y detenido de las riquísimas consecuencias del contrato de cajas de seguridad que se vuelca en las páginas que integran este destacado ensayo, en especial las que emergen del incumplimiento de la obligación de custodia impuesta a la entidad guardadora, permite augurar, sin hesitación alguna, que los postulados del autor tendrán segura acogida entre los operadores jurídicos que deban abordar los conflictos provenientes de este singular negocio contractual.
Alejandro Enrique Freytes
Introducción
Los bancos intermedian, principalmente, en el mercado de los recursos financieros movilizando riquezas —esencialmente dinerarias— y constituyen una herramienta de desarrollo económico; todo ello, supeditado al control exclusivo y excluyente de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (SEFyC).
A la par de las clásicas operaciones crediticias, prestan servicios variados: intermedian en el mercado asegurador como agentes institorios, operan con redes de cajeros automáticos, instrumentan transacciones electrónicas vía home banking o banca hogareña, cobran impuestos y ofrecen el servicio de cajas de seguridad, entre otros. Este último —y a cuyo estudio nos abocamos— ofrece dejar a resguardo cierto tipo de bienes dentro de cofres o cajas en recintos dotados de medidas de seguridad especiales y complejas, a cambio de un precio en dinero. Su característica principal es que la entidad desconoce el contenido depositado en dichos cofres o cajas.
La profesionalidad bancaria se refleja en la implementación de técnicas especiales para el desarrollo de su actividad, lo que les permite cumplir tanto con las tradicionales operaciones de provisión de medios de pago a la comunidad e intermediación del crédito como con las modernas funciones económicas de creación del dinero bancario o expansión del crédito, ejecución de la política monetaria de los Estados y operatorias fiduciarias, inmobiliarias y de seguros en el mercado de capitales.
La Constitución Nacional contiene directivas de derecho público referidas a la actividad bancaria en los artículos 75 (incisos 6) y 11)) y 126. El primero confiere al Congreso de la Nación la potestad de «establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales» (inciso 6)) y la de «hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación» (inciso 11)). El segundo dispone que «las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden [...] acuñar moneda [...] ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial [...] ni dictar especialmente leyes sobre [...] falsificación de moneda».
La Constitución fue
ordenada, decretada y establecida con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior [...] El derecho bancario envuelve el embrión de progreso, desarrollo y bienestar general, como objetivo lícito y justo de la actividad bancaria. Ya en nuestro Preámbulo existe la declaración de los propósitos de nuestros constituyentes, de organizar un orden jurídico para el bienestar general como idea del bien común, como fin del Estado. La dignidad del hombre y la libertad requieren de un bienestar general con directa relación a la moneda y el crédito, por cuanto, la pobreza y la esclavitud son la antítesis de la justicia, la libertad y el bienestar general. La banca es una herramienta importante y una palanca para el logro de este objetivo de la Constitución Nacional.1
La Ley de Entidades Financieras N.° 21 526 (LEF) los caracteriza como intermediadores habituales en la oferta y la demanda de recursos financieros (artículo 1)2 y regula seis modalidades operativas: bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamos y cajas de crédito.
Los bancos comerciales, en particular, «podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas por la presente ley o por las normas que con sentido objetivo dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades» (artículo 21, LEF). La banca comercial se caracteriza
por operar en el mercado monetario o de dinero, es decir, en aquel segmento del mercado financiero que opera en el corto plazo, y su actividad típica fue recibir fondos del público mediante depósitos y transferirlos al público mediante préstamos, es decir, intermediar en el crédito [...] esta particularidad la tuvo especialmente en cuenta la Ley 21 526 [...] como cualidad que los distingue del resto de las entidades.3
Conforme a la Ley 24 144 (t. o. Ley 26 739), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una entidad autárquica del Estado nacional (artículo 1) y «tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social» (artículo 3), y se le atribuyen las siguientes facultades y funciones (artículo 4):
a) regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que en su consecuencia se dicten;4 b) regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, regular y orientar el crédito; c) actuar como agente financiero del Estado nacional, depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido, así como desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional; d) concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; e) contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales; f) ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación; g) regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria; h) proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes en estas cuestiones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) interpreta que
la peculiar naturaleza de la actividad se caracteriza por la necesidad de su sujeción a las disposiciones y control del BCRA que detenta el llamado poder de policía bancario o financiero, con las consiguientes atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas reglamentarias que la complementen, ejercer funciones de fiscalización de las entidades y aplicar sanciones por transgresiones a dicho régimen. Las razones de bien público de necesario gobierno a que responde la legislación financiera y cambiaria encuentran base normativa en los artículos 67, incs. 5 y 18 y 28 de la Constitución Nacional.5
El derecho bancario tiene por objeto de estudio un conjunto de normas pertenecientes a varias ramas del derecho y
se agrupan, simplemente, desde el punto de vista académico o didáctico para analizar y estudiar las entidades bancarias, las actividades que ellas realizan, los contratos que celebran y las relaciones con las entidades reguladoras y con los sistemas de control [...] no sólo refiere a actividades que deben ser reguladas por el Derecho Privado, sino que contempla toda una serie de aspectos que en la mayoría de los países se regulan por normas de Derecho Público.6
Villegas propone definirlo como «el conjunto de normas que regulan la actividad bancaria y financiera en general, referida a las relaciones con el Estado y los particulares».7 Benelbaz, como «el conjunto de normas jurídicas reguladoras entre particulares y entre las autoridades, nacidas del ejercicio de la actividad crediticia y bancaria o asimiladas a estas y aquellas, en cuanto a su disciplina jurídica y ejecución judicial y administrativa».8 Rodríguez Rodríguez, como «el conjunto de normas jurídicas relativas a la materia bancaria, y la llamada materia bancaria se presenta como el complejo de las personas, de las cosas y de los negocios, por medio de los cuales se efectúan las operaciones de banca».9 Y para Molle, «el derecho
