La transición española. Eduardo Valencia Hernán
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Por otro lado, el PORE se fundó en agosto de 1974 fruto de la evolución de la Organización Trotskista como sección española de la Liga Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional (LIRCI).
En Barcelona, mientras se materializaba el relevo entre el alcalde saliente, Enrique Massó Vázquez, y el entrante, Joaquín Viola457, la Asamblea y la CCFPC en sendos comunicados publicados en septiembre de 1975 resumían en líneas generales la situación político-social de España en esos momentos:
«El 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña, coincide con una situación política especialmente grave. La Dictadura ha implantado un Estado de excepción que denomina cínicamente “Ley Antiterrorista” con la pretensión de parar la marcha decidida de nuestro pueblo hacia la libertad y de poder asesinar impunemente a los patriotas revolucionarios vascos Garmendia y Otaegui. Es necesario dar una respuesta decidida al régimen y salvar la vida de los compañeros vascos. ¡Basta de penas de muerte! ¡Fuera el decreto terrorista!»458
A tal efecto, la Asamblea convocó una manifestación en la Plaza Cataluña el 11 de septiembre a las ocho de la tarde, mezclando diferentes mensajes favorables a sus tesis: por un lado, la reivindicación identitaria, y por otro, la lucha por las libertades civiles y sociales, encarnadas en aquel momento en la lucha contra la Ley Antiterrorista y la desaparición de la pena de muerte. Pese a la presión policial, más de cinco mil personas se manifestaron por la calle Aribau hacia la Avenida Diagonal con gritos de «¡Salvemos a Garmendia y a Otaegui!», «¡Cataluña con Euzkadi!», «¡Fuera la pena de muerte!»459.
Una semana después también la Iglesia emitió un comunicado de condena del terrorismo y a su vez pidió clemencia para los condenados a muerte. Sin embargo, todos estos esfuerzos fueron en vano ya que ese mismo día fueron condenados a la pena capital: Ramón García Sanz, Manuel Cañaveras de Gracia, José Luis Sánchez Bravo Sollas, Concepción Tristán Gómez y Mª Jesús Dasca Penelas.
En Europa, tras conocerse la noticia de las condenas, se multiplicaron las manifestaciones de repulsa y se ocupó la Embajada española en Bonn; incluso Pablo VI llamó a la clemencia en España tras deplorar cualquier tipo de gesta criminal:
«Entre aquellos que hoy hieren nuestro corazón pastoral —decía Pablo VI— hay algunos que señalamos a vuestra humana y cristiana sensibilidad; las condenas a muerte de los terroristas de España, de los cuales también nosotros deploramos las gestas criminales, pero que desearíamos redimidos por una justicia que sepa afirmarse magnánimamente en la clemencia.»460
Ante las inminentes ejecuciones, se supo posteriormente que el Papa había pedido tres veces al Caudillo clemencia por la vida de los reos, sin tener éxito en su empeño. A raíz de las protestas hubo multitud de detenciones; entre ellas los de tres supuestos miembros de ETA junto con 35 militantes del PTE y Joven Guardia Roja en Zaragoza y algunas detenciones en Valencia de miembros del FRAP. Por otro lado, en Barcelona, el día 10 fueron detenidos tres militares de la UMD, justo algunos días antes de un atentado de la extrema derecha contra la editorial Ruedo Ibérico en París donde el Grupo Antiterrorismo contra la ETA (ATE) reivindicó el atentado, y para completar la «faena» represiva, el 24 de ese mismo mes, el TOP resolvió sentencia contra 21 miembros del PSUC.
