mineros en México, con un claro impacto sobre los resultados derivados de la acción colectiva. Para ello estudiaremos a grandes rasgos catorce procesos de resistencia social frente a megaproyectos mineros, y haremos un balance del papel desempeñado por los repertorios jurídicos en el éxito o fracaso de la acción colectiva. Sostengo como argumento principal que los derechos humanos, en general, y la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en particular, han coadyuvado a la expansión de las estructuras de oportunidad para la movilización social, lo que permite a los movimientos sociales sumar nuevos repertorios jurídicos contra los megaproyectos mineros; tales movimientos contribuyen a la obtención de mejores resultados dentro de estos complejos procesos de acción colectiva.
La información de los casos analizados se obtuvo por dos caminos. En primer lugar, a partir de la observación participante derivada de mi vinculación durante los últimos cinco años con el movimiento nacional contra la minería, articulado desde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y la Campaña por una Nueva Ley Minera (CNLM). Mi participación (con altibajos) como académico y activista en estos espacios me ha acercado a algunos movimientos locales, y los análisis y el recuento de casos que presento se nutren de esta experiencia. En segundo lugar, consulté otros trabajos académicos acerca de los procesos de resistencia, así como artículos de prensa y minutas de reuniones, declaraciones y documentos políticos emanados de los distintos movimientos.
Para desarrollar mi argumento, en el apartado inicial explicaré el contexto estructural y el marco analítico con el cual abordaré el papel de los derechos humanos dentro de los procesos de acción colectiva contra la gran minería y, en consecuencia, su importancia como herramienta para la resistencia de los movimientos sociales frente al avance del capitalismo extractivo. Posteriormente se caracterizará el campo de la movilización social contra megaproyectos mineros en México explicando en forma de tabla los casos referidos. Luego haré un balance de los resultados de estos procesos prestando atención tanto a la relación entre los diversos elementos analíticos involucrados en estos procesos de acción colectiva, como a la relevancia de los derechos humanos dentro de los repertorios jurídicos utilizados. Finalmente, en las conclusiones, explicaré cómo lo analizado en el capítulo construye y refuerza el argumento que hemos presentado en estas líneas.
Capitalismo extractivo y acción colectiva
En los últimos quince años, la expansión de la megaminería metálica en el país ha sido un proceso incontenible. No se trata de un fenómeno aislado, sino que se inserta en un contexto estructural de transformación del capitalismo. El esquema de producción e intercambio capitalista heredado del fordismo, el keynesianismo y de la prevalencia de la acumulación mediante reproducción ampliada más que por acumulación por desposesión1 terminó a finales de la década de 1970 (Harvey, 2004: 123-124). Dentro de este proceso, a una primera fase conducida por el Consenso de Washington la siguió la que Svampa (2012) denomina “consenso de los commodities”, la cual implicó una vuelta al extractivismo y a la reprimarización de la economía, sostenida por los altos precios internacionales de las materias primas y bienes de consumo (alimentos, metales, hidrocarburos).
México no ha sido ajeno a esta situación. Como consecuencia del consenso de los commodities, a partir de las reformas estructurales de la década de 1980 que cristalizaron a comienzos de la de 1990, ha avanzado un proceso brutal de despojo de recursos y de espacios comunitarios para impulsar grandes proyectos de inversión carreteros, inmobiliarios, de energía eólica, mineros, turísticos y construcción de presas, entre otros. Es precisamente el campo de las industrias extractivas, y específicamente el de la minería, uno de los que más atención merece por su avance vertiginoso. Durante los últimos quince años, la minería en México ha vivido una expansión sin precedentes. Para ilustrar esto basta aportar un dato que no por muy difundido deja de ser escalofriante: entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de oro y la mitad de la plata que se produjo en trescientos años de explotación colonial (“Duplican magnates mineros”: 2011).
