, ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a la JEP y en, por lo menos, 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ejecuciones
