Fidelidad, guerra y castigo. Sergio Villamarín Gómez

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Fidelidad, guerra y castigo - Sergio Villamarín Gómez

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creada al efecto.52 La ciudad acompañó al cabildo, solicitando el cobro de los mencionados derechos en las mismas condiciones concedidas a Alicante sobre su partido. Pretendían impedir la llegada de nuevos cobradores a la ciudad y contar con recursos extraordinarios, por reducidos que fueran, para socorrer las urgencias de la guerra. Así lo manifiestaba el hecho de que exigiesen también que se les perdonase lo que, procedente de las rentas de la Generalidad, ya se habían gastado en provisiones para su defensa. Felipe V ignoró estas demandas reafirmando las competencias de la junta patrimonial de Alicante por ser indispensable evitar la dispersión de caudales. Orihuela, finalmente, debía entregar las cantidades que adeudaba al receptor designado sin oponer más resistencia. Sin embargo y como medida de compromiso para evitar agravios hacia sus leales, se condonaba la devolución de lo gastado previamente.53

      Eran muchas las necesidades a cubrir, pocos los recursos y todas las desconfianzas sobre su empleo, temiendo los implicados que se atendisen objetivos que dejasen desamparados sus intereses… La retención de los derechos de la Generalidad, en respuesta a estos temores, se consolidó como una práctica común entre los afectados, fuesen cuales fuesen las órdenes del rey. Ya en el mes de mayo de 1706, el gobierno felipista se vio obligado a escribir a la junta patrimonial alicantina demandándole que reclamase las cantidades que, le constaba, retenían algunos particulares. Generalmente se trataba de personas vinculadas a su recaudación y arrendadores, que no deseaban perder lo que con tantas dificultades obtuvieron… Las penurias económicas obligaban al gobierno borbónico a insistir sobre dichos fondos pese a los incovenientes. Tras reiterar las directrices sobre su uso –torres de defensa marítima, urgencias de la guerra, sin perjuicio a los acreedores–, añadían un nuevo objetivo, el pago de sueldos a los exiliados. En concreto a los ministros de la Audiencia valenciana que tras abandonar sus casas estaban atravesando graves penurias. Aprovechando que las generalidades corrían con una porción de los emolumentos que les correspondían, debían continuar satisfaciéndola en la medida de lo posible. La junta patrimonial de Alicante se debía encargar de pagar, sueldo por libra, la porción adeudada de atrasos. Además, y según se dispuso en la propia misiva, a ejecutar con absoluta preferencia sobre todo lo demás.54

      Esta administración paralela de la junta alicantina terminó con la caída de la ciudad en manos del archiduque. Hasta ese momento se mantuvo una cierta duplicidad en la gestión de las rentas, si bien en ningún momento se trató por parte de la administración borbónica de establecer una Generalitat paralela. Este empeño, hubiese sido demasiado ambicioso dadas las circunstancias, limitándose a tratar de aprovechar su vertiente económica. Curiosamente, un preludio de su actuación durante la Nueva Planta…

      Con Orihuela y Alicante ya incorporadas a la legalidad austríaca, la Generalitat –soportando idénticas estrecheces económicas a las de la administración borbónica– abordó de inmediato la reactivación del cobro de sus tributos. Así el 14 de septiembre reclamaron a la ciudad de Alicante sus libros, sin enviar desde el 13 de abril de 1701, y acordaron trasladar al síndico para proceder contra deudas y deudores. Le otorgaron, junto al diputado de Alicante Tomás Pérez, los máximos poderes para que realizase las revocaciones y nombramientos que considerase oportunos. A continuación Tomás Pérez y Juan Bautista Losá menor, diputado y síndico, fueron nombrados visitadores de todas las tablas del reino

      …així del tall, com de les mercaderies, del general del margalló y doble tarifa. Donant-los y conferint-los als dos junts, y a cascú de per si y a soles la mateixa jurisdicció que ses excelències tenen, així per a fer la visita, com per a pendre el manifest de les sedes, inquirir qualsevols fraus, y de aquells tant de inquisició, com de apprehenció poder fer qualsevols declaracions, eixecutant als defraudants o component aquells a tota utilitat y profit del general. Entrant per a estos effectes a regonèixer qualsevols casses, papers, mercaderies y persones; y així mateix mudar y revocar qualsevols taulegers de dits drets, y crear-ne y elegir-ne altres de nou en loch de aquells…

