la tranquilidad se podría asegurar y las ayudas externas tonificarse, puesto que habría un gobierno responsable dispuesto a hacer “lo que había que hacer”. Con lo que, el crédito público y privado bajarían sus costos, los flujos de capital aflorarían al país, la inversión crecería y el consumo haría el resto para expandir la economía. Por lo demás, el efecto positivo sería el suficiente para activar todo el ciclo económico completo, en una suerte de repetición virtuosa que solucionaría todos los males de una vez: la expansión económica fortalecería la recaudación, esta haría bajar el déficit público, con lo que el nivel de riesgo descendería una vez más. Así, se planeaba que el camino al éxito estaba asegurado. A menos de un mes de haber lanzado sus medidas, Machinea festejó confiado: “La recesión terminó. [...] [En el 2000] el crecimiento económico no será en ningún caso inferior al 4 %” (Clarín 06/01/2000).
Del mismo modo, y en paralelo al lanzamiento de medidas económicas, el gobierno también se dispuso a llevar a cabo su programa de “regeneración institucional” con el cual se apostaba a consolidar su capital político, ya que este era finalmente su principal recurso de poder y la única herramienta con la cual podía instalar la confianza que deseaba. Y porque además, lograr la tan mentada “renovación política” había sido la misión fundamental de la Alianza y una tarea que no podía descuidar. Por ello, para poner de manifiesto la transformación inmediata que implicaba que Menem dejara el gobierno, el nuevo gobierno lanzó una serie de cambios. El más visible fue acordar con los sindicatos docentes una nueva ley de financiamiento para la educación estatal. Con esta ley, y tras cumplirse mil días de lucha y resistencia –con repercusión local e internacional–, la Carpa Blanca docente fue levantada, con lo que se puso fin a uno de los símbolos más sonoros de la última etapa del gobierno de Menem, y las nuevas autoridades no dudaron en expresar que era una “vergüenza nacional” que aquel haya permitido que algo así suceda (Clarín 17/12/1999). La resolución del conflicto, si bien era una señal de nuevos tiempos, demostraba más bien el gesto político que se estaba dispuesto a hacerse desde CTERA y por parte de sus titulares, Marta Maffei y Hugo Yasky –ambos líderes de la CTA–, hacia el nuevo gobierno más que el logro de reivindicaciones concretas, puesto que los docentes solo obtendrían un aumento mensual de 70 pesos tras crearse un impuesto para los autos de valuación superior a los 15.000 pesos. Aunque sin dudas, el haber desarmado la Carpa Blanca era una medida de alto impacto político que dejaba abierta la puerta para soñar que nuevos tiempos políticos comenzarían a vivirse en el país.
En idéntica dirección, el nuevo gobierno se encargó de inmediato de llevar adelante una de las más importantes promesas de campañas cuando creó la “Oficina Anticorrupción” (OA), un organismo estatal dependiente de la presidencia de la Nación encargado de recibir denuncias, recabar información y auxiliar al poder judicial en causas ligadas a la corrupción. Al poner en marcha la nueva oficina, el gobierno escogió como principal blanco a las figuras más emblemáticas del menemismo a las que habían estado asociadas a las sospechas públicas. Así, comenzaron a ser investigados, procesados, embargados e incluso encarcelados funcionarios paradigmáticos de la era Menem, como María Julia Alsogaray (exsecretaria de Medio Ambiente), Víctor Alderete (exdirector del PAMI), Jorge Domínguez (ex jefe de gabinete de Menem), como también fueron anulados los sueldos y jubilaciones de privilegio de hombres y parientes cercanos al anterior gobierno43. Desde el menemismo empezaron a acusar al nuevo gobierno de realizar “una caza de brujas” en su contra, y señaló Menem que él y sus hombres eran auténticos perseguidos políticos. Sin embargo, cabe aclarar que los casos destacados, más que expresar una sistematicidad implacable por parte de la recién creada OA, eran más bien unos pocos casos testigos que generaban gran repercusión mediática pero que evitaban entrar en choque con el peronismo, puestos que eran funcionarios sin vinculación orgánica con el partido, lo que permitía a la Alianza tener cierta paz y convivencia con el PJ; además, el presidente De la Rúa había manifestado en más de una oportunidad que los avances de las investigaciones no llegarían hasta Menem, afirmando que “no sería bueno para la República que un expresidente termine preso”, por lo que la OA actuaría más sobre el entorno del riojano que sobre él. En