University World Institute for Development Economics Research (UNU-Wider), la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia de las técnicas de “planificación fiscal nociva” de grandes contribuyentes asciende al 4,4% del PBI. Es decir, más de lo que recauda el impuesto a las ganancias.
Aun así, y en medio de una catástrofe humanitaria como la que atraviesa el planeta por el covid-19, los ricos se oponen a pagar una contribución extraordinaria –¡del 2 o el 3%!– por única vez. Sus argumentos, como advirtió el joven doctor en Economía Gustavo García Zanotti, pueden reducirse a dos. Por un lado, afirman que la base de su fortuna es un esfuerzo continuo a lo largo de muchos años. Si se gravara, concluyen, se afectaría la base meritocrática del sistema y se desincentivarían sacrificios futuros de las nuevas generaciones. Por otro lado, aducen que su riqueza privada es de utilidad social porque son los ricos quienes se arriesgan a invertir y, al hacerlo, gatillan el consabido “efecto derrame” sobre el resto de la población en forma de empleos y salarios.
Lo segundo es fácil de rebatir al constatar que el 70% de los activos declarados por los grandes contribuyentes está fuera del país. Si tienen tan elevada propensión a la fuga de capitales, el cobro de un impuesto sobre sus fortunas no afectaría las decisiones de inversión sino el volumen de la fuga.
La discusión sobre la meritocracia es más filosófica. Pero también puede abordarse desde lo contable, porque en el patrimonio declarado por esos 32.484 acaudalados (U$S 104.000 millones) apenas hay U$S 4000 millones de participaciones en empresas. El grueso son títulos públicos (U$S 46.000 millones), depósitos (U$S 22.000 millones) e inmuebles (U$S 18.000 millones). En otros términos, lo que engorda esas fortunas son los intereses y las rentas obtenidas por activos financieros y no las ganancias derivadas de innovaciones técnicas o comerciales exitosas.
La relación entre la élite económica argentina y el resto de la sociedad está mediada por la fuga de capitales. El fenómeno bloquea la discusión sobre el excedente económico y le otorga a esa élite un poder de veto sobre cualquier política redistributiva que se proponga cambiar profundamente el reparto injusto de las últimas décadas. Sus bienes están sencillamente fuera del alcance de la democracia. Y eso no cambió con el virus.
Pero hay algo peor. Como cuando la economía crece y las fortunas engordan sus dueños fugan divisas al exterior, los dólares escasean. Y como no pagan los impuestos que deberían por esas riquezas fugadas, la recaudación tampoco alcanza a cubrir el gasto público necesario para mantener la paz social en el país-dormitorio. Ahí suelen hacer tronar los tambores del ajuste, pero la relación de fuerzas con el resto de la sociedad impide aplicar ese recorte del gasto con el rigor que haría viables a la vez la fuga y la evasión que generaron el problema en un principio. Las cuentas públicas entran entonces en déficit y el balance de pagos también. Y el Estado suple las dos necesidades endeudándose en dólares.
Con sus dólares depositados en el exterior, a buen resguardo de eventuales raptos redistributivos de sus compatriotas, ese 1% de la sociedad más favorecido compra –entre otros activos– bonos de la deuda argentina. Bonos que pagan intereses muy por encima del promedio mundial, entre otras razones porque el país recae cíclicamente en cesaciones de pagos. Esos intereses terminan por engordar todavía más las fortunas de quienes debieron financiar al Estado pagando impuestos y no prestándole ese mismo dinero a altas tasas de interés. El antiguo maridaje entre fuga y endeudamiento sobre el que echaron luz Eduardo Basualdo y Daniel Aspiazu[9] hace ya décadas.
Cuando llegan las crisis, los dueños de las mayores empresas argentinas ven divididos sus intereses. Como capitalistas les conviene que el Estado renegocie sus deudas y vuelva a empujar el crecimiento. Como acreedores, en cambio, les conviene que ajuste y pague. Si el fisco impone una quita en la deuda pública afecta a las fortunas de los millonarios (un stock), aun cuando podría favorecerlos en sus ganancias (un flujo) una vez relanzada la actividad.
La catástrofe del covid-19 expuso nítidamente cómo razonan los ricos argentinos y qué parte de sus patrimonios determina su conducta. Que piensen más en el stock (las fortunas fugadas, declaradas o no) que en el flujo (sus empresas) explica por qué son tan recurrentes los empresarios ricos con empresas pobres. También sirve para entender por qué tan frecuentemente apoyan gobiernos y políticas económicas que perjudican a sus compañías, como les pasó a muchos industriales con Macri.
Las 10.000 familias ricas o las 1000 superricas, así, sienten el impuesto a las grandes fortunas como una “doble imposición”. Aun cuando todas tributen bienes personales solo por el valor fiscal ficticio de sus campos y mansiones; aun cuando muchas registren las ganancias de sus empresas en guaridas fiscales para pagar menos impuestos acá; y aun cuando la mayoría mantenga gigantescos depósitos en negro en el exterior. Es sencillo: buena parte de su riqueza offshore está invertida en los bonos que se multiplicaron vertiginosamente en los últimos años. Y si va a haber una quita sobre esa deuda –termine como termine la renegociación–, es lógico que respondan como el vecino de un suburbio residencial cuando le toca el timbre el segundo o tercer pordiosero del domingo: “Ya colaboré”.
Tal vez hacía falta que un germen microscópico nos empuje a la peor crisis de nuestra historia para cambiar todo esto de una vez.
[3] Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, Buenos Aires, FCE, 2014.
[4] Thomas Piketty, Capital e ideología, Buenos Aires, Paidós, 2019.
[5] Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1994.
[6] Walter Scheidel, The great leveler: violence and the history of inequality from the Stone Age to the twenty-first century, Princeton University Press, 2017.
[7] Según estimó JP Morgan en mayo, el colapso económico 2017-2020 va a ser más rápido y profundo (21,4% desde el pico) que la crisis de la convertibilidad 1999-2002 (caída de 20,4% acumulada).
[8] Gustavo García Zanotti y Martín Schorr, Informe especial sobre Anuario Estadístico 2017 (AFIP).
[9] Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta, Buenos Aires, Siglo XXI, 1986.
3. El tiempo de la necroética
Ximena Tordini
1. Ella tiene 75 años, tres hermanas y un diagnóstico de esquizofrenia. Vive en un geriátrico. Cuando aparecen los síntomas respiratorios es internada en una clínica. Desde ese momento nadie puede visitarla. Varios días después muere sola. Su hermana, de 77 años, hace sola los trámites de la muerte. Tiene que “reconocer el cuerpo”, como llama la burocracia al requisito que establece que una persona viva debe afirmar que conoce a la persona muerta para registrar “la defunción”. Lo hace a través de un vidrio: una hermana de cada lado. Al día siguiente maneja su auto, solo ocupado por ella; sigue al coche fúnebre hasta Chacarita. Presencia sola el entierro, que no fue precedido por una ceremonia,