Todo parecía indicar una apuesta del gobierno por controlar la situación a partir de la represión, aunque el resultado fuera contrario a sus deseos, pues no hizo más que provocar la ira de una oposición cada vez más enfrentada con el régimen. En Barcelona se efectuó un encierro simbólico en el Colegio de Abogados como medida de presión y, fuera de nuestras fronteras, el Parlamento Europeo pidió a la CEE que congelase sus relaciones con España, propuesta que fue aceptada el día 2 del mes siguiente. En París hubo diversas manifestaciones, lo mismo que en otras ciudades francesas, incluso se llegó a incendiar una sucursal del Banco Popular Español en la capital francesa. En Dusseldorf tuvo lugar una batalla campal frente a las oficinas de Iberia. En Roma hubo una marcha de protesta contra el gobierno español junto al boicot a la correspondencia española, y en Lisboa se efectuó el saqueo e incendio de la Embajada española. Para finalizar, México pidió la expulsión de España de la ONU.
Sin embargo, nada hizo cambiar la decisión de Franco, pues el 27 de septiembre, cinco de los condenados fueron fusilados. No obstante, el jefe del Estado ejerció la gracia de indulto sobre los otros seis condenados a muerte, conmutándolos a treinta años de prisión.
José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo fueron ejecutados en Madrid, y los etarras, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui, en Barcelona y en Burgos. El resto de los condenados: José Antonio Garmendia Artola, Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Blanco Chivite, Manuel Cañaveras de Gracia, Mª Jesús Dasca y Concepción Tristán fueron indultados.
La presión internacional se hizo asfixiante cuando ocho países llamaron a sus embajadores a consultas como acto de disconformidad con lo ocurrido, respondiendo el gobierno con la convocatoria de una macro manifestación a favor suyo. En efecto, el primero de octubre, ante cerca de un millón de personas, según datos gubernativos, el Generalísimo hizo acto de presencia en su última alocución ante sus seguidores. Entre otras cosas, dijo:
«El pueblo español no es un pueblo muerto al que se le puede engañar (…) Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece.»461
Ese mismo día, el presidente del gobierno, Carlos Arias denunció la injerencia de algunos países en los asuntos internos españoles, comentando que nada le desviaría del compromiso en el empeño de asegurar el imperio de la ley. Estas frases, fuera de contexto frente a lo sucedido en los días anteriores, encontraron fácil comprensión cuando el día después de la concentración multitudinaria fueron asesinados cuatro policías armados: Antonio Fernández Ferreiro, Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro y Miguel Castilla Martín. El día 6, de nuevo tres guardias civiles más cayeron en acto de servicio, llegando la jornada a ser declarada por el gobierno como siniestra.
Como era natural, ante la situación de máxima tensión política, la prensa no afín al régimen fue la primera en recibir los primeros impactos represivos. Los informativos Blanco y Negro, Mundo, Destino y la revista humorística Por Favor fueron secuestrados; incluso el periodista Antonio Burgos llegó a ser detenido y posteriormente puesto en libertad.
Tras los fusilamientos continuó la presión internacional contra el gobierno español, incluso Olof Palme, primer ministro socialista sueco, se apuntó a una colecta en favor de la oposición española en su lucha contra el régimen franquista. No obstante, poco a poco, todo volvió a la normalidad con el regreso de los distintos embajadores, entre ellos los de Francia y Holanda.
El día 7 de octubre, Lluís Mª Xirinachs fue puesto en libertad un año antes de finalizar su condena, pues estaba preso desde diciembre de 1973. Lo extraño de este hecho fue que coincidiera con la publicación del premio Nóbel de la Paz, donde Xirinachs era candidato; premio que se concedió al ruso Andrej Dimitrievic Sajarov.
Pero todavía el mes de octubre guardaba alguna sorpresa al gobierno, y esta saltó el día 15 cuando se publicó el informe de la misión de la ONU destacada en el Sahara Español, por la que estaba de acuerdo con las tesis de autodeterminación del pueblo saharaui, y en sí, favorable también a España. En vista del resultado, el rey Hassan II de Marruecos anunció una gran «Marcha» sobre el Sahara Español, resultando de esto una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU a propuesta del embajador