primer lugar resulta fundamental lo que ya hemos referido en relación con el ensanchamiento de oportunidades políticas para la movilización social y la movilización sociolegal. Como muestran todos los casos, el proceso de reformas políticas que incluyó la entrada al ordenamiento jurídico del paradigma de los derechos humanos permitió, entre otros: a) la existencia de tribunales con una pequeña dosis de mayor independencia con nuevos argumentos que podrían ser invocados; b) que el Estado mexicano tuviera la obligación de prestar atención a organismos internacionales de derechos humanos (Comités de los Pactos, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.); c) congresos y poderes locales con diversas fuerzas políticas representadas, lo cual aumenta las posibilidades de encontrar aliados influyentes; d) una mayor exposición del Estado al escrutinio público, lo cual convierte la represión en una salida más costosa y, en consecuencia, de uso más selectivo. Estos incentivos, que varían y son matizados o potenciados de acuerdo con la forma en que se verifican en cada estado o región, sin duda, catalizaron los procesos de acción colectiva.
En segundo lugar, tampoco podemos perder de vista los otros elementos relativos al contexto y ambiente de los procesos de movilización social. El ciclo de altos precios de los metales en el mercado internacional —que provocó una explosión de megaproyectos extractivos— permitió una mayor comunicación entre procesos de resistencia antes escasos y aislados, lo que trajo como consecuencia la comunicabilidad de las experiencias. Ello condujo a que muchos de los procesos aquí graficados, en especial los últimos, se vieran inducidos (McAdam, 1999: 60-61) por aquellos que comenzaron el ciclo de protesta. Además, otros factores de índole más local, como la existencia de élites económicas alineadas o divididas, la mayor o menor fortaleza de las estrategias de despojo, el grado de violencia desatada por las empresas mineras en complicidad con actores del Estado, entre otros, también se constituyeron en incentivos para la acción colectiva.
En tercer lugar, ha resultado relevante la fase del proyecto extractivo minero en la que los proyectos se encuentren. Al respecto, los casos referidos muestran que existen muchas más posibilidades de frenar un proyecto minero cuando este se halla en las dos primeras fases del proceso. Una vez que la explotación se ha echado a andar, resulta muy difícil detenerla, incluso a pesar de contar con redes asociativas fuertes, estructuras de movilización articuladas, marcos bien alineados y amplios repertorios. Lo que han invertido las empresas en la puesta en operación de los proyectos y las ganancias que ya están obteniendo las lleva a fortalecer las “estrategias de despojo”, a ejercer fuertes presiones sobre el Estado para que les permitan operar incluso violando sentencias de tribunales y hasta sin manifestaciones de impacto ambiental vigentes (caso Cerro de San Pedro), y a usar amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos de líderes sociales (caso San José del Progreso), con la consecuente ayuda del Estado para criminalizar a los activistas y sostener un clima permanente de impunidad.
En relación con las estructuras de movilización y los repertorios, los casos muestran que cuando existen redes comunitarias y asociativas densas antes de la llegada de los proyectos mineros, y la movilización se desata en la etapa de exploración sin dejar espacio a que operen las “estrategias de despojo”, las posibilidades de detener los proyectos son muy altas, como pasó en Zautla, Capulálpam, Montaña de Guerrero o en Ejido Benito Juárez. En estos casos, son utilizados los repertorios políticos mediáticos como campañas informativas, caravanas y pintas, pero en realidad estos no son los más importantes. Con solo tomar decisiones de unidad en el marco de Asambleas Agrarias o realizar grandes manifestaciones de fuerza, es posible parar un proyecto minero (Zautla, Ejido Benito Juárez).
Donde no existen estas redes, los casos descritos han mostrado que los repertorios políticos mediáticos son decisivos. Su utilización ha permitido crear estas redes y, a través de ellas y de una información oportuna y extendida, revertir el avance que han logrado en la población las “estrategias de despojo”, ejercer presión sobre las autoridades del Estado, y poner en marcha de manera estratégica los repertorios jurídicos (Tetela de Ocampo, La Vida, Baja California Sur, Movimiento Morelense).
