de un centro urbano que pretendía albergar fraccionamientos, edificios de gobierno, un centro de convenciones, un parque metropolitano, un parque lineal, un hotel, un centro escolar, un centro de salud, entre otros inmuebles. Su objetivo era impulsar el desarrollo económico de la región, así como ofrecer vivienda y servicios a los trabajadores de la planta automotriz.
Para su ejecución se realizaron diversos estudios de ordenamiento territorial que coadyuvaron a determinar su viabilidad técnica. Sin embargo, para su implementación se evidenció la falta de un análisis de factibilidad socioeconómica que determinara la demanda de vivienda por parte de los trabajadores de Audi. De acuerdo a un censo reportado por el Organismo Público Descentralizado de Ciudad Modelo (opd Ciudad Modelo), en junio de 2019, de los 325 residentes que realizaban alguna actividad laboral1, sólo 122 trabajaban en la empresa alemana o en alguna empresa proveedora. Actualmente, la armadora cuenta con más de 5 mil trabajadores los cuales en su mayoría vive en la ciudad de Puebla u otras localidades, quienes prefieren desplazarse todos los días desde sus lugares de residencia al trabajo.
Por otro lado, se observó la necesidad de un análisis de factibilidad política respecto a la manera en que dicho proyecto iba a ser recibido por las localidades aledañas, para conocer en qué medida se les podía involucrar, incluir y fomentar su apropiación.
Para junio de 2019 había un total de 380 habitantes y 596 viviendas, según datos recuperados de una solicitud de acceso a la información (sai)2 realizada por un ciudadano al opd Ciudad Modelo. Mientras se realiza la edición de este libro, el gobierno estatal se encuentra diseñando una estrategia para rescatar y convertir a Ciudad Modelo en un importante polo económico e industrial, para dejar de ser el pueblo fantasma en el que se ha convertido.
Caso 2. Presa El Yathé, Hidalgo
A 96 km de la capital hidalguense se encuentra la presa El Yathé, una enorme estructura de concreto en la cual se gastaron poco más de 390 millones de pesos, que hoy sólo sirve como un enorme recipiente con agua estancada.
En la década de los setenta se previó la creación de un proyecto hidráulico para la región, pero al transcurrir los años quedó en el olvido. Fue hasta 2007 que la Comisión Nacional del Agua (conagua) lo reactivó con la construcción de una presa que tendría como objetivo llevar agua a los distritos de riego de los municipios de Alfajayucan y Tula, con lo cual se tenía previsto beneficiar a más de 2 mil familias y aumentar la producción agrícola de la región.
Desde sus inicios, la presa tuvo un proceso de construcción atropellado. Las obras se retrasaron más de medio año debido a la falta de permisos de cambio de uso de suelo; una vez que iniciaron las excavaciones se identificó que el terreno no cumplía con las condiciones necesarias para construir la cortina de la presa, lo que aumentó los tiempos y los costos de la construcción; además, pobladores de comunidades aledañas a la obra denunciaron que las detonaciones realizadas por la constructora habían afectado sus viviendas.
Los principales vacíos en su diseño fueron dos: la falta de un análisis de factibilidad financiera y otro de factibilidad técnica. Respecto al primero, el gobierno federal no asignó los recursos necesarios para concluir la última etapa de la presa, que consistió en la construcción del canal de interconexión. En relación al segundo, no se realizaron los estudios pertinentes que determinaran si el terreno era apto para su edificación.
En noviembre de 2013, la presa fue inaugurada por el Presidente de la República sin ser terminada. Se aplazó la construcción del canal de interconexión a través del cual el agua acumulada se distribuiría a los campos de cultivo.
Actualmente, la presa El Yathé permanece como un enorme elefante blanco, mientras los campos de cultivo de la región siguen sin solventar la demanda de agua que requieren para poder impulsar la producción agrícola.
Caso 3. Nuevo Penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas
A 16 km de Ciudad Victoria, se ubica un abandonado penal a mitad de carretera en el que se invirtió poco más de 280 millones de pesos.
Ante la sobrepoblación del viejo Penal de Tamatán3 en la capital tamaulipeca, el gobierno estatal impulsó la edificación de un nuevo recinto en 2009, con recursos precedentes del gobierno federal.
La obra incluía la construcción de la barda perimetral, torres de vigilancia, celdas, área de talleres y deportiva, todo sobre sobre un terreno de 24 hectáreas. Su objetivo era dignificar y mejorar las condiciones del espacio penitenciario de las personas privadas de su libertad.
Por diversas razones, la “mudanza” de los ocupantes se vio obstaculizada y retrasada, de modo que con el tiempo, el nuevo penal quedó abandonado, por lo que la vegetación y el polvo comenzaron a ganar terreno al interior de sus instalaciones. Así mismo, el inmueble se convirtió en presa de la rapiña, pues en numerosas ocasiones extraños ingresaron al predio para robar parte de la infraestructura eléctrica.
La principal falla de esta obra, atiende a que se realizó una inadecuada estimación de los recursos necesarios para el desarrollo de sus diferentes etapas, es decir, se hizo un deficiente análisis de factibilidad financiera. Al concluir la primera fase, el penal dejó de recibir recursos quedando en el olvido.
Después de casi una década de permanecer como elefante blanco, a principios de 2019, el gobierno del estado de Tamaulipas declaró que el penal sería rescatado, por lo que se anunció la autorización de mil 700 millones de pesos para su conclusión. Sin embargo, a mediados de ese mismo año, el gobernador anunció que debido a un acuerdo celebrado con el gobierno federal para trasladar y hacerse cargo de las personas privadas de libertad ubicadas en diferentes penales del estado; se decidió posponer de manera indefinida la conclusión de la obra. Es así que la obra permanece en desuso y con un futuro incierto.
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