Juan Antonio Cuadrado Diago, Jordi Conill Vall, Antonio Campos Crespo, Manuel Moreno Mauricio, Ambrosio Ortega Alonso, Josep Solé i Barberà, Julián Hermoso, Antonio Rosell Oroz, Antonio Conca y Narciso González Rafael. Esta petición fue refrendada por otro telegrama enviado a la Presidencia del Gobierno desde Pax Christi, firmada por Enrique Vidal Ríos y Antonio Tomás Carrión.
De momento, por lo que se ve nada hacía cambiar la estrategia represora del régimen sin inmutarse de lo que pasaba a su alrededor, de tal manera que las detenciones de presuntos terroristas eran noticia en los diarios cada semana, llegando casi a la cotidianidad. Véase como ejemplo las detenciones practicadas a miembros de ETA el 10 de julio, buscando alguna relación con el atentado de Carrero Blanco o las efectuadas al día siguiente a 17 miembros del FRAP.
El mes de agosto entró con la misma tónica represiva que el anterior, siendo esta vez el agraciado el militante de ETA, Julio Pérez Beotegui (Wilson). El día 12 les tocó a tres miembros de la Organització de Lluita Armada (OLLA): José Llamola Camprodón, Margarita Plá Consuegra y Miguel Mulet Nicolau, y el 21 de agosto lo fueron los componentes de un comando mixto de ETA-UPG. No obstante, cabe decir que, en medio de todas estas detenciones, también hubo asesinatos de policías y fuerzas del orden, siendo el más conocido el de Lucio Rodríguez Martín, muy recalcado por el régimen como pretexto a las decisiones posteriores que acabaron con las ejecuciones de algunos de los condenados y con la reclusión de nueve militares pertenecientes a la Unión Militar Democrática (UMD), acusados de sedición. Así mismo, el día 9 comenzó el consejo de guerra contra los miembros de la Organización de Lucha Armada: Pedro Bartrés Ametller, Roberto Safont Sisa, José Ventura Romero-Tajes, Juan Jorge Viñolas Vidal, Ramón Carrión Sanchís, Nuria Ballart Capdevila, Enrique Conde Martínez, Raimundo Solé Sugrañes, Georgina Nicolau Milla y Guillermo García Pons. Sorprendentemente, la noticia de las condenas de estos activistas quedó en un segundo nivel eclipsada por la condena de un servidor de la información. Se trataba del juicio contra el periodista del diario Tele/eXpres, Josep Mª Huertas Clavería (el caso Huertas), que definitivamente fue condenado a dos años de cárcel.
A finales de agosto, con Franco todavía de vacaciones en Galicia, entró en vigor el Decreto Ley contra el Terrorismo, justo un mes después de la conclusión del estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya. Este nuevo ordenamiento dictaminaba las penas de muerte para los responsables de atentados terroristas que ocasionasen muertes; castigándose también la apología pública, el aplauso o la justificación de terrorismo.
La casualidad o el oportunismo político condujeron a que dos días después, José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui, miembros de ETA, fueran condenados a la pena capital.
Pero, en un periodo vacacional tan extenso, no todo fueron noticias relacionadas con la represión ejercida por el régimen a todo tipo de oposición o las acciones terroristas cometidas desde el otro bando, la extrema derecha, que también fueron numerosas. Véanse los atentados contra la librería «El Borinot Ros» o las pintadas hechas en el local de la asociación «Amigos de la ONU» donde habían participado en conferencias políticas Jordi Solé Tura y Pablo Castellano. También hubo otra serie de actividades lúdicas y culturales que aportaron su granito de arena en la lucha reivindicativa sin violencia añadida, como la celebrada el 14 de julio de 1975 en Canet de Mar, conocida como el festival de música de Les Sis Hores de Canet donde participaron los cantantes más populares y grupos musicales de la Nova Canço recordando actuaciones anteriores. Mientras que en 1974 actuaron, Toti Soler, Joan Isaac, Dolors Laffitte, Pere Tàpies, Ovidi Montllor, Pi de la Serra y Lluís Llach; en el año 1975 hubo nuevas incorporaciones, Falsterbo-3, Teresa Rebull, Marina Rosell, La Trinca, Mª del Mar Bonet y Rafael Subirats, repitiendo también algunos del año anterior.