Por otra parte, cuando existían redes comunitarias y asociativas densas, pero fueron minadas por las “estrategias de despojo” al punto de no poder reconstruirse de forma rápida y volver muy difícil y arriesgada la movilización política debido a la polarización social, los casos muestran que se vuelve decisivo usar estratégicamente los repertorios jurídicos para fortalecer el proceso de movilización y lograr por esa vía la detención de los proyectos (Zacualpan e Ixtacamaxtitlán). Lo mismo aplica cuando los repertorios políticos mediáticos y la extensión de la información acerca de los daños que ocasionan estos tipos de proyectos no logran crear esas redes o las crean sin lograr reducir la situación de conflicto comunitario. Por esta razón, los repertorios jurídicos resultan de vital importancia dentro de estos procesos de movilización social. Cualquier trasformación que permita diversificar los repertorios resulta fundamental para la acción colectiva.
De igual modo, en general los repertorios jurídicos no se utilizan de manera aislada, sino que se combinan con los políticos, y a veces es muy difícil diferenciar cuándo estamos en presencia de uno u otro. Esto se debe, en gran medida, a que los repertorios jurídicos no persiguen nada más la obtención de justicia en un caso concreto o aprobar una ley. Más allá de eso, muchas veces están enfocados a obtener resultados políticos que permitan avanzar las agendas de los actores involucrados en el proceso de resistencia. En la mayoría de los casos aquí referidos el derecho y los derechos han sido utilizados, pero no para obtener una sentencia favorable, o una negativa para la empresa dentro del proceso de EIA, o un acuerdo en una Asamblea Agraria inscrita ante el Registro Agrario Nacional (RAN). El objetivo final ha sido la defensa del territorio y blindarlo ante el avance de las compañías mineras, y para eso el derecho ha sido solo un medio.
Por último, en cuanto a los procesos enmarcadores (Tarrow, 2004: 156-175; Zald, 1999), los matices y detalles escapan a las posibilidades de un trabajo como este. De manera general se puede decir que la mayoría de los casos aquí analizados han construido el sentido de sus luchas alrededor de lo que Svampa (2012: 22-25) ha denominado el “giro ecoterritorial” de los movimientos sociales,7 en el que las luchas se plantean con un carácter socio-ambiental-territorial. Según las características de cada proceso se hace hincapié en unos u otros elementos dentro de este marco de acción colectiva, algunos de los cuales llegaron a estar en disputa. Si bien en los casos de La Vida, Baja California Sur y Cerro de San Pedro la lucha se centró en lo ambiental, en los casos de Capulálpam, Zacualpan y Zautla se acentuaron las demandas territoriales. En el caso de la Montaña de Guerrero tenemos una disputa de sentidos entre actores que enmarcaron la lucha como una simple defensa del territorio y otros que quisieron llevarla más allá, como la construcción de alternativas al desarrollo con planteamientos de autonomía respecto al Estado. Por último, en algunos casos como el del Ejido Benito Juárez, la lucha se presentó como un movimiento más agrario por la defensa de la tierra.
Derechos humanos y repertorios jurídicos frente a los megaproyectos mineros
Luego de analizar a grandes rasgos los procesos de acción colectiva contra la minería, explicaré el papel de los derechos humanos dentro de ellos. Hasta aquí he expuesto cómo el afianzamiento del paradigma de los derechos humanos dentro de la paulatina reforma política que ha experimentado el sistema político mexicano ha abierto nuevas oportunidades para la acción colectiva, en este caso, en la lucha contra megaproyectos mineros. Analizaré entonces la manera en que la incorporación de nuevos repertorios propiciada por esta irrupción de los derechos humanos como paradigma formal de funcionamiento del sistema jurídico mexicano ha influido en los procesos de acción colectiva y sus resultados. Para ello me referiré a cuatro repertorios que han sido utilizados en los casos en análisis.
a) En primer lugar, las Consultas Públicas y la Reunión Pública de Información que prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento
