La violencia y su sombra. María del Rosario Acosta López

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La violencia y su sombra - María del Rosario Acosta López Ciencias Humanas

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parece a primera vista un gabinete de curiosidades, pone sobre la mesa el uso de objetos asociados con el proceso penal como medios de representación de la verdad pública.

      El museo está dividido en cinco salas temáticamente organizadas alrededor de una narrativa de lucha contra el crimen organizado. El recorrido comienza en el “salón institucional”, que presenta el contexto histórico que llevó a la creación de la Fiscalía General de la Nación en 1992. A esta le siguen cuatro salas: “Proceso 8000”, “FARC-EP”, “Paramilitarismo” y “Corrupción”. Cada una de ellas gira alrededor de objetos emblemáticos asociados con la lucha del Estado en contra del narcotráfico, la insurgencia, el paramilitarismo y los delitos de cuello blanco, respectivamente. Además de los objetos, el guion curatorial, resultado del trabajo de un grupo de fiscales y otros funcionarios de la Fiscalía, orienta al visitante en su recorrido.8

      El ensayo propone un análisis de la relación entre el museo institucional y el poder forense del Estado a partir de una etnografía del Museo Histórico de la Fiscalía. Específicamente del ‘objeto forense en el museo’ como uno constituido por dos estatus ontológicos distintos y aparentemente excluyentes: objeto forense y objeto museológico. Metodológicamente el texto procede a partir del análisis de tres objetos exhibidos en el museo: el celular de Otto Bula, el campero rojo en el que fueron asesinadas las víctimas de la masacre paramilitar de La Rochela y el oro paramilitar. Argumenta que, si bien es cierto que al llegar al museo el objeto forense pierde algo de su capacidad de persuadir dentro del proceso penal, esa pérdida lejos de ser total o definitiva viene acompañada de una nueva capacidad persuasiva. En efecto, el objeto también resulta animado por una fuerza que, contrario a lo que podría pensarse, no excluye al poder forense, sino que lo suplementa. El ensayo demuestra que de ese proceso emerge un régimen de objetos cuasiforenses cuya capacidad de persuasión depende de la simulación, dramatización y ficcionalización; prácticas tradicionalmente consideradas como antitéticas al poder forense del Estado moderno. Puestos en escena, los objetos forenses en el museo transforman los imperativos probatorios que rigen la epistemología forense y en cambio animan la producción de ambigüedad, ficción e ironía como elementos centrales de la verdad del delito. Su puesta en escena transforma el poder forense del Estado poscolonial por medio de poderosas prácticas imaginativas.

      A pesar de un mandato aparentemente sencillo del museo institucional, el Museo de la Fiscalía parece un museo torpe. Alejado de los epicentros culturales de Bogotá y cerrado los fines de semana, el museo opera en un edificio propiedad de la Fiscalía que hasta enero de 2018 no contaba con ningún marcador visible que indicara a los transeúntes y vecinos de la carrera 13 con calle 18 la existencia del espacio. De alguna manera, es como si el museo existiera a pesar de sí mismo. Mejor aún, es como si, a pesar de tratarse de un museo público, en realidad se tratara de un museo que puede prescindir del todo de tener un público. Por eso, habría que insistir en que la torpeza del museo no radica en la falta de visitantes, aquello que es frecuentemente identificado como indicador inequívoco de la calidad del proyecto como fallido o de su estatus de ‘antimuseo’. Por el contrario, es justamente de la ‘torpeza fascinante’ del museo de donde proviene su fuerza expresiva (Restrepo, 2017, p. 4). Algo así como si se tratara de ‘una institución depositaria de la fe pública’, y específicamente de la fe en el poder forense del Estado, en la que se origina un sentido nuevo de la relación entre museo y público que parece definida por la posibilidad de prescindir de un público (Restrepo, 2017).9

