la causa austracista.
La primera reunión que celebró la Generalidad bajo dominio austracista de la que tenemos constancia escrita, se produjo el 18 de diciembre de 1705 y en ella se procedió a la entrega de 100 fusiles a Emmanuel Moscoso, sargento mayor, para la defensa de Carlos III rey de Valencia. En la siguiente, junto a disposiciones rutinarias, la diputación recibió de Basset el privilegio de Excelencia de Justicia y a diputados y síndico se les concedió el tratamiento de Señoría de Justicia.5 Se vivieron inciertos momentos en los que la coyuntura perfiló el contenido de las decisiones sin atisbo de ideario político, ni voluntad de alterar la organización ni las funciones de la institución. Apenas la concesión del privilegio de excelencia mostraba el empeño en congraciarse con unos representantes institucionales elegidos bajo el gobierno intruso, pertenecientes a grupos sociales poco proclives a su causa y que permanecían en sus cargos pese al cambio político sufrido. No obstante, estas tibias actuaciones no podían prolongarse, pues la mudanza dinástica requería medidas acordes al cambio experimentado. Su constatación llegó con la decisión de enviar una embajada a Barcelona a besar la mano del nuevo rey.6 El elegido fue el reverendo Vicente Carroz Pardo de la Casta al que únicamente le faltaron dos votos para alcanzar la unanimidad entre electos estamentales y diputados. Paradójicamente, a causa de los esfuerzos económicos ya realizados, los diputados proveyeron esta embajada con los remanentes de la frustrada del conde de Carlet, concebida para pedir ayuda a Felipe V frente a Carlos III.7
La presencia de Basset como autoridad al frente de Valencia fue breve. Terminó en febrero, con la llegada del militar inglés Lord Peterborough y del nuevo virrey electo, el conde de Cardona, por lo que las posibilidades que tuvo de ejecutar las promesas de reducción impositiva que le granjearon el favor del campesinado8 fueron escasísimas. Tan sólo dejaron constancia de su actividad en este sentido los bandos publicados con una serie de exenciones para los ciudadanos de Valencia. No obstante, los testimonios nos hablan también de una dura política represiva y de la incautación de bienes de ciudadanos partidarios del Borbón.9 Unida a la brevedad de su mandato está la sombra de la guerra como factor desestabilizador, minando la consolidación de lo que había constituido el ideario del austracismo en Valencia, si es que en algún momento las promesas de reducción de cargas hubiesen podido cumplirse. La amenaza del ejército borbónico, intentando cercar la ciudad desde la vecina Moncada con diferentes escaramuzas en Chiva o Burjassot,10 constituyó un permanente quebradero de cabeza para el líder austracista. Institucionalmente, la necesidad de reemplazar a las autoridades forales que habían abandonado la ciudad y de satisfacer las exigencias populares, propiciaron falta de rigor e improvisación en muchas de sus decisiones.11
1.1 La resistencia al acoso borbónico
Basset aprovechó el papel de la Generalitat en cuanto gestora de la hacienda valenciana y responsable de la casa de las armas, involucrándola activamente en la defensa de la capital. Ante la proximidad de los enemigos, el general valenciano decidió utilizar a los gremios en la custodia de la muralla de Valencia ordenando a los diputados que repartiesen armas entre ellos. Los diputados acordaron la distribución el día 2 de enero, pero la entrega a los síndicos de los distintos gremios no comenzó hasta el día siguiente, bajo las condiciones habituales de entrega.12 Pero la urgencia del momento no entendía de garantías y de inmediato se alteró el procedimiento. Los diputados acordaron ceder las armas a particulares para que procediesen a su distribución entre los distintos gremios, pues en tan excepcionales circunstancias estos no podían escoger síndico que afrontase las garantías exigidas. Los días 4 y 5 de enero se realizó el reparto arrojando el siguiente resultado:
El número total de armas entregadas por la Generalidad a los distintos gremios ascendió a 2.040 según los protocolos de la casa, entre arcabuces, fusiles y mosquetes. En estas 2.040 he incluido los 30 fusiles y 20 arcabuces entregados a Felip Carreres, doctor en medicina; y a Pascual Sanchiz, legumer; vecinos ambos de la calle Morvedre.13
