significaría la pérdida de Bélgica) y hacerlo responder por ello ante la Convención Nacional. Su reacción inicial, un tanto desaprensiva, pudo deberse quizá al hecho de que Miranda aún creyera contar con el apoyo de sus amigos girondinos, y por ello, en principio, se sentirá más o menos seguro a la hora de comparecer ante el Comité de Seguridad de la Convención Nacional (marzo de 1793) y, luego de tres días de sesiones consecutivas (mañana, tarde y noche[131]), dejar consignada una detallada relación de lo ocurrido en Neerwinden. Un mes más tarde le tocaría el turno de hacer lo mismo ante el Comité de Guerra. La impresión que suscitara durante esta segunda oportunidad solo vendría a ser una confirmación de la primera, en el sentido de que Miranda parecía hablar como un oficial que había intentado hacer lo mejor posible en medio de tan adversas circunstancias, exhibiendo de paso las instrucciones escritas por su excomandante en jefe[132].
No obstante, la acerada crítica que formularan los políticos más radicales (y cada vez más numerosos) de la Convención Nacional acerca del modo en que se condujo la malograda campaña haría que, pese al apoyo de sus partidarios, el caso fuese trasladado a la órbita judicial y, por tanto, que a la espera del juicio el venezolano permaneciera arrestado en la Conciergerie, el antiguo Palacio de Justicia convertido entonces en cárcel. Luego de una investigación preliminar, Miranda habría de comparecer ante el Tribunal Extraordinario en lo Criminal creado por la propia Convención y en el cual el «exterminador» Antoine Fouquier-Tinville (quien actuaba como fiscal durante el proceso) debía probar que Miranda había conspirado, como lo demostraba la derrota de Neerwinden, para cometer traición contra los intereses de la república.
La naturaleza de las acusaciones y la forma en que se condujo el juicio pondrían en evidencia que se trató de un asunto más político que militar y, por tanto, como lo sostiene Caballero, será la política la que decida su inmediato destino[133]. Como cabe ver, aparte de Miranda, el propio sector girondino estaba siendo enjuiciado a causa de semejante desastre[134].
Lo que en buena medida lo libró de probar el filo de la guillotina fueron tres circunstancias muy concretas: primero, la brillante peroración de su abogado Claude Chauveau Lagarde, futuro defensor de la reina María Antonieta, del jefe girondino Jacques Brissot e, incluso, de Charlotte Corday, quien habría de asesinar a cuchillazos en su bañera al líder jacobino Jean-Paul Marat; segundo, la concurrencia de algunos testigos de excepcional calidad (entre quienes destacaran Thomas Paine y Jean Barlow, antiguo capellán del ejército de George Washington[135]) ante ese tribunal que habría de juzgar al venezolano con base en un interrogatorio conformado por 63 preguntas; y, tercero –aunque tal vez se trate de la circunstancia en la cual se repare con menos frecuencia–, el cuidadoso inventario de los documentos conservados por él acerca de la campaña del Norte, los cuales no solo revelaban las órdenes escritas de Dumouriez sino que testimoniaban sus reiteradas objeciones al plan trazado por su superior en Neerwinden. La disciplina, obsesión y celo de Miranda con sus papeles personales demostraron ser en esta ocasión algo más que una simple manía personal. No parece exagerado sostener entonces que el esmero con que conservara aquellos legajos, aun en medio del lodo y las batallas, fue lo que en buena medida lo salvó del cadalso y le permitió obtener de parte del jurado un veredicto favorable a su absolución.
Por último, destaca algo importante y que, en buena medida, se debe a la atenta pesquisa llevada a cabo en el marco de una reciente investigación respecto al tema. A la hora de reevaluar las fuentes disponibles, sus autores –Nelson Totesaut Rangel y Henrique Paolini– llaman la atención acerca del hecho de que este proceso tuviese lugar en una época anterior a la codificación, es decir, durante una coyuntura de tránsito entre el derecho antiguo y el derecho republicano. Por tanto, lejos de tratarse de un juicio caracterizado con arreglo a lo dispuesto por la norma escrita que regiría en Francia a partir del advenimiento de Bonaparte, el proceso contra Miranda presupuso el desfile de un elenco de testigos de «carácter» (pintores, artesanos, relojeros, sastres, zapateros, tipógrafos, funcionarios municipales y comerciantes, es decir, gente del común), quienes, en tal calidad, y junto a libelistas cercanos al reo, fueron capaces de hacer que el juicio se contrajera más a las atributos personales del acusado que a los elementos que informaran sobre su actuación militar, en todos sus detalles y desaciertos. Esto, claro está, confirma lo que se señalara anteriormente con relación a la presencia de elementos de carácter político que lucirían inescapables durante el juicio.
Sin embargo, al mismo tiempo, sería tal circunstancia la que permitiría hacer más viable la presunción de inocencia del acusado frente a los hechos materiales concretos (la campaña de Neerwinden propiamente dicha), ofreciéndole a Chaveau Lagarde mayores posibilidades de defender a Miranda en un contexto tan turbulento[136].
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