Universidad de Viña de Mar, 1, pp. 41-70
Bayón, J.C. (2004). “Democracia y derechos: Problemas de fundamentación del constitucionalismo”. En J. Betegón, F. Laporta, J. R. de Páramo y L. Prieto (coords.), Constitución y derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Benhabib, S. (2006). “Modelos de espacio público. Hannah Arendt, la tradición liberal y Jurgen Habermas”. En El Ser y el Otro en la ética contemporánea. Feminismo, comunitarismo y posmodernismo, Barcelona: Gedisa, pp. 105-138
Böckenförde, E. W. (2000), “El poder constituyente del pueblo. Un concepto límite del Derecho constitucional”. En Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Madrid: Trotta
Carrió, G. (1990). “Sobre los límites del lenguaje normativo”. En Notas sobre Derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 4ª ed.
Colon-Ríos, J. (2012). Weak Constitutionalism. Democratic Legitimacy and the Question of Constituent Power, London-New York: Routledge
Constant, B. (1989). Escritos políticos, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales
De Cabo, C. (2014). “Capitalismo, democracia y poder constituyente”, en R. Martínez Dalmau (ed.), Teoría y práctica del poder constituyente, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 13-29
Ferrajoli, L. (1999). “La soberanía en el mundo moderno”. En Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid: Trotta, pp.125-175
Ferrajoli, L. (2011). Principia iuris. Teoría del Derecho y de la democracia, Madrid: Trotta
Ferreres, V. “Una defensa de la rigidez constitucional”, Doxa, vol. 23, pp. 29-47
Guastini, R. (2000). “La Constitución como límite a la actividad legislativa”, Derechos y libertades, 8, pp. 241-252
Guastini, R. (2016). La sintaxis del Derecho, Madrid: Marcial Pons
Habermas, J. (1998). “La soberanía popular como procedimiento”, en Facticidad y validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de Derecho en términos de teoría del discurso, Madrid: Trotta
Kelsen, H. (1960). Teoría pura del Derecho, México: Porrúa
Luciani, M. (1996). “L’antisovrano e la crisi delle costituzioni”, Rivista de Diritto Costituzionale, vol.1, pp. 124-188
Martínez Dalmau, R. (2014). “El debate sobre la naturaleza del poder constituyente: elementos para una teoría de la Constitución democrática”. En R. Martínez Dalmau (ed.), Teoría y práctica del poder constituyente, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 67-119
Pérez Royo, J. (2018), Curso de Derecho constitucional, Madrid: Marcial Pons, 16ª ed.
isarello, G. (2014), “Democracia y proceso constituyente: el regreso de un vínculo”, en R. Martínez Dalmau (ed.), Teoría y práctica del poder constituyente, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 31-65
Prieto, L. (1990). Estudios sobre derechos fundamentales. Madrid: Debate
Prieto, L. (1997). Constitucionalismo y positivismo. México: Fontamara
Prieto, L. (2001). “Constitución y Parlamento”, Parlamento y Constitución, nº 5, pp. 9-37
Prieto, L. (2003). Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid: Trotta
Prieto, L. (2013). El constitucionalismo de los derechos. Madrid: Trotta
Prieto, L. (2016). “Neoconstitucionalismo y positivismo”. Crónica Jurídica Hispalense, nº 14, pp. 263-279
Ruiz Miguel, A. (2013). “Ferrajoli y la democracia”, Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XXIX, pp. 193-213
Waldron, J. (2005). Derecho y desacuerdos, Madrid: Marcial Pons
* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación “Reforma constitucional: Problemas filosóficos y jurídicos” (DER2015-69217-C2-2-R) concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad.
** Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha.
1 Limitado el poder constituyente al momento fundacional y entendiendo que el valor normativo de la Constitución implica su agotamiento, no es posible concebirlo como un poder soberano absoluto, siempre disponible y en constante actividad (Luciani, 1996, p. 143-150). Se repite aquí la idea de Benjamin Constant o Luigi Ferrajoli de que en un Estado de Derecho cualquier poder soberano solo existe de una manera limitada y relativa (Constant, 1989, p. 9; Ferrajoli, 1999).
2 En alguna ocasión habla de “constituyente” en relación con la voluntad mayoritaria acerca de la moralidad que resulta plasmada en el texto constitucional (Prieto, 1997, p. 74).
3 “El razonamiento jurídico”, afirma en otro lugar, “por depurado que resulte, se inscribe en un aparato institucional y no carente de coacción, es en la práctica asimétrico y en cualquier caso no asegura la moralidad del resultado” (Prieto, 2016, p. 276).
4 Luis Prieto menciona, por ejemplo, la redacción especialmente prolija y confusa del artículo 27 de la Constitución española que encarna planteamientos diversos y opuestos de filosofía educativa. ¿No habría sido deseable otra redacción de un derecho tan central como el derecho a la educación? Efectivamente, como afirma Luis Prieto, la redacción de este artículo es el resultado del esfuerzo por lograr un consenso constituyente entre opciones confesionales y laicas. Pero ¿no sería posible considerar que una de esas opciones habría sido más adecuada como principio rector de la política educativa?
5 Si el carácter normativo de la Constitución quiere decir que está dotada de un contenido material que se postula como vinculante (Prieto, 2003, p. 111), la supremacía significa que la Constitución condiciona la validez de todos los demás componentes del orden jurídico y representa frente a ellos un criterio de interpretación prioritario. La Constitución no vincula a autoridades y ciudadanos a través de la ley, sino con independencia y por encima de ella. En el constitucionalismo se modifica el modelo jerárquico de una visión positivista del Derecho: no es solo que la Constitución condiciona la labor legislativa y es aplicable por los jueces a través del tamiz de la ley, sino que pretende proyectarse sobre el conjunto de los operadores jurídicos a fin de configurar en su conjunto el orden social (Prieto, 2003, pp. 116, 121, 166). La fuerza normativa de la Constitución quiere decir que los poderes constituidos están obligados a cumplirla, que tienen el deber de respetar los límites formales y sustanciales que la Constitución establece. En este sentido, la supremacía supone un derivado del contenido mínimo de la idea de Estado de Derecho, esto es, la exigencia de que los poderes deben actuar con arreglo a normas previas y conocidas (Prieto, 2003, p. 153). Conforme a esto, como afirma Bayón coincidiendo con Luis Prieto, la objeción democrática, entendida como tesis que sostiene que las normas del pasado no deberían condicionar lo que se puede decidir en el futuro, descansa en un error conceptual porque es inevitable que las decisiones institucionales descansen en normas preexistentes (Bayón, 2004, p. 134). El fundamento de esta supremacía radica en la mayor fuerza que se reconoce
