por John Stuart Mill) consista en desplazarse hacia posiciones de óptimo, según cuales sean sus preferencias de consumo o sus alternativas tecnológicas. El mecanismo es determinista, porque las premisas del modelo de la competencia “perfecta” y del comportamiento del “hombre económico” predeterminan matemáticamente los resultados del funcionamiento del mercado.
Los dos elementos sustantivos que realmente determinan en última instancia los precios, no son considerados materialmente por la teoría económica neoclásica. La teoría no entra en materia para determinar el contenido de las preferencias de los consumidores ni para determinar el ingreso real que determina su poder de compra. El contenido de las preferencias de los consumidores no es algo que, según la visión positivista de la economía neoclásica, le competa a la teoría, sino solo a los deseos del consumidor soberano. Del mismo modo, la magnitud del ingreso personal consumible forma parte de la distribución del ingreso real que, según los neoclásicos, tampoco es un tema que le competa a la ciencia económica. De otro lado las necesidades esenciales mínimas que todo ser humano debe satisfacer, y que los economistas clásicos (y también Marx) habían considerado bajo la noción de salario de subsistencia, desaparecen del espacio teórico neoclásico. Por lo tanto, la ética social queda fuera de tema al ser imposible determinar ni la justicia distributiva asociada a esos comportamientos, ni, tampoco evaluar la naturaleza o motivaciones de las conductas individuales que se expresan en el mercado. El utilitarismo queda como un trasfondo ético según el cual la utilidad total de los bienes es siempre positiva, lo que constituye una buena base para los excesos de una psicología consumista.
El proceso, formulado de manera matemática por los neoclásicos, que conduce al equilibrio estable de los mercados es inexorable. Está totalmente predeterminado por las premisas del análisis, y la única racionalidad que se presume en las partes contratantes es de naturaleza instrumental asociada a la noción de eficiencia. Consiste en optimizar los fines (ganancia de los productores o bienestar de los consumidores) para una dada dotación de medios. Pero la ética no entra en el análisis, o, mejor dicho, la única que “puede entrar” es la ética utilitarista en su versión más individualista y consumista, porque las preferencias se evalúan por niveles de satisfacción personal y no por el contenido bueno o malo, altruista o egoísta, justo o injusto de las decisiones de los actores. Esta racionalidad instrumental está perfectamente aislada de los ámbitos de la política y de la cultura. Además, la noción neoclásica de los “hombres económicos” supone que éstos se comunican entre sí solamente a través de los mercados, y su naturaleza “humana” carece de cualquier otra dimensión, no solo ética, sino tampoco cultural, lúdica o política.
Cuando a la teoría neoclásica, a partir del primer tercio del siglo XX no le quedó otro remedio que admitir, a regañadientes, que la competencia perfecta no existe y que los mercados se ven afectados por asimetrías de poder económico, de poder político o de poder cultural, entonces esa admisión trajo a colación la noción de “imperfecciones” del mercado. Es decir, se examinaron “desviaciones” a las premisas de la competencia perfecta. Aun así, la teoría microeconómica académica que todavía hoy se enseña mayoritariamente en Estados Unidos y América Latina, sigue considerando el mecanismo de la competencia más o menos pura o perfecta como el punto de partida para el estudio de la asignación de recursos. Una vez establecido ese artículo de fe, la teoría económica neoclásica estudia acotadamente algunas de las asimetrías de poder en los mercados bajo el rótulo de “imperfecciones de los mercados” (monopolio, oligopolio, teoría de juegos, competencia monopolística). Bajo estas imperfecciones que, obviamente no son tales, sino las condiciones reales en los mercados globales del mundo de hoy, emerge el tema de la responsabilidad de los actores más poderosos, por ejemplo, en las reflexiones recientes sobre la responsabilidad social empresarial.
Surge de aquí una conclusión importante en la esfera de la ética económica. Solamente reconociendo las asimetrías reales de poder que operan a través de los mercados es posible plantear los temas de la justicia conmutativa y distributiva que son inherentes a la ética social.