Como el territorio es socialmente producido,2 esta expansión acelerada de la minería genera cambios de gran envergadura sobre el territorio y sobre los sujetos y pueblos que lo habitan, transformando los medios y las estrategias de vida junto con las relaciones sociales (Bebbington, 2007: 35). Estas transformaciones ocurren tanto si logran establecerse los proyectos como si no. No obstante, como el descontento y la injusticia por sí mismos no producen movilización (Moore, 1996: 59), la llegada de estos grandes proyectos mineros puede provocar la simple aceptación de los mismos por parte de los pueblos y comunidades potencialmente afectados o detonar distintos niveles de movilización social en los territorios destinatarios de la inversión.
La aceptación de los proyectos puede derivarse: a) de la falta de información y/o experiencia acerca del daño que estos ocasionan; b) de la falta de oportunidades percibidas debido a deficiencia en los procesos enmarcadores (McAdam, McCarthy y Zald, 1999); c) de estructuras movilizativas y/o tejido social débiles que dificultan la capacidad para emprender procesos de resistencia social, o d) de la pobreza, falta de oportunidades laborales y/o medios de vida consolidados. A estos cuatro elementos, que pueden presentarse de manera aislada o en sus múltiples combinaciones, tenemos que sumarle las “estrategias de despojo” (discursivas, legales y de mercado), que pueden terminar por “convencer” a una población para que acepte el proyecto minero (Bebbington et al., 2013: 333).
Ahora bien, la llegada de megaproyectos mineros a los territorios puede detonar procesos de movilización social. Para ello resulta fundamental que este hecho pueda ser percibido como agravio, afrenta o injusticia. Como dicen Archila y Pardo (2001: 38), “la gente no lucha sólo porque tiene hambre, sino porque siente que no hay una distribución justa de un bien material, político o simbólico”. Esa sensación se construye colectivamente y se renueva a lo largo de cualquier proceso de acción colectiva. Pero la sola sensación de injustica no produce por sí misma movilización social.
Utilizando un modelo analítico de síntesis que busca ir más allá de las discusiones en torno a la movilización de recursos, la identidad o el proceso político (Della Porta y Diani 1999; Tarrés, 1992; Flórez, 2015), sostenemos que —para el campo de la movilización social contra megaproyectos mineros— la aparición de movimientos sociales estará estrechamente relacionada con: a) las posibilidades y restricciones políticas para la movilización social (Tarrow, 2004; McAdam, 1999); b) las condiciones catalizadoras del ambiente donde se sitúa el proceso de acción colectiva (Melucci, 1991: 358); c) las estructuras organizativas preexistentes que permiten la movilización (McCarthy, 1999); d) la fase en la que se encuentre el proyecto minero: exploración-concesión (1), exploración-EIA (2), explotación (3), ampliación (4), remediación y cierre (5); e) la percepción que del hecho, las oportunidades y las estructuras organizativas construyan los sujetos (McAdam, 1999; Melucci, 1999).
Dependiendo de las múltiples y diversas relaciones entre cada uno de estos elementos detonadores de la acción colectiva —con el actor social en el centro—, se podrán producir movilizaciones sociales de distintos tipos, que para los propósitos del presente trabajo dividimos en tres: aquellas encaminadas a la oposición total al desarrollo de los proyectos en cualquiera de sus fases (Tipo 1); las enfocadas en la negociación de condiciones más favorables para las comunidades como condición para la operación de los proyectos (Tipo 2), y aquellas que se decantan por un activismo decidido para que los proyectos mineros se lleven adelante (contramovilización), actuando entonces contra aquellos actores que se oponen a los mismos (Tipo 3) (Bebbington, 2013; Arellano-Yanguas, 2013).
Las posibilidades de éxito3 una vez que se active el proceso de acción colectiva, dependerá de: a) las estructuras movilizativas y de soporte que se activen; b) los repertorios utilizados; c) la forma en que varíe el ambiente del proceso de acción colectiva y la actualización de las estructuras