Un mes después, tuvo lugar el Congrés de Cultura Catalana donde los «intelectuales de Montserrat» llamaron a la participación colectiva, según lo aprobado en la reunión del 7 de junio anterior, exponiendo en su comunicado los tres puntos esenciales del mismo. Estos eran:
«Que habiéndose recibido más de quinientas adhesiones de la declaración aprobada en Montserrat, esta se pone a disposición del Secretariado Provisional del Congrés de Cultura Catalana.
Que ha examinado el proyecto de realización del Congrés de Cultura Catalana aprobado por el Secretariado Provisional y considera que es un paso adelante en el sentido de ampliar la representatividad de los organismos del Congrés. Por eso, de acuerdo con el cuarto punto de la declaración de Montserrat acepta participar en la formación de la futura Comisión Permanente con otros sectores populares, culturales y profesionales de todos los países catalanes.
La Comisión quiere recordar, que una de las tasques primordials del Congrés es la recerca de les bases de la propia identitat, y por eso se dirige a todo el pueblo de los países catalanes para que realice el Congrés y lo anima, desde ahora, a todas las iniciativas.»455
Estaba claro que la Comisión de Intelectuales consideraba que el Congreso de Cultura Catalana debía ser el marco idóneo para extender el mensaje de poder recuperar la propia identidad catalana, pero, por otro lado, esta comisión debía continuar ejerciendo su influencia a través de la Asamblea, generando un entorno idóneo, a través del cual, no habría separación entre la pura reivindicación social con la cultural y nacional. Los seis primeros firmantes de lo que se conoció como la Declaració de Montserrat fueron: Joan Miró, Josep Lluís Sert, Antoni Tàpies, Joan Oliver, Salvador Espriu y Raimon.
En septiembre de 1975 dio comienzo un nuevo curso político, calificado por la prensa oficial como otro otoño apático y tranquilo; sin embargo, nada en esos momentos podía ser igual, ya que se acercaban a pasos agigantados los momentos más cruciales para un régimen decadente, aunque todavía con fuerza para dar su último zarpazo.
El día 5, la situación en Vizcaya seguía muy tensa, entre otras cosas por los cinco mil trabajadores que estaban en paro. Sin embargo, como era previsible el silencio informativo fue total, pues la televisión pública, como si nada ocurriera, se dedicaba a entretener a los espectadores con las maniobras realizadas por el mago Uri Géller, que nos dejaba a todos boquiabiertos con la puesta en marcha de relojes y las dobladuras de cucharas, usurpándonos de una realidad no tan agradable y más cercana.
La resolución de los numerosos consejos de guerra continuaba a un ritmo acelerado. Los últimos se celebraron el día 11 de septiembre contra cinco miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y el día 20 con la condena del etarra Txiki a la pena capital. El gobierno consideraba esta forma de represión como una salida favorable en su combate contra el terrorismo, por lo que, al menos mientras Franco viviese continuaría en su empeño. Otras detenciones tuvieron como protagonistas a miembros del FRAP, del Partido del Trabajo de España (PTE), del Movimiento Comunista de España (MCE), del Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) y de los anarquistas456.
Recordemos como breve recordatorio que el FRAP era un movimiento revolucionario creado en enero de 1971 en París en el que participaron el PCE(m-l), Comités antiimperialistas, Frente Español de Liberación Nacional y Vanguardia Socialista, aunque su constitución oficial fue en París el 24 de noviembre de 1973 siendo Julio Álvarez del Vayo su presidente. Sus puntos programáticos se basaban en la derrota de la dictadura franquista y del imperialismo yanqui, con la idea de establecer una república popular y federativa que respetase los derechos y las minorías nacionales, que nacionalizase los bienes monopolísticos, que desarrollase la reforma agraria, que liquidara el colonialismo español y fundase un ejército del pueblo. Su órgano de prensa fue la revista Acción.
Por su parte, el PTE era la nueva denominación del PCEi desde febrero de 1975 por su ingreso en la Junta Democrática de España. Esta organización posteriormente participó en la Plataforma de Convergencia Democrática y en el CFPC. La dirección a nivel estatal estuvo a cargo de Eladio García Castro, alias «Ramón Lobato». En Cataluña este partido fue muy activo constituyendo la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT),
