con un objetivo muy diferente podría tener en este caso uno de sus paradigmas más claros. A por ellos, ¿a por quiénes?
Todavía quedan ecos de un pasado no finiquitado, como es el caso del terrorismo. La banda terrorista ETA asesina por primera vez a un gendarme francés, Jean-Serge Nérin, en lo que paradójicamente será su última acción con víctimas mortales. Un tiroteo que demuestra la inoperancia de una organización que ha quedado aislada políticamente e inútil en el terreno bélico. Aunque en el fin de ETA intervienen múltiples factores, generalmente se pasa por alto la cada vez mayor dificultad técnica de mantener una estructura permanente de comandos dirigidos por una cúpula en un mundo en el que las comunicaciones, a pesar de que son más sencillas, están cada vez más controladas. Es casi imposible mover dinero sin dejar rastro, alquilar un piso sin presentar documentación, moverse sin ser detectados por miles de cámaras, el rastro de los móviles o las tarjetas de crédito. Un contexto tecnológico para el que el terrorismo del siglo XX no estaba preparado.
Desde la ruptura de la tregua el 30 de diciembre de 2006, con el atentado en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, donde fueron asesinados dos trabajadores ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, la banda había matado en Francia a dos guardias civiles, Raúl Centeno y Fernando Trapero, que hacían labores de seguimiento e iban desarmados, casi un año después, el 1 de diciembre de 2007. En 2008 fueron cuatro las víctimas mortales. Isaías Carrasco, concejal socialista tiroteado unos días antes de las elecciones generales; el guardia civil Juan Manuel Piñuel, mediante un coche bomba, al igual que Luis Conde de la Cruz, brigada del Ejército de Tierra; el empresario Ignacio Uría es tiroteado en Azpeitia cuando iba a un restaurante a librar una partida de cartas. En 2009 las tres últimas víctimas mortales de ETA en suelo español son dos guardias civiles, Carlos Sáenz y Diego Salvá, y un policía nacional, Eduardo Antonio Puelles, mediante el método de la bomba lapa adosada a sus vehículos.
Egunkaria era el único diario publicado íntegramente en euskera desde 1990, cuando alrededor de unas 90.000 personas participaron en el proceso de financiación para poner en marcha el rotativo, que contaría con unos 15.000 ejemplares y unos 50.000 lectores diarios. En febrero del año 2003 el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, clausuró el periódico y embargó sus bienes por considerar que formaba parte de un conglomerado empresarial vinculado a ETA. En octubre de 2003 se detuvo a 22 personas entre directivos y trabajadores de la publicación. El cierre, que seguía los pasos del de Egin ordenado por el juez Garzón en 1998, despertó una gran indignación en la sociedad vasca, ya que se consideró un ataque a la libertad de expresión y a su cultura vernácula. Asimismo, una nota de prensa de la Audiencia Nacional donde se expresaba la coordinación entre el juez Del Olmo y el Ministerio del Interior causó igual polémica al reconocer, implícitamente, una ruptura del principio de separación de poderes que incluso motivó un debate dentro del Consejo General del Poder Judicial.
Los detenidos denunciaron torturas por parte de la Guardia Civil en los interrogatorios. Marcelo Otamendi relataba así lo sucedido:
Ejercicios físicos interminables, hasta reventar, hasta caerme y perder el aliento, flexiones, amenazas, insultos… y la bolsa, dos veces. Me advirtieron que era como un tren: que tenía la oportunidad de bajarme en la primera estación, porque así sufriría menos, «porque aquí todos acaban cantando». A mí no me machacaron como hicieron con Juan Mari Torrealdai. Todo era gradual: al principio me obligaron a estar de pie, luego, a tener las piernas de pie, pero agachado de cintura para abajo… así me tuvieron tres horas […] También había insultos de tipo sexual: «Ponte así, que sabemos que te gusta así…». Mientras estaba desnudo me metieron un plástico por el ano […] Salí de allí con los ojos vendados, y a los 30 minutos vinieron más guardias civiles al calabozo, me sacaron a rastras, me tumbaron, y me dijeron: «Si le vuelves a contar algo al forense, te pegamos un tiro»[17].
En el año 2006, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió el archivo del caso Egunkaria al no encontrar vinculación entre el periódico y ETA, «una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada […] y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa»[18]. El 12 de abril de 2010 la Audiencia Nacional absolvió a los acusados en una dura sentencia contra el juez Del Olmo:
La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación […] injerencia en la libertad de prensa. Primero se decidió cuál fue la conclusión de la que se predica sin base, que es indiscutible, y luego se buscan las señales, vestigios e indicios, y por último, se rechaza cualquier sentido de estos que no apoye la conclusión […] Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables[19].
El caso Egunkaria, por el que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado por no investigar las torturas denunciadas por los detenidos, es el reverso paradigmático de una lucha antiterrorista que saltó en más de una ocasión las barreras de las propias leyes que decía salvaguardar y que hasta bien entrado el siglo XXI activó un debate en la sociedad española sobre los límites que el sistema judicial, policial y político se había marcado para luchar contra ETA.
El 5 de septiembre de 2010 la banda envió un comunicado en vídeo a la BBC donde expresaba el cese de las «acciones armadas ofensivas»[20]. Algo más de un año después, el 20 de octubre de 2011, llegó el momento que había parecido imposible por décadas: ETA anunciaba el fin definitivo de su actividad armada, dejando una nómina de 829 asesinatos y 84 secuestros desde el inicio de sus actividades en plena dictadura franquista, en julio de 1959.
Aunque, como comentábamos párrafos atrás, fueron múltiples factores los que acabaron con la banda terrorista –la presión jurídico-policial, el surgimiento del terrorismo yihadista, el cambio tecnológico en las medidas de control–, es obvio que la actividad política entre bambalinas, sobre todo por parte de miembros de la izquierda abertzale y del Partido Socialista de Euskadi, consiguieron crear las condiciones que hacían inasumible un atentado más por parte del grupo armado. En este sentido, a modo de ejemplo, en 2019 el expresidente Zapatero reconoció que «para la historia, para la verdad, Otegi fue un político decisivo»[21].
El fin de ETA fue, sin duda, una de las grandes victorias de José Luis Rodríguez Zapatero, que, sin embargo, quedó opacada por el asfixiante ambiente de la crisis. La situación de indeterminación y casi angustia que vivía la sociedad española hicieron que tal acontecimiento histórico no se valorara lo suficiente, atribuyéndolo a poco más que una consecuencia ineludible del devenir histórico. Algún día, quizá todavía falte una década, alguien tendrá que reconocer a las personas que, jugándose mucho más que su carrera política, se saltaron convenciones y hechos consumados e imaginaron el fin de la violencia terrorista. La historia suele ser injusta cuando se acomoda en lo que cree inercia cuando más bien se trata de una dirección pensada precisamente en contra de esa inercia, mezquina, que tan buenos réditos dio a los que vivían de la división y el enfrentamiento.
Paradójicamente, ese mismo año otro conflicto territorial tomó una nueva dirección al sentenciar el Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006 tras un referendo por los ciudadanos de esa comunidad y los parlamentos autonómico y central. El Partido Popular interpuso en ese mismo año un recurso de inconstitucionalidad respecto al nuevo texto catalán en el que denunció como
