Esto límites se aplican especialmente respecto de prerrogativas tributarias o expropiatorias por parte del Estado que en el caso de los anarco-capitalistas es considerado un robo.
Si bien, esta ética adquiere plena inteligibilidad respecto de las personas humanas, su mayor utilización y significación económica se ha volcado sobre las personas jurídicas, las organizaciones, y ante todo sobre las grandes corporaciones económicas. En ellas, la propiedad se despersonaliza bajo formas de grandes sociedades de responsabilidad limitada, o sociedades anónimas cuyo capital accionario se cotiza en bolsa y es fácilmente transferible.
En la práctica, el proceso de globalización ha enfrentado a Estados Nacionales cada vez más debilitados en sus opciones de política pública con grandes corporaciones transnacionales. Estas corporaciones imponen normas legales transnacionales originadas en agencias intergubernamentales y privadas respecto de la propiedad transnacional de inversiones, de servicios, de innovaciones y marcas industriales, etc., las que suelen entrar en conflicto con las normas legales de las naciones donde asientan sus inversiones. A un nivel más profundo el tema puede verse como una confrontación entre los derechos de propiedad de corporaciones transnacionales totalmente despersonalizadas en su responsabilidad y los derechos humanos y ciudadanos de los habitantes de las naciones donde localizan sus inversiones.
El mundo económico de hoy es, más que nunca antes, un mundo de instituciones y organizaciones empresariales vinculadas entre sí por una inextricable red de compromisos legales de tipo patrimonial. A diferencia de las personas humanas que son personas naturales, las organizaciones son personas jurídicas respecto de las cuales no cabe predicar derechos humanos porque las organizaciones como tales carecen de conciencia y voluntad, son meramente instrumentales. Sus derechos y obligaciones son patrimoniales y están reglados por las normas que regulan los contratos (públicos y privados) propios de la justicia conmutativa. Incluso aquellas instituciones dedicadas a satisfacer derechos humanos elementales (organismos de seguridad social, escuelas, hospitales, etc.) deben adquirir personería jurídica y quedan sujetas a normas patrimoniales que son fijadas mirando a las cosas que allí se administran y no a las personas que se benefician de esos servicios.
También por supuesto hay normas que regulan los derechos y deberes de las personas, códigos familiares y penales, normas morales escritas y no escritas, pero la justicia distributiva que se debe a las personas esta siempre mediada, en las organizaciones, por múltiples “costos de transacción” que limitan u obstaculizan su ejercicio.
En el mundo globalizado de hoy, las instituciones que regulan la justicia conmutativa aplicable a las organizaciones, especialmente a las organizaciones económicas transnacionales, tienden a predominar sobre las que regulan la justicia distributiva aplicable a las personas que son ciudadanos de los Estados. Las primeras se imponen en el ámbito de las empresas (que carecen de ciudadanía política) con mucha fuerza a través del proceso de globalización del capitalismo, en tanto que las segundas solo pueden operar a través de los sistemas políticos nacionales (o eventualmente supranacionales cuando varias naciones se integran para defender sus derechos).
El proceso de globalización del capitalismo es ante todo un proceso de transnacionalización de las empresas a escala global, o al menos, a escala supranacional, con la consiguiente consolidación de los cambios en los derechos de propiedad que son requeridos para un eficiente funcionamiento de la justicia conmutativa. En consecuencia, la justicia conmutativa aplicada a la lógica del capitalismo global predomina sobre la justicia distributiva aplicable a los sistemas políticos democráticos.