Estado y políticas públicas en el capitalismo
En la visión teórica neoclásica y en la práctica histórica concreta del capitalismo, tras la aparición del régimen soviético, la imagen del Estado era la del verdugo de la economía “libre”. Por lo tanto, los paradigmas de la teoría de la competencia perfecta se convirtieron no solo en un instrumento presuntamente científico para entender la lógica de los mercados capitalistas, sino también en un instrumento ideológico poderoso para enfrentar los excesos de la planificación estatal. Desde un punto de vista ético, también aquí se enfrentaba un determinismo donde la libertad y la creatividad humanas quedaban anuladas, o, mejor dicho, puestas al servicio de la construcción de una utopía: la sociedad comunista donde se hubiera superado definitivamente la sociedad de clases.
En los años treinta del siglo XX, la idea de la mano invisible y de la autorregulación de los mercados entró en una crisis profunda. La gran depresión de los años treinta demostró que el comportamiento microeconómico basado en los postulados de la competencia no lograba rescatar a la economía capitalista de una parálisis recesiva donde los niveles de actividad económica se hundieron y el desempleo alcanzó proporciones dramáticas. En ese momento histórico, el mensaje teórico del economista inglés John Maynard Keynes generó un fuerte impacto en las dinámicas y la lógica tanto del capitalismo como de la democracia.
La economía keynesiana legitimó el papel del Estado como agente económico. El Estado democrático liberal dejó de ser el verdugo del capitalismo, como en la Unión Soviética, para convertirse en su eventual salvador. Surgió otra macroeconomía como una rama nueva y bien establecida de la ciencia económica, y el liberalismo recalcitrante fundado en la autorregulación de los mercados cedió el paso a la legitimidad de las políticas públicas, fiscales, monetarias, y cambiarias del Estado.
El keynesianismo había nacido para salvar el capitalismo no para derrumbarlo, e impulsó la emergencia de una ética consumista, pues la dinámica del sistema capitalista, sufría decaimientos cíclicos de la demanda de bienes de consumo, y esta debía ser estimulada tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo la política fiscal y monetaria podía ayudar a paliar situaciones recesivas con baja utilización de la capacidad instalada, y, a largo plazo, la acumulación de capital, la publicidad exacerbada, la manipulación del consumidor, y la obsolescencia acelerada de los bienes se convirtieron en mecanismos de estímulos a la demanda efectiva que mantenía en funcionamiento la máquina capitalista. Los resultados de estas estrategias no solo han promovido el consumismo, sino también el despilfarro, “cargado a la cuenta” del medio ambiente humano y de la estabilidad de la biosfera.
Este papel del Estado como regulador y estabilizador necesario del capitalismo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se transfirió también a los sistemas políticos. El proceso de descolonización, y la fundación de las Naciones Unidas, crearon un espacio de acción en el ámbito de las políticas para el desarrollo. Tras dos guerras catastróficas y una crisis económica sin precedentes en la historia del capitalismo, apareció de nuevo la temática de la ética que había sido eclipsada del escenario en la primera mitad del siglo XX. La dignidad de los seres humanos se reconoció enfática y explícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El capitalismo regulado o de economía mixta y las socialdemocracias emergentes mostraron una cara del Estado regulador y benefactor, muy distinta a la cara del Estado opresor y autoritario del mundo soviético. Un tema muy importante de esta etapa histórica es el de la consolidación de la democracia en Europa Occidental. En ese momento histórico de posguerra la sociedad europea sufría varios riesgos. En primer lugar, el riesgo de ser absorbida por la ideología comunista, y, en segundo lugar, el riesgo de la fragmentación e irrelevancia políticas en un mundo donde las potencias hegemónicas presentaban una enorme escala en términos geográficos y demográficos.
La reacción europea ante dichos riesgos, liderada en medida importante por visiones socialcristianas
