presentado. América Latina permanece como una de las regiones más desiguales del planeta y varios países como Colombia y Brasil continúan ocupando los primeros puestos en desigualdad en el mundo. La desigualdad no solo es problemática por el diferencial de oportunidades para la productividad de la población, sino que, como lo han mostrado los trabajos de autores como Stiglitz, Piketty, Krugman, y Robinson y Acemoglu, la desigualdad pronunciada es la principal causa de la corrupción en una sociedad. Esto se debe a que en la medida en que haya una porción de la sociedad que sea mucho más rica que el resto, se genera un incentivo para enriquecerse a cualquier costo, en aras de aumentar aún más el poder que da poseer tanta riqueza. No es una coincidencia que quienes más se roban los dineros públicos en las sociedades más desiguales sean justamente las élites gobernantes que llegan al poder público, justamente gracias a la riqueza que tienen, y una vez llegan allí lo que quieren hacer es enriquecerse aún más para asegurar su permanencia en el poder.
Dada la variedad y complejidad de factores que llevan a la desigualdad pronunciada, más que un tema que pueda ser objeto de armonización de políticas, América Latina sí podría avanzar en el marco de la celac en la definición de ciertos compromisos, en materia de derechos y de distribución de la riqueza, por vía de impuestos progresivos y gasto e inversión social, para reducir la desigualdad en América Latina. Este tipo de políticas sí podrían ser objeto de armonización en algunos aspectos, por ejemplo, en sus principios.
A continuación, se sugirió el tema de ciencia y tecnología (CyT), el de la economía naranja y economías creativas como temas nuevos de los que podría ocuparse el regionalismo latinoamericano. Latinoamérica continúa siendo una región que destina muy poco porcentaje de su pib a CyT. Esto no solamente prolonga la desigualdad en los términos de intercambio con el mundo desarrollado, y reduce las oportunidades de mayores ingresos para las clases trabajadoras, sino que además opera en detrimento de la posibilidad de consolidar sociedades más educadas que alcancen mejores niveles de paz y convivencia. Igual que en el caso anterior, más que armonizar políticas concretas de CyT, que deben responder a particularidades y contingencias nacionales y locales de cada país, se pueden armonizar principios, objetivos y estándares para el mejoramiento de las políticas y de los niveles de CyT en América Latina, así como constituir fondos regionales para la implementación de actividades de CyT y de innovación, incluyendo la economía naranja y las economías creativas.
Por último, en materia de seguridad, se plantearon los temas de lucha contra el crimen trasnacional y de la ciberseguridad como nuevos temas que deberían ser prioritarios para la cooperación en América Latina. Debe señalarse que el primero ya es objeto de cooperación ministerial en la unasur y que Mercosur ha desplegado también amplios programas de cooperación, sobre todo para combatir el crimen en la triple frontera. Pero, en efecto, hace falta avanzar mucho más a nivel latinoamericano, particularmente, en materia de lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, puesto que las redes de estas actividades criminales suelen involucrar a varios países situados en distintas subregiones, como el Cono Sur, la región andina, la Amazonía, el Caribe y Centroamérica.
Por su parte, la ciberseguridad tiene que ver no solamente con las posibilidades de combatir el crimen organizado, sino también con avanzar en las prácticas de gobierno en línea y el control de las noticias falsas en redes sociales, lo que está estrechamente relacionado con la construcción de democracia y ciudadanía. Como se sabe, en el mundo existen actualmente tres doctrinas sobre la ciberseguridad. Por una parte, se encuentra la doctrina de EE. UU., que pretende construir una normativa universal para controlar la seguridad en Internet, aplicada por todos los Estados. Por otra parte, está la doctrina china, que aboga por una autonomía total de cada Estado para controlar la ciberseguridad. Y, por otra parte, está la postura de Rusia, que establece que debe haber libertad total para el uso de la Internet y que el Estado solo debe intervenir cuando lo considere necesario y sin referirse a marco legal alguno que regule dicha intervención. América Latina tiene la posibilidad de adherirse a una de estas tres posturas o de crear, incluso, una cuarta doctrina, una en la que se promueva la democratización del acceso a Internet y se provea un marco regulatorio para que la Internet contribuya al fortalecimiento de la democracia y al ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos de los países latinoamericanos y de todo el mundo.
Al final de esta sección se mencionaron algunas estrategias que los países latinoamericanos podrían emplear para avanzar en la incorporación de estos nuevos temas. Estas son: la coordinación profunda entre técnicos de las distintas instituciones nacionales encargadas de formular e implementar planes de acción y protocolos de respuesta ante eventualidades de emergencia que se presenten en los diversos temas, y promover un mayor involucramiento de actores no-estatales, en particular bancos de desarrollo y donantes internacionales, que puedan aportar conocimiento sobre los temas nuevos y presionar para que sean incorporados en las agendas regionales.
Conclusión
Como conclusión de este documento, los participantes en la reunión resaltaron la necesidad de construir sobre lo construido con miras a la armonización de políticas para la integración latinoamericana, y de aprender de todas las experiencias para la incorporación y el tratamiento de los nuevos temas. En cualquier caso, todos los temas contenidos en este documento deberán vincularse con los contenidos de los documentos y discusiones de los demás grupos. Se espera que de ello se obtengan excelentes resultados al final del Primer Congreso del gridale.
Finalmente, se considera que la armonización de políticas no debe ser solo el resultado de iniciativas de regionalismo, sino que también puede realizarse sin un marco institucional integrador de esta naturaleza, lo que puede generar resultados positivos. América Latina cuenta con varios espacios institucionales regionales con un bagaje de experiencia y aprendizaje enorme para la armonización de políticas y la incorporación de nuevos temas para la integración, y es necesario demandar a las autoridades nacionales que se empleen estos espacios para avanzar en la construcción de región y en la cooperación para mejorar las condiciones de vida de todos los latinoamericanos.
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