para buscar objetivos colectivos (López, 2017a; Tsutsui, Whitlinger y Lim, 2012).
De esta manera, las