un camino similar, el gobierno se decidió a enfrentarse de lleno con el sindicalismo cegetista –la institución corporativa más sospechada y con peor imagen según las encuestas44–, ya que advirtió que los conflictos con este serían ineludibles, por lo que era mejor romper con sus representantes rápido e intentar debilitarlos para luego –cuando se recibieran los contragolpes– y presentar el cuadro como la reacción natural de oscuros dirigentes que se negaban a perder sus privilegios y a transparentar sus cuentas. Así, el gobierno con el apoyo de los diputados cavallistas le quitó el Fondos de Obras Sociales a la CGT, como también buscó acorralar al sector rebelde de Moyano, al tiempo que se mostró conciliador con el de Daer pidiéndole a este su “colaboración” para normalizar el PAMI, creyendo que así, al acentuar la división entre ambos grupos, en el sindicalismo peronista primarían solo los moderados mientras que los sectores más combativos quedarían aislados. Moyano advirtió pronto sobre esta estrategia: “El gobierno está cometiendo el mismo error que Alfonsín, al querer enfrentar, pretender ignorar y destruir a las organizaciones gremiales [...] no nos deja otro camino más que el paro general” (Clarín 19/01/2000). Sin embargo, a pesar de las medidas de fuerza, el camino que había tomado el gobierno pareció todo un acierto: el paro que lanzó Moyano en enero –apenas un mes después de haber asumido las nuevas autoridades– tuvo una flaca concurrencia y quedó aislado, puesto que ni el sector de Daer ni la CTA lo acompañaron, mientras que los grupos del sindicalismo cegetista comenzaron a pedir la intervención de la Iglesia y del PJ para que el gobierno no concrete varias de las quitas de prerrogativas al gremialismo como parecía dispuesto a hacer45. Por último, desde el gobierno también se decidió marcar la nueva impronta a partir de revitalizar algunos aspectos relacionados a los derechos humanos. En este caso los diputados aliancistas lograron los votos suficientes en el Congreso para negarle el diploma legislativo cuando estaba por asumir a su cargo el ex represor y exgobernador de Tucumán Antonio Bussi, vedándolo por “inhabilidad moral”. A su vez, comenzaron a ser desempolvados diversos expedientes en los tribunales de justicia en los casos de sustracción de menores, causas por corrupción durante el Proceso, como también permitir las extradiciones de exfuncionarios militares hacia el exterior para que fueran juzgados en otros países. En fin, con estos cuatro elementos (el fin de la Carpa Blanca, poner en funciones la OA, desafiar al poder gremial y revitalizar causas sobre derechos humanos) el gobierno mostró algunos cambios y se dio por satisfecho con su estrategia inaugural de regeneración institucional durante los primeros meses. La Alianza había llegado y la población pudo notarlo en muy poco tiempo.
Tras cumplirse el periodo de “luna de miel” con los 100 primeros días de gestión, en las encuestas la imagen de aprobación era muy alta, con el 70% de apoyo al camino trazado y todavía más a la figura de De la Rúa (Clarín 19/03/2000). Desde el gobierno, decidieron capitalizar esto de dos modos. Primero, fueron adelantados los comicios para elegir jefe de gobierno porteño, distrito en que el oficialismo daba por descontado que se impondría. Allí, a principios de mayo se impuso la Alianza con comodidad con la lista encabezada por Aníbal Ibarra (Frepaso) y Cecilia Felgueras (UCR) con casi el 50% de los votos, venciendo a la coalición liderada por Cavallo y Belíz –que también fue apoyada por Duhalde–, que obtuvo un 33% (Cavallo tardó en admitir su derrota la noche de la elección, en la cual acusó a gritos llenos de furia de mentiros a los aliancistas y de querer destruirlo) (La Nación 08/05/2000)46. La campaña de esta elección se concentró una vez más en la figura de De la Rúa, puesto el alto apoyo que contaba en los sondeos. Así, acompañó a Ibarra y Felgueras por toda la ciudad buscando trasmitirles su carisma y asociarlos a su persona. Del mismo modo, y en segundo lugar, durante junio se lanzó una campaña publicitaria para adherir a la moratoria fiscal, la cual también fue encabezada por De la Rúa, en la que se esperaba que los morosos se decidieran a pagar sus deudas con el fisco por la “confianza” que pudiera despertarles el presidente, ya que ‘sabían’ que este no se robaría el dinero. Esta acción también pareció todo un acierto: cuando se conocieron los resultados de la moratoria durante los primeros días de julio, la recaudación quebró la inercia a la baja y se festejó
