responde hasta cuatro veces que no, «simplemente repetiré que no discutimos el asunto y no tengo nada más que decir»[11]. Estas declaraciones complican aún más la situación, ya que dejan a los pies de los caballos al sur de Europa sobre el que los especuladores han puesto sus garras.
El diario El País, haciendo un repaso de la semana clave del 3 al 9 de mayo, cita a un colaborador del presidente Zapatero, sin ponerle nombre, en unas líneas más que descriptivas:
Fue una semana negra que nos sorprendió a todos. Desde el lunes sufrimos los ataques consistentes de los mercados financieros, y el miércoles, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, acabó de hundirnos con unas declaraciones contrarias a la compra de títulos de deuda pública que generó mucha inquietud. La Bolsa reaccionó muy mal. Nosotros teníamos previsto hacer un ajuste duro en 2011 con un presupuesto muy complicado para rebajar dos puntos del déficit. Pensábamos anunciarlo en junio con motivo de la aprobación del techo del gasto presupuestario, pero los acontecimientos nos atropellaron[12].
El atropello, a España y a toda la zona Euro, acaba de concretarse a finales de semana, el jueves 6 y el viernes 7, cuando los mercados financieros, a pesar de los elevados intereses que presentan los bonos, dejan de comprar deuda pública española. Al final el Gobierno se ve obligado a pedir ayuda a los bancos españoles para colocar algo más de dos mil millones de euros, en una prueba de fuego que demuestra que, aunque la rebaja de confianza de Standard & Poor’s en nuestros bonos era de riesgo bajo, los especuladores estaban tirando con fuego de artillería pesada sobre la capacidad de financiación española.
Los Estados tienen varias maneras de financiarse. Hasta los años ochenta, la política fiscal –los impuestos– había sido una de las vías principales, junto con el control sobre el precio de su moneda por parte de sus bancos centrales. En momentos de crisis se subía la presión fiscal para obtener más ingresos y se devaluaba la moneda para hacer los productos nacionales más competitivos. Mas en 2010 España ya carecía de moneda nacional, la peseta, al haberla sustituido por el euro, bajo el control del Banco Central Europeo, que se autogobierna al margen de los Ejecutivos nacionales integrantes de la UE. Habría de utilizarse, pues, otra manera de financiarse: la emisión de deuda pública o soberana.
La deuda pública consiste en una operación donde tal Estado emite unos bonos que son comprados, bien por particulares, bien por instituciones bancarias. Es decir, que se emite un documento por un valor que teóricamente es recuperable en una serie de meses o de años. Realmente esta deuda nunca se acaba de hacer efectiva, sino que se le adjudican unos intereses que son los que la hacen atractiva para el comprador, ya que los va cobrando periódicamente. En tiempos de estabilidad, la deuda pública era un modo seguro de obtener unos intereses limitados pero estables por parte de los compradores y una forma secundaria que el Estado tenía de financiarse.
Sin embargo, a raíz de las continuas rebajas fiscales exigidas por organismos como el FMI o el BCE, unidas a un adelgazamiento del sector industrial que la UE impuso especialmente a los países de la periferia europea, los Estados tomaron como fuente principal de financiación la emisión de bonos de deuda soberana. En 2010 la deuda española era el equivalente al 60,5 por 100 del Producto Interior Bruto, en 2018 se elevaba a un 97,6 por 100, es decir, que todo lo que produce la economía española en un año es ya igual a la deuda que el Estado ha emitido mediante la puesta en el mercado de sus bonos.
La deuda emitida se supone un valor confiable, ya que la está respaldando un Estado, pero, aun así, las agencias de calificación de riesgo, empresas privadas norteamericanas casi en su totalidad, adjudican una nota de confianza a esta deuda. Si esa nota cae, los intereses que el Estado tiene que pagar por esa deuda suben, lo que equivale a decir que indirectamente el Estado tiene menos capacidad de financiarse, ya que por el dinero que obtiene se ve obligado a devolver una mayor cantidad al vencimiento de los intereses. Esos intereses se miden mediante la temible prima de riesgo, el grado de inseguridad de que tal Estado no pueda devolver esos intereses.
