Sin embargo, el golpe de gracia que desacreditó definitivamente esa apertura ficticia de la que se enorgullecía el presidente Arias fue la destitución, ordenada por Franco, del progresista ministro de Información, Pío Cabanillas, y la posterior dimisión del ministro económico, Antonio Barrera de Irimo.
Parece ser que estos cambios ministeriales fueron provocados por las presiones del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera, en relación con la decisión de aceptar el ministro de Información y Turismo, que se entrevistase a Felipe González en la televisión y, sobre todo, por la apertura de la pornografía en los medios audiovisuales y escritos, algo que Franco no podía consentir.
Los sustitutos elegidos por Carlos Arias con la aquiescencia del Caudillo, pues como dijo el propio presidente «el que manda, manda», fueron Cabello de Alba y León Herrera, curiosamente, ninguno de los dos adscritos al búnker.
Por otro lado, ya se cumplía un mes de la huelga de hambre del padre Xirinachs en Carabanchel, y con ese motivo, el SCPAC emitió un comunicado el 4 de enero como carta abierta dirigida al sacerdote, pidiendo el fin de su actitud, ya que el riesgo por su vida aumentaba. Este mensaje coincidió con la publicación oficial de la lista del nuevo gobierno en la que resaltaba que no había ningún representante del Opus Dei ni tampoco de los propagandistas, incorporándose destacadas personalidades de la política, la diplomacia y la empresa pública. El gabinete estaba compuesto por tres vicepresidentes del gobierno. El primero era el ministro de la Gobernación, José García Hernández; el segundo era el de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo; y el tercero fue el de Trabajo, Licinio de la Fuente; siguiendo a continuación el de Exteriores, Pedro Cortina Mauri; Justicia, Francisco Ruiz Jarabo; Ejército, teniente general Francisco Coloma Gallegos; Aire, teniente general Mariano Cuadra Medina; Marina, almirante Pita da Veiga; Planificación y Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano; Educación, Cruz Martínez Esteruelas; Relaciones Sindicales, Alejandro Fernández Sordo; Información y Turismo, Pío Cabanillas Gallas; secretario general del Movimiento, José Utrera Molina; Obras Públicas, Antonio Valdés González Roldán; Agricultura, Tomás Allende y García-Baxter; Vivienda, Luis Rodríguez de Miguel; Industria, Alfredo Santos Blanco; Comercio, Nemesio Fernández Cuesta y subsecretario de la Presidencia, Antonio Carro Martínez.
El programa de gobierno se basó preferentemente en la absoluta decisión de mantener el orden público, anunciando que haría uso de toda su autoridad con rigor y serenidad para defender el bien común y mantener un orden en cuyo marco los españoles pudieran ejercitar y desarrollar sus derechos y libertades. En el apartado económico se promocionaría a los sectores más necesitados en el intento de aumentar el nivel de bienestar, reforzando, a su vez, las estructuras políticas, con especial atención al tema de la participación política de los ciudadanos, que habría de ser promovida y estimulada, teniendo en cuenta la madurez cívica del pueblo. También se tendría especial atención a la juventud y confianza en el futuro; y finalmente, en lo que respecta al plano internacional, el gobierno contribuiría desde España a la paz del mundo, mediante la expresión y los lazos que unían a nuestro país con culturas colindantes y transatlánticas398.
Con la entrada de Pío Cabanillas en la cartera de Información y Turismo sustituyendo a Alfredo Sánchez Bella, se produjo una cierta apertura informativa, reduciéndose el carácter represor y sancionador bajo su mandato. Como ejemplo de ello, la televisión mostraba un tenue aperturismo en los contenidos informativos de los telediarios de la Primera y algunos programas culturales vanguardistas en la Segunda Cadena (UHF), todo bajo el denominado «espíritu del 12 de febrero». Sin embargo, este cambio de actitud no duró mucho, ya que la presión formulada por el sector más reaccionario del bunker encabezado por José Antonio Girón399 a través del diario Arriba, consiguió que en diciembre de ese mismo año Pío Cabanillas presentara su dimisión junto con otros destacados cargos del gobierno como Barrera de Irimo, Juan José Rosón, Juan Luis Cebrián, Francisco Fernández Ordóñez, Marcelino Oreja y Ricardo de la Cierva400.