      Para realizar esta tarea con eficacia les autorizaron a disponer de cuatro verguers o alguaciles. Además, en la reunión de 23 de septiembre, nombraron como refuerzo a Fulgencio Artich, subsíndico, para que les acompañase en la visita.55 Estas medidas nos muestran unos diputados que hacen uso de sus facultades exclusivas en la gestión de las rentas, otorgando amplios poderes a sus oficiales para mejorar la grave situación por la que atravesaban a causa de la falta de cobro por la guerra. Su sistema territorial de recaudación se vio gravemente afectado por la inseguridad que generaba el conflicto, y la exigencia de que eran objeto sus tributos por los bandos en disputa tan pronto dominaban un municipio o partido determinado.56 Sus disposiciones se quedaron, sin embargo, en buenas intenciones, pues en estas circunstancias los acontecimientos determinaban las decisiones y no al revés, como ellos mismos reconocieron. La llegada de Carlos III a Valencia, los hechos bélicos y una orden expresa del virrey en sentido contrario impidieron a sus delegados realizar las tareas que tenían encomendadas. Y todo, pese a que llegaron incluso a abandonar la ciudad.57

      Estas iniciativas institucionales de reactivación no contaban con el respaldo de las autoridades austracistas que, obligados por sus propias urgencias, impusieron nuevas cargas a la Generalitat. Ya Basset intentó aprovechar su vinculación con los salarios de la Audiencia, y las nuevas instancias insistieron en la misma vía, sólo que en sentido contrario, fruto de la nueva orientación política. Si con Basset los salarios de los ministros huidos debían entregarse a un hombre de confianza y probada fidelidad, ahora debía abonarse la última tercia de salario a los antiguos ministros que abandonaron sus cargos con la entrada de las tropas austracistas.58 Un intento evidente de atraerlos hacia su causa. Pero además los nombramientos de nuevos ministros realizados por Cardona a partir del 19 de febrero, debían asimismo recibir la totalidad de sus emolumentos a pesar de que, por su carácter interino, les correspondía la mitad. Las especiales circunstancias que habían soportado, les hacían acreedores de esta gracia.59 Los diputados, tras mostrar sus dudas sobre la legalidad de la medida, consultaron al asesor y ante su conformidad los abonaron íntegramente.60 Paradójicamente o no, ambos bandos mantuvieron idénticas políticas, pues las órdenes que recibieron los diputados valencianos, y las dirigidas a los miembros de la junta patrimonial alicantina resultaron casi coincidentes.

      La llegada del virrey supuso el inicio de un proceso de reestructuración política en muchas de las instituciones forales que sufrieron el abandono de sus responsables en diciembre de 1706.61 La Generalitat no se vio afectada al haberse mantenido su funcionamiento sin más cambios que los auspiciados por Basset. Bajo la nueva estabilidad institucional mantuvo la prudencia y la firmeza en el ejercicio de sus funciones, contando con el respeto de las nuevas autoridades. Algunos hechos, simbólicos si queremos, ilustran perfectamente el progresivo encaje de la institución en los nuevos tiempos. De un lado, encabezaban, como es lógico, las demostraciones de júbilo por las diferentes efemérides, acompañando al municipio y tras solicitud expresa al virrey. Mientras lo hacían mantuvieron escondida –decisión adoptada antes de la llegada de las tropas de Basset– la plata de la institución en la sacristía de la catedral hasta el 2 de julio de 1706.62 La ordenación política y la actitud de Cardona facilitaron la inserción.

      Con la capital y, por fin, casi todo el reino en calma y bajo dominio austracista recibió la Generalitat la noticia de la inminente presencia del rey en Valencia el 28 de septiembre. Pese a que su visita fue resultado directo de la complicada situación del archiduque, perseguido por las tropas borbónicas tras una estancia desdichada en Madrid, la presencia física del rey en Valencia constituyó un acontecimiento de primer orden. Los diputados, contando con la voluntad real de entrar en la capital el día 30, se apresuraron a adoptar las resoluciones necesarias para garantizarle una digna bienvenida. Sin embargo, su situación económica no era todo lo boyante que sería deseable para acometer una celebración fastuosa. En la solicitud expuesta al virrey sobre el gasto a realizar, los diputados daban buena cuenta de sus problemas de tesorería, contemplando que se gastase lo necesario pero procurando que fuese lo menos posible. Además,

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