Además de los gremios armados sobre las murallas, la ciudad contaba con un contingente de soldados –el regimiento de Nebot y las compañías de Xàtiva encabezadas por los caballeros Tárrega y Micó–14 de los que la Generalitat asumió su manutención a razón de un sueldo diario por espacio de diez días, siempre que su número fuese inferior a mil personas. Por este motivo entregaron a Juan Bautista Losá 500 libras para que se encargase de los pagos correspondientes. El 27 de enero se volvió a entregar dinero a Losá para que costease su mantenimiento, pero ahora únicamente por un período de 5 días, reduciéndose con ello la cantidad a 250 libras.15
También producto de la presencia de tropas borbónicas en el reino fue la participación de la institución en un nuevo caso inopinado declarado por los estamentos, referido a la situación de Chiva y Sant Mateu. En un intento de alejar las tropas borbónicas, el 11 de enero de 1706 le asignaron 6.000 libras que incluían los restos de las 5.000 libras fijadas para asistir al marqués de Pozoblanco en la etapa anterior.16 El cambio dinástico desvió los fondos aprobados para sostener un ejército, borbónico en este caso, al mantenimiento del contrario, y fueron las mismas personas que lo aprobaron los que le asignaron el nuevo destino…
1.2 Refuerzo y estabilización de la Generalidad
La importancia política de la Generalitat valenciana iba más allá de la custodia del arsenal del reino y su hacienda. Al contar con presencia de importantes miembros de los estamentos nadie podía discutir su representatividad y presencia pública, por más que los electos estamentales cegasen la posibilidad de representar políticamente al reino.17 Por todo ello, tras las aludidas medidas y las relativas a los festejos por el retorno a la casa de Austria,18 Basset fijó en ella su atención con disposiciones que tenían tanto que ver con su funcionamiento institucional como con su condición de foro privilegiado. La primera de ellas, fechada el 5 de enero de 1706, iba dirigida a prevenir las ausencias de diputados de sus reuniones. Si algún diputado –o su delegado– no acudiese durante tres veces consecutivas mediando convocatoria previa, se le tomaría declaración a fin de que expusiese su ánimo de continuar en el desempeño de su responsabilidad. En caso de querer abandonarla, se debía producir una nueva extracción para el oficio afectado. Si, por el contrario, pretendiera seguir desempeñándolo se repetía convocatoria hasta tres veces, y si tampoco acudía se le privaría de salario. Si ya se le hubiera abonado debería restituirlo a prorrata desde el día en que abandonó las juntas. La orden de Basset era explícita y aplicable de inmediato, fuesen cuales fueren las disposiciones forales al respecto. Éstas no fijaban sanción alguna, menos aún la exclusión, para los casos de absentismo entre los diputados; tan sólo la obligación de nombrar un sustituto por imposibilidad de acudir a las reuniones. Imposibilidad que, eso sí, debía quedar plenamente justificada.19
Previamente, se dirigió a los delegados del cabildo de Orihuela y la ciudad de Alicante –ambas villas se encontraban bajo dominio borbónico– comunicándoles su obligación de asistir a las reuniones, refrendándoles la delegación si fuese necesario, con tal de garantizar su presencia. Tanto Ignacio Zapata –delegado del jurado alicantino–, como Jacinto Ortí –delegado del cabildo oriolano, del que su sobrino José Vicente afirmaba que recibió la confirmación del propio Basset– habían venido participando en las reuniones celebradas hasta el momento y prestado juramento en cuanto tales según el ordenamiento, por lo que tampoco necesitaban de habilitación expresa alguna. Con todo, Basset decidió otorgársela recurriendo a su autoridad. Sus temores resultaron infundados pues ninguna de las dos voces registró cambios en sus representantes durante el período.20
Sin embargo, no sucedió lo mismo con el canónigo de Valencia Jerónimo Frígola ni con el también canónigo y archidiácono de Alcira, Jaime Cardona.21 Delegados ambos de Antonio Ubilla, administrador perpetuo de la encomienda del peso del rey de la orden de Alcántara y como tal diputado eclesiástico,