Y es aquí cuando entran en escena los especuladores, que no es más que el eufemismo con el que se denomina a los grandes fondos de inversión de alto riesgo, hedge funds, cuando se dedican a este tipo de actividades éticamente delincuenciales. El diario Público explicaba así este tipo de operaciones:
En 2010, se puso de moda atacar un país a través de los bonos de deuda pública combinados con CDS. El especulador puede tener bonos de ese país o pedirlos prestados a los grandes bancos de inversión que son los que los custodian, con el compromiso de devolverlos un tiempo después. El objetivo es acumular muchos para venderlos de golpe y hacer que caiga su precio. Al mismo tiempo compra seguros que cubren el impago de esos bonos en el caso de que caigan mucho, son los famosos CDS.
Al aumentar la demanda de CDS su precio sube, lo que pone en guardia a los gestores de las mesas de negociación de todo el mundo. «Algo pasa con España.» Todos quieren cubrir su riesgo y compran más CDS. «Lo más peligroso es que en la mayoría de los casos los CDS no tienen ningún bono detrás», advierten los expertos. Es decir, el especulador no ha comprado el bono y después el seguro para cubrirlo, sino solo el CDS. De hecho, este mercado mueve 17 veces la deuda real que cubre.
Los CDS que el especulador pidió prestados a 100 ahora valen 300 y los bonos que costaron 10 ahora valen 5. La prensa y los políticos denuncian la operación. Ataque especulativo, pánico, venta España. Aquí es donde entran los pequeños inversores. Más ventas. Todo sigue cayendo. Para entonces el gran especulador ya ha salido de la operación, ha recomprado los bonos que pidió prestados y los devuelve al banco custodio después de recoger pingües beneficios[13].
En el hipotético caso de que usted abandonara la lectura de este libro en el comienzo de esta historia, al menos habría sacado una conclusión válida sobre cuál fue el motivo de tantos y tan variados sufrimientos que la clase trabajadora española padeció la pasada década: lo que en un momento fue simplemente una forma más de financiación estatal, ni siquiera la principal, en la época neoliberal convirtió al propio Estado, al propio país, en un producto con el que se podía especular, es decir, alterar falsamente el valor de los bonos de deuda para obtener unos ingentes beneficios. Lo peor de todo es que los especuladores ni siquiera llegaron a comprar los bonos, ni siquiera los seguros a futuro por el impago de esos bonos, los credit default swaps –CDS–, sino que tan solo los pidieron prestados, desataron el ataque y pasaron por caja para embolsarse los réditos.
La calificación de la deuda es la carnaza que los tiburones financieros esperan para que sus ataques especulativos sean exitosos. Está hecha por empresas teóricamente independientes, aunque hay que señalar de nuevo que el 90 por 100 de este mercado está controlado por tres firmas norteamericanas, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch. ¿Cuáles son los métodos que utilizan para calificar a Estados y empresas? Se desconoce. De hecho, cuatro días antes de la quiebra de Enron en 2001 calificaban a esta empresa como confiable. A Lehman Brothers, el banco de inversión que quebró en 2008, acontecimiento fundacional de la gran crisis financiera, le otorgaron buenas calificaciones hasta el mismo momento de su desplome. El profesor Vicenç Navarro, un viejo roquero de la economía política académica que se convirtió en estos años en una figura de referencia popular, nos ilustra a propósito de esta opacidad:
Tales agencias podrían justificar su existencia si su trabajo fuera independiente, objetivo y creíble. Pero no es así, tal como lo demuestra la evidencia acumulada. Estas agencias son meros instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las financian. De ahí que siempre valoren muy positivamente los productos de las instituciones que les financian (sean bancos, compañías de seguro, u otros) mientras que valoran negativamente a ciertos productos si ello favorece los intereses de tales instituciones financiadoras. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Esto fue reconocido por el vicepresidente