En lo que respecta a la intensidad represora ejercida por el régimen parecía que todo seguía igual, pues a comienzos de año continuaban dictándose sentencias en el TOP. En efecto, el 6 de enero de 1974 comenzó el consejo de guerra, Causa Militar 106, contra Salvador Puig Antich, José Luis Pons Llovet y María Angustias Mateos Fernández, con dos penas de muerte exigidas por la fiscalía para Puig Antich y treinta años de reclusión para Pons. En su declaración, Puig Antich había confesado su pertenencia al MIL desde octubre de 1972. Después de cuatro días de juicio, Puig Antich fue condenado a la pena capital más treinta años de cárcel, Pons a treinta años y Mateos a cinco años.
Conocida la sentencia, 26 entidades sociales barcelonesas pidieron clemencia al gobierno sin resultado positivo, entre ellas los Colegios Oficiales que exigían la abolición de la pena de muerte, 53 periodistas y el Club Amigos de la UNESCO. Por el contrario, no hubo reacción gubernativa al respecto a pesar de que la presión internacional ejercida por grupos de ciudadanos contrarios a la injusticia ejercida por el régimen se hacía notar mediante manifestaciones contra los consulados españoles en Turín y Zúrich, extendiéndose posteriormente a otras capitales europeas.
La CCFPC también aportó su grano de arena difundiendo un comunicado en enero de 1974, declarando el atentado contra Carrero Blanco como un hecho de extraordinaria importancia, criticando a la vez las severas sentencias aplicadas por el TOP en los casos de militantes del M.I.L. y de CC.OO.
Sin duda este nuevo gobierno no entró con buen pie, pues no tardó mucho tiempo en recibir las primeras críticas de su gestión. En un artículo que hacía referencia a los medios de comunicación, se decía: «Vuelven los hombres de la Ley Fraga en referencia a Pío Cabanillas». El Concordato con la Iglesia fue otro punto de fricción donde el cardenal Tarancón anunciaba el 30 de enero de 1974 que era fundamental clarificar conceptos, ya que no era lógico pensar que la Santa Sede pudiera formalizar un tratado con un gobierno, sin asesoramiento de la Iglesia nacional interesada. Y por si fuera poco, el día 22 de enero, la peseta fue puesta en flotación de cara a la consecución de un cambio efectivo lo más constante posible. Esta noticia fue valorada positivamente por algunos especialistas, entre ellos Narcís Serra, economista y profesor de la UAB, quien calificó esa estrategia como una hábil maniobra.
Por otro lado, la conferencia ofrecida por Alfonso Osorio el 28 de enero en el Club Siglo XXI, con el título «Democratizar nuestra vida política sin modificar las Leyes Fundamentales», proponía un nuevo rumbo a seguir con la clara intención de preparar la próxima sucesión en la Jefatura del Estado. Los temas y propuestas eran variados, desde la monarquía hereditaria (garantizar a Felipe de Borbón como heredero), el papel del rey (no debe deponer a un jefe de gobierno), la representación política (consejeros nacionales, elección directa por mayores de edad), las asociaciones (todas dentro del Consejo Nacional del Movimiento) y la preocupación por la continuidad (franquismo sin Franco).
El 1º de febrero de 1974, Alfonso de Borbón, casado con la nieta de Franco, para salir de dudas ante algunos que pretendían la competencia con el príncipe Juan Carlos, hizo la siguiente declaración desmarcándose del camino a la corona: «El futuro está encarnado en mi primo, el príncipe de España».
El día 7, el consejo de guerra contra cuatro trabajadores detenidos por los sucesos de la Central Térmica del Besós sentenció a cuatro años de prisión a Manuel Pérez Ezquerra y un año para Leonardo Ferrero, Fernando Lozano y José Moreno. El día 13 se publicó la sentencia contra el sacerdote Lluís Mª Xirinachs por la que fue condenado a tres años de prisión, corroborando de esta manera la incansable persecución del régimen ante los contestatarios.
La reacción ante todos estos atropellos no tardó en llegar desde Cataluña y vino de la mano de trescientos intelectuales que firmaron un escrito pidiendo clemencia para Puig Antich, siendo todo esfuerzo en vano, ya que, el primero de marzo de 1974 se ejecutó la sentencia401. En un comunicado escueto, la prensa nacional informó del hecho:
«Esta mañana, ha sido ejecutado en la cárcel Modelo al garrote vil, Salvador
