comparación entre los ancianos y el resto de la población activa tiende a confirmar que los países de la región presentan crecientes tasas de participación económica en la vejez. Este hecho podría vincularse con las reformas introducidas en los sistemas de pensiones durante los años noventa, que “endurecieron” las condiciones de acceso a las prestaciones. Por tanto, el acceso a estos beneficios se produce a edades más tardías o con un nivel deficiente de tasa de reemplazo, lo que incentiva a jubilados y pensionados a mantenerse ocupados el mayor tiempo posible.
En América Latina, el incremento en la participación económica de los ancianos se ha producido en un contexto caracterizado por la desregulación del mercado del trabajo y por la introducción de nuevas formas contractuales como la subcontratación de servicios y los contratos a plazo fijo. Estas prácticas han tendido a reducir los costos laborales y han precarizado el empleo para toda la población y con ello se han alcanzado elevados niveles de empleo informal en todas las edades.
En América Latina desde 2005 se ha observado un crecimiento sostenido de la tasa de participación de los mayores de 60 años en la fuerza laboral ya que un poco más de tres de cada diez ancianos están trabajando o buscando empleo de manera activa. Otro aspecto que llama la atención en relación con la participación económica en la vejez es que el aumento de los mayores de 60 años en la fuerza laboral está constituido especialmente por mujeres. En Argentina, Brasil y Paraguay, por ejemplo, se ha duplicado la fuerza laboral femenina mayor de 65 años desde la década de 1990. Este fenómeno puede estar relacionado con la incapacidad de los sistemas de seguridad social de brindar protección de ingresos a las mujeres de edad avanzada, quienes, aunque cuenten con beneficios previsionales adquiridos por viudez, obtienen menos recursos económicos que los hombres.
Por otra parte, dada la escasez de puestos de trabajo en el mercado laboral, tradicionalmente se espera que los ancianos dejen su sitio a los jóvenes. A partir de este supuesto, se han elaborado las políticas laborales de la mayoría de los países en desarrollo, donde el empleo formal es poco frecuente y es difícil para los numerosos jóvenes desempleados encontrar un puesto de trabajo en el sector formal. De ahí el temor de que la situación empeore si los trabajadores de edad siguen prolongando su vida activa.
Entre los hombres la participación laboral alcanza su máximo (97%) entre los 30 y los 49 años. Hacia los 50-59 años sigue siendo del 86%. Después de los 60, es decir, después de la edad teórica de jubilación, la participación laboral masculina cae progresivamente, pero sigue siendo elevada: 54,4% a los 65 años; 42,4% a los 70 años; 26,1% a los 75; entre 10 y 11% después de los 80 años. Es evidente que después de los 60 años, la tasa de participación laboral masculina comienza a descender. Sin embargo, la disminución es menos pronunciada en los estratos sociales más pobres. Los viejos y pobres carecen casi siempre de pensiones o de ingresos de capital y se ven obligados a laborar (o a buscar empleo) hasta edades muy elevadas.
La participación laboral de las mujeres alcanza su máximo (60%) entre los 30 y los 39 años. Ese pico es mucho más bajo que el masculino. Luego comienza a caer: 49% entre los 40 y los 49 años; 32% entre los 50 y los 59; entre los 65 y los 70 es apenas del 10%, y entre los 80 y los 84 es del 4%. Después se desvanece. De la misma manera, se evidencia que la tasa de inactividad femenina duplica la de los hombres, lo cual se suma al panorama desfavorable de las mujeres para participar de los amparos derivados de la actividad laboral. El incremento de la informalidad de los ocupados es ostensiblemente notorio para el grupo de los mayores de 60 años y afecta más drásticamente a las mujeres, lo cual, asociado a las condiciones de precariedad de estos empleos, permite inferir que su situación en términos de protección es aún más precaria, principalmente en lo que respecta al amparo por pérdida o disminución de los ingresos en la vejez.
Este panorama obedece, entre otras razones, a los bajos niveles de calificaciones básicas y fundamentales que tiene la población de edad avanzada como, por ejemplo, los escasos niveles de alfabetización y capacidad de cálculo. De este modo, la demanda por nuevas calificaciones y conocimientos pone a muchos trabajadores ancianos en situación de desventaja, ya que es probable que su formación anterior haya quedado obsoleta. Es probable que este panorama se modifique en el futuro dado el incremento del nivel de formación de la población general. Como parte del abanico de intervenciones para mejorar la empleabilidad de los ancianos se encuentran la oferta de educación permanente, el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y la creación de condiciones de trabajo seguras y adecuadas.
El alto nivel de participación económica de los ancianos no corresponde necesariamente a una elección voluntaria, más bien es resultado de la escasez de opciones con las que cuenta para enfrentar sus necesidades económicas, que pueden ser muchas, especialmente debido a los altos costos de la atención en salud. Además, con frecuencia es una inserción precaria. No es de extrañar, entonces, la presencia de una relación directa entre la cobertura del sistema previsional y las tasas de participación de los ancianos en la actividad económica.
Las bases demográficas, sociales y económicas a partir de las cuales se diseñaron los dispositivos de protección social en Latinoamérica, se han modificado. Con excepción de un número limitado de países, el principal dilema es la baja cobertura de las prestaciones. En el caso específico de las transferencias del sistema de seguridad social, las estadísticas muestran que cerca de la mitad de la población anciana no accede a una jubilación o pensión para enfrentar los riesgos derivados de la pérdida de ingresos en la vejez. Esto se debe, principalmente, a la fuerte orientación de tipo contributivo que han tenido los sistemas de seguridad social y que deja fuera a un importante segmento de la población, compuesto, entre otros, por mujeres, campesinos, trabajadores informales y migrantes quienes, pese a la contribución social que hayan realizado durante su vida, no cuentan con una garantía suficiente de recursos económicos en la vejez.
La participación económica, la seguridad social y los apoyos familiares son las principales fuentes de ingreso en la vejez. La importancia relativa de cada mecanismo cambia de un país a otro según el grado de desarrollo económico e institucional, las características del mercado laboral y la etapa de transición demográfica. En los países desarrollados, con sistemas de seguridad social más evolucionados, una amplia proporción de ancianos depende únicamente de los ingresos obtenidos por concepto de jubilación o pensión y el ingreso por remuneraciones laborales va perdiendo importancia a medida que la edad avanza. En América Latina y el Caribe, en cambio, las estrategias económicas de la actual generación de ancianos son diferentes. A causa de vivir en contextos con una baja cobertura de jubilaciones y pensiones, la participación laboral de las personas de edad en la región aumenta y la ayuda familiar se vuelve vital cuando no se perciben ingresos de ninguna especie.
En Colombia, los ingresos de las personas están estrechamente vinculados al comportamiento del mercado laboral, dado que para la gran mayoría de los colombianos sus ingresos provienen de su trabajo. Por consiguiente, una adecuada protección de los ancianos ante la reducción o pérdida de recursos económicos para satisfacer sus necesidades está relacionada íntimamente con el comportamiento de sus ingresos, más cuando se considera que los principales mecanismos de protección para la vejez dependen de su capacidad para construir y aportar, durante su etapa laboral, el capital necesario para una pensión que le permita vivir cuando llegue el cese de su vida productiva.
En el país, la fragilidad de la protección del anciano es, fundamentalmente, el resultado de las tendencias del mercado laboral y de la íntima vinculación de este con el sistema de seguridad social. En la práctica, el sistema de aseguramiento social está fundado en la contribución que hacen empleadores y trabajadores en el marco de una relación laboral, de manera que su cobertura real se limita al sector formal de la economía, el único cuyas condiciones
