La transición española. Eduardo Valencia Hernán
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Abril de 1975 fue un mes muy intenso en acontecimientos internacionales. El día 17 cayó Phnom Penh en manos de los Jemeres Rojos, finalizando así la guerra en Camboya, y el 30 del mismo mes se dio por concluida la guerra en Vietnam con la rendición de la ciudad de Saigón, capital de Vietnam del Sur, ante las tropas comunistas.
En España, con el asesinato de un policía en Bilbao el 8 de abril, y la continua inestabilidad social, el día 26 se volvió al estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya, practicándose numerosas detenciones que llegaron a sumar cerca de doscientas personas.
Desde Cataluña se alzaron voces de protesta en contra del estado de excepción y contra las penas de muerte pedidas contra militantes de ETA, concretándose en su máxima expresión mediante una declaración titulada «Catalunya amb Euzkadi». Sin duda el malestar en la oposición democrática iba in crescendo cuanto más apretaba el régimen la cuerda, véase la respuesta del profesor y político Enrique Tierno Galván en visita a Barcelona por aquellas fechas, cuando expresaba su confianza en que la ruptura democrática no produjera desgarrones; sin embargo, la cuestión era saber quién cedería antes en su empeño, problema que tendría una pronta solución con la muerte del Generalísimo.
Siguiendo la tónica del mes anterior, mayo de 1975 también fue un mes de los denominados «caliente» para el gobierno. Los conatos de manifestaciones y huelgas se concentraron esta vez en Madrid y Alicante, además de incidentes en Vigo, donde falleció un trabajador en FENOSA.
Por aquellos días se habían convocado elecciones de la Asociación de la Prensa de Madrid, siendo favorable el resultado a las candidaturas de los periodistas madrileños no afines al régimen, comentando estos después de la votación que se había resquebrajado una de las fortalezas más ultraconservadoras de los gremios profesionales.
Como ya era costumbre, el Generalísimo Franco y el príncipe Juan Carlos presidieron la XVIII Demostración Sindical, especial esta entre otras porque sería la última para el dictador y para los sufridos televidentes. Esa jornada también fue la elegida por los obreros, a través del Consejo Provincial de Trabajadores de Barcelona, para reclamar la legalización de un sindicato independiente del gobierno. Este, como era de esperar, respondió de la forma habitual, secuestrando esta vez el número de la revista Posible correspondiente a la primera semana de mayo.
La conclusión del juicio por el caso Matesa fue otro de esos temas pendientes arrastrados por el régimen en sus últimos coletazos, solución que se zanjó con la condena del empresario y encausado Juan Vilá Reyes, que estaba en libertad condicional, a 222 años de cárcel, pena que evidentemente no cumpliría. Esta noticia pasó rápidamente a segundo plano, pues todo estaba preparado para la visita a Madrid del presidente estadounidense Gerald Ford444, acontecimiento que eclipsó momentáneamente los problemas domésticos del gobierno, centrado en su política atlantista y teniendo como eje las bases militares americanas en el trasfondo del viaje.
En Cataluña, no pudieron culminarse en su totalidad el ciclo de conferencias sobre «Les terceres vies a Europa», organizado por el ICESB en los meses de abril y mayo, debido a las constantes prohibiciones efectuadas a causa de la creciente sospecha de atentar sus conferenciantes contra el régimen. Sin embargo, a pesar del control recibido, en algunas de ellas el éxito fue total, contabilizándose asistencias multitudinarias que algunas veces superaban las tres mil personas, como la realizada el 12 de junio de 1975 en el Colegio de Abogados de Barcelona. En la mayoría de estos actos participaron mayoritariamente representantes de la Asamblea como Joan Reventós, Josep Solé Barberà, Miquel Roca Yunyent, Josep Pallach, Anton Canyellas, Trías Fargas y Jordi Pujol. La importancia de este ciclo de reuniones tuvo su trascendencia, pues fue el preludio, meses después, del llamado Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC).
El 3 de junio de 1975, tuvo lugar en Madrid una manifestación en protesta por un nuevo consejo de guerra en Burgos, esta vez contra cinco presuntos activistas de ETA: Juan Mª Zubimendi, Íñigo de Loyola Alcaín, José Antonio Garmendia Artola, Ramón Arrieta y Juan Bautista Lasa. Nadie suponía en aquellos días que las condenas dictadas, la mayoría de muerte, provocarían una reacción internacional tan desmesurada contra Franco y su gobierno, llegando la implicación incluso al Vaticano, donde el propio pontífice Pablo VI tomó la iniciativa exigiendo clemencia por los reos, acto que provocó una conmoción interna en el dictador de la que no se recuperaría.
Pero, sin adelantar acontecimientos, en aquellos días también fueron noticia las declaraciones efectuadas por el exfalangista Dionisio Ridruejo desde Londres ante la BBC, desafiando al gobierno simplemente con sus propias autorreflexiones afirmando que en 1942 dejó de ser falangista por fuera y en 1947 por dentro, ya que la idea del falangismo se había disuelto lentamente para no ser más que una confusa constelación de hombres nostálgicos unos, utópicos otros, que creían que el pasado podía repetirse alguna vez. También sorprendía la valentía de ciertos sacerdotes de signo progresista, que expresaban sus ideas conforme al momento que se vivía, argumentando frases como que, si los curas se casaran, ya existiría la ley del divorcio en España. Así lo decía Antonio Aradillas, sacerdote y periodista, autor del «Proceso a los tribunales eclesiásticos».
Sin duda aquellos meses comenzaban a ser para el gobierno un lastre difícil de llevar, pues todo parecía ir en su contra, más si sumamos el fallecimiento el día 13 del ministro secretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, víctima de un accidente de tráfico. Aunque el cargo fue ocupado con rapidez por José Solís Ruiz que siguió en la línea continuista de su predecesor, era notorio que dentro del Ejecutivo había una sensación de provisionalidad en sus movimientos intentando dejar todo bien atado antes del irremediable final de un largo ciclo político.
En pleno mes de junio, Felipe González Márquez, recién elegido secretario general del PSOE en Suresnes (Francia), fue entrevistado en Barcelona, preguntándosele:
¿Por qué el PSOE se ha mostrado tan reticente a los hechos regionales?:
«El PSOE —decía González— fue la primera organización de clase trabajadora que dio una respuesta a los problemas de las diferencias regionales y nacionales del Estado español. Desde hace más de 50 años propugnó una Constitución federalista. También es cierto que ha habido durante algunas décadas una práctica centralista de la que se ha hecho un serio análisis autocrítico, como se deduce de las resoluciones del último Congreso, yendo a una formulación que adecua perfectamente la definición estatutaria con la práctica política. Para nosotros hay una unidad sustancial de intereses a nivel de clase trabajadora como resultado lógico de la confrontación de esta con la clase poseedora. Respetando esa unidad sobre la que habrían de definirse las líneas maestras de una estrategia de clase, creemos en la necesidad y posibilidad de que haya una respuesta nacional y regional de carácter socialista a los problemas específicos de todas las zonas diferenciadas del Estado español.»445
A primera vista, el mensaje del futuro presidente de la Nación fue esclarecedor, entendiendo que la estrategia a seguir por todo el movimiento socialista democrático en España iría supeditada a anteponer los intereses de la clase trabajadora a los problemas que pudieran ocasionar las diferencias regionales y nacionales dentro del Estado español. No obstante, la realidad fue otra, intercambiándose los objetivos previstos.
De nuevo, sorprende que, bajo la insistente política de