El desafío consiste en crear una cultura democrática consolidada a escala latinoamericana, atendiendo a las afinidades preexistentes, especialmente aquellas vinculadas a la común herencia que todavía subyace a nuestro ethos cultural. El objetivo fundamental debería ser el de lograr la prioridad de los derechos humanos y ciudadanos fundamentales de las personas sobre los derechos patrimoniales de las empresas. Esto no supone imponer a las empresas, y en especial a las micro, pequeñas y medianas, cargas económicas (salarios mínimos, por ejemplo) que no estén en condiciones de pagar, sino usar los mecanismos de la democracia política para consolidar las dimensiones económica y cultural de la democracia. También supone la aplicación de medidas correctoras de carácter redistributivo frente a las enormes asimetrías de poder económico existentes por ejemplo entre los grandes grupos económicos transnacionalizados, y las pequeñas y medianas empresas que tanto contribuyen a la generación de oportunidades de trabajo.
La revolución conservadora y sus políticas económicas
En 1980 se desatan las nuevas estrategias económicas de la, así denominada, “Revolución Conservadora” en los Estados Unidos (“reaganomics”) precedida por el viraje británico con Margaret Thatcher. Esta fecha (1980) podría también aceptarse como un punto de inicio de la propagación mundial de las tecnologías de la información que entronizaron el papel protagónico de las transnacionales en la economía mundial y dieron comienzo al proceso de globalización. Se transicionó, así, hacia economías cada vez más abiertas y orientadas por las estrategias de las empresas transnacionales en la búsqueda de sus ventajas competitivas.
La nueva teorización neoliberal de la década de los ochenta, desacreditó el papel de las políticas fiscales de gasto público (y especialmente de gasto social) tras la alta inflación de los años setenta en los Estados Unidos. La revolución conservadora alentó las políticas “monetaristas” (basadas, prioritariamente, en el manejo de la tasa de interés) y “ofertistas” (basadas en la reducción de impuestos a las empresas) para que los inversionistas privados, reemplazaran la inversión pública y asumieran un papel decisivo en la asignación de los recursos.
Las teorías de la oferta, (así denominadas teorías “ofertistas”) fueron promovidas por autores como Laffer, que pedía una reducción de la presión impositiva. Argumentaba que esta medida estimularía la inversión privada y el crecimiento económico, posibilitando, así, como consecuencia del crecimiento de la economía, una recaudación impositiva mayor con tasas tributarias menores.
De esta Revolución Conservadora de los años ochenta, deriva la posición económica neoliberal o libertaria. Su estrategia en América Latina es “crecimientista” (desarrollista en el más estrecho y economicista sentido de la palabra) y compatible con un recalcitrante “libertarismo” en el plano de la ética. Es “crecimientista”, si se acepta este barbarismo terminológico, a nivel de la economía en su conjunto, pero su libertarismo hace total abstracción de cualquier concepción igualitaria o solidaria, en el plano distributivo o social.
El neoliberalismo económico, fuertemente afín con las postulaciones ya examinadas de la economía neoclásica rechaza el salario mínimo porque el salario “debe estar fijado por las fuerzas del mercado” y los empresarios no pagarán salarios por encima de lo que, a juicio de ellos, produzca marginalmente el trabajador contratado. Por lo tanto, dicen que un salario mínimo sería “arbitrario” (es decir, no vinculado a las productividades laborales). Por ende, si se les obliga a aceptarlo, no contratarán trabajadores adicionales, no invertirán y la economía no crecerá, todo lo cual provocará, obviamente, un aumento del desempleo.
Este punto, desarrollado con la política y las prácticas salariales, merece una consideración más detenida. De un lado es necesario aceptar que la supervivencia y el desarrollo de la empresa privada exige salarios medios que sean inferiores a las productividades laborales medias correspondientes, como única manera de permitir ganancias y reinversiones en la rama productiva de que se trate. De otro lado, los neoclásicos también se ven obligados a aceptar que el salario fijado por el mercado puede no ser suficiente para superar la línea de la pobreza de los trabajadores contratados. Sin embargo, en tal caso se desligan del problema y lo traspasan al Estado, encargado de asistir a los desocupados o sub-ocupados.
En la versión neoliberal concreta de la política económica, propagada a partir de la, así denominada, “revolución conservadora” (“reaganomics”
