se encuentran y hacen política. Sus ecos en el conjunto de la conciencia y la cultura nacional quizás servirán para esclarecer la condición política de los mexicanos y para hacer estudios más precisos y generales en el futuro.
En el México indígena hay dos tipos de autoridades: las tradicionales y las constitucionales;[11] las que corresponden al gobierno indígena “que nuestro sistema constitucional no reconoce”, y las que corresponden al “gobierno municipal”.[12] las que corresponden a “sistemas de tipo colonial y contemporáneo”.[13] En ocasiones esta dualidad se complica: hay jefes de clan, caciques y autoridades “jurídicas”.[14] Más lejos de la conciencia política indígena está lo que los tarahumaras llaman “Tata Gobierno” —el gobierno estatal—, y más lejos aún está “Guarura Gobierno”, el de la Ciudad de México, que sostiene los internados para sus cúruhui (niños),[15] que manda los procuradores y maestros de escuela o que manda los soldados, e incluso los aviones. Pero entre éstas y muchas autoridades más que se pueden encontrar (gobernadores, alcaldes, alguaciles, jefes de policía), hay dos tipos principales de autoridades: unas de los indios y otras de los mestizos, aquéllas identificadas con la sola tradición y éstas con el derecho; aquéllas sirviendo al indio y éstas al ladino.
Todos los investigadores señalan un hecho: las autoridades “tradicionales” son elegidas democráticamente por sus méritos, en reuniones que a veces duran varios días. Los tarahumaras hacen carrera política “desde topil o topiri, en que se comienza a servir al pueblo sin salario, en forma abnegada, honesta, leal e inteligente, hasta llegar al puesto de gobernador tatuhuán o itzocán, y por último como retirado relativo o cahuitero”. A las autoridades no se les paga. El pueblo las elige “por sus servicios abnegados, honestos, leales e inteligentes a la comunidad…”.[16] Y así pasaba en Sayula, donde el pueblo elegía a sus autoridades tradicionales de entre los mejores,[17] y pasa con las autoridades tradicionales de la Tarahumara, donde “cada hombre tarahumara es un funcionario en potencia y las elecciones dependen de la reputación de que se goza en la comunidad”,[18] las elecciones se celebran en forma directa y por mayoría de votos. A las elecciones suceden en el gobierno asambleas, reuniones de las tribus —previa convocatoria—, juicios previo examen, discusiones sobre la conducta que debe seguirse cuando no hay antecedentes jurídicos de un caso, deposición del poder cuando no se ejerce con honradez o con eficiencia la autoridad, discursos de los jefes en que exponen los problemas del pueblo y se comprometen a ser fieles y honrados, plebiscitos.
Al leer a los antropólogos cuando se refieren a este gobierno tradicional de los indígenas, le acosa a uno la idea de que quizás han sido influidos por la imagen del “buen salvaje”. El sistema de gobierno que pintan parece casi ideal, seguramente idealizado; sólo cuando se ve la imagen completa de la política en las zonas indígenas se entiende que esta democracia primitiva puede tener un carácter funcional. Sirve en efecto para defender a las tribus y comunidades —de escasísima estratificación— como un todo frente al acoso de los ladinos. En las zonas más estratificadas, donde existe el “cacique indio”, la situación cambia. El ladino lo utiliza como su intermediario, lo consulta para las decisiones, se sirve de él para el control político y económico de la comunidad; pero en ambos casos los indígenas se enfrentan al poder ladino, formal, constitucional, y ven a sus intermediarios o representantes como una especie de autoridades extranjeras.
Los “indios no gustan de tratar sus asuntos con las autoridades municipales, constituidas siempre por blancos o mestizos, y es por eso que se hacen justicia en la forma más indicada, y sólo recurren a los presidentes municipales y demás autoridades cuando tienen quejas contra algún blanco”.[19] Los yaquis “no reconocen a otro Estado que el suyo. Se consideran una nación autónoma, pero las circunstancias los han hecho —por la realidad de la fuerza y no por la razón— admitir cierta injerencia de las instituciones de la república mexicana”.[20] Las autoridades constitucionales son representantes de los blancos y mestizos.[21] Las designa el gobernador, de acuerdo con los blancos: cuando hay elecciones de este tipo de autoridades, las planillas son confeccionadas por los delegados del poder estatal.[22] Por supuesto, toda elección carece absolutamente de sentido: el “representante constitucional” ni remotamente representa a la comunidad. Las autoridades constitucionales son el instrumento de los ladinos; los escribanos de la región Chamula representan los intereses del Estado ladino;[23] las autoridades locales, “representadas generalmente por los mestizos, son para los tarahumaras la maquinaria de que se valen los chabochis para legalizar sus abusos y mandarlos presos a Batopilas, Urique, o a cualquier otra de las cabeceras municipales. Hay que obedecerlas porque no queda otro remedio…”.[24] En cuanto al gobierno “municipal”, sería ridículo negar que no está en manos de los chabones, quienes son los presidentes seccionales y los comisarios de policía. He ahí el motivo por el cual los tarahumaras se rehúsan a dar a conocer sus problemas a los chabones.[25] Entre los tzeltales, “algunos municipios libres pueden elegir representantes. También hay representantes en las agencias municipales. Generalmente estos puestos importantes son para los ladinos”.[26] Entre los yaquis, algunas dependencias gubernamentales ponen al frente de las comisarías municipales a nativos de la misma tribu, incondicionales suyos (torocoyoris). El problema es sencillo: todas estas autoridades son de los ladinos y sirven a los ladinos, desconocen y restan autoridad a las propias autoridades indígenas, las humillan de las más distintas formas y sirven a todo tipo de latrocinios, ataques, injusticias, vejaciones, humillaciones, explotaciones, provocaciones militares, ataques y actos de violencia, desde los más arbitrarios hasta los más racionales, desde los que obedecen al capricho hasta los que sancionan el robo de tierras o la eliminación de líderes nativos.
No hay casi estudio de antropólogo, por descriptivo o tímido que sea, que no registre este género de actos. La vida indígena es eso exactamente: la vida de pueblos colonizados, y es de tal modo una vida típicamente colonial, que hasta los servicios públicos que les prestamos desde el gobierno del centro, y que suelen oscurecer ante nuestra propia conciencia la situación real, son actos semejantes a los que cualquier metrópoli ejerce. Entre las comunidades indígenas hay medidas educacionales, pequeños programas de cambio social y hasta grupos de religiosos —sobre todo extranjeros— que hacen actos de caridad; pero nada de ello es extraño a la vida de las colonias. Que estas instituciones están produciendo efectos indirectos, sentando las bases para una actitud más decidida, y que en torno a sus actividades de servicio social, educación y caridad, surgen efectos indirectos, de aculturación, de liberación, también es un hecho característico del desarrollo colonial. Que los caminos, la apertura de mercados, la expansión de la economía nacional —menor en esas zonas que en las puramente ladinas— están sentando las bases de un cambio, es una historia semejante a la de las antiguas colonias de África y Asia. Y el problema se complica, nuestra enajenación se incrementa porque —como dijimos arriba— tenemos un concepto de nosotros mismos como revolucionarios y anticolonialistas. En México nuestras escuelas y las comunidades indígenas enseñan a conocer a Juárez; nuestros libros de texto enseñan que Juárez era indio, no sabía español, y que fue uno de los más grandes presidentes de México. Esto