      También hay algo sugestivo en la puesta en escena de un museo conmemorativo de la creación de la Fiscalía General de la Nación, una institución que surge como parte de un proceso de democratización a finales del siglo XX que culminó con la adopción de la Constitución Política de 1991. Es sugestivo precisamente porque la conmemoración de los 25 años de la Fiscalía coincide con un episodio constituyente más reciente: la firma de un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y uno de sus enemigos históricos, las FARC-EP. Así, a pesar de que la historiografía que propone ‘no está libre de sospecha’, tal y como suele pasar con los museos institucionales, el Museo Histórico de la Fiscalía le da voz al aparato de detección e investigación del crimen (González, 2000). Esto justamente en una coyuntura histórica que implica la reconsideración de la distinción amigo/enemigo que había sido central a la lógica de guerra que por décadas definió el modo en que el Estado poscolonial colombiano modeló la lucha contra el crimen.

      El análisis de los objetos cuasiforenses exhibidos en el museo constituye una oportunidad para reflexionar sobre la manera en que el poder del Estado puede hacerse manifiesto en sus cualidades paradójicas sin poner en riesgo su autoridad. Particularmente cuando se considera al museo forense —el cual existe a la sombra del poder policivo y militar— como uno de los métodos a través de los cuales el Estado dramatiza su monopolio sobre la lucha contra el crimen y la verdad pública acerca de esta.10

      El celular de Otto Bula

      Se perdió el 97 por ciento de la información

      que había en un celular que el lobista de Odebrecht,

      Otto Bula, entregó a la Fiscalía como prueba

      contra varios congresistas procesados por

      los sobornos de esa multinacional.

      NOTICIAS UNO (2019).

      Figura 1. Teléfono del exsenador Otto Bula

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      Fuente: foto de Federico Barón Rincón, Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación (20 de mayo de 2019).

      El 17 de marzo de 2019, uno de los objetos forenses exhibidos en el Museo Histórico de la Fiscalía se convirtió en materia de controversia pública. De acuerdo con un reportaje del diario de noticias independiente Noticias Uno, el teléfono celular del exsenador Otto Bula, encarcelado tras haber sido condenado penalmente por cargos de corrupción relacionados con el escándalo de Odebrecht, habría perdido buena parte de su valor probatorio (Noticias Uno, 2019). Tal y como informó Noticias Uno, según un informe del ‘fiscal ad hoc’ para el caso Odebrecht, la mayor parte de la información contenida en el smartphone de Bula se habría perdido.11 El celular de Bula, o, mejor, los datos almacenados en él, habían sido claves para construir el acertijo probatorio que ayudó a los fiscales a demostrar la participación del entonces senador en el esquema fraudulento que derrocó a presidentes y altos funcionarios en Perú, Ecuador y Brasil. Conforme con las denuncias del noticiero, las técnicas forenses usadas para la extracción y preservación de los datos que contenía el celular que ahora se encontraba exhibido en la sala sobre corrupción del Museo Histórico de la Fiscalía no habían sido las adecuadas, con lo cual se había puesto en riesgo el entramado de investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia en contra de varios congresistas acusados en el caso Odebrecht.

      ¿Existía todavía la posibilidad de acceder y usar la información originalmente almacenada en el celular de Otto Bula? Esa fue justamente la pregunta que le hizo el reportero de Noticias Uno al curador del museo durante la entrevista que hizo parte de la nota periodística del 15 de marzo. El periodista quería saber si era posible recuperar los datos del celular de Bula, dado que la información extraída de este no era “visible ni utilizable” por la Corte Suprema de Justicia o la Procuraduría General de la Nación (Noticias Uno, 2019). Las declaraciones del director del museo dieron a entender que el celular de Bula había perdido completamente su valor probatorio y que, por definición, en el Museo de la Fiscalía no podría exhibirse “una pieza que formara parte de un proceso [judicial]” (Noticias Uno, 2019). Afirmación que generó fuerte controversia debido a que, según la denuncia de la Corte Suprema de Justicia, el aparato entregado por Bula y su información constituían elementos de prueba esenciales para la investigación penal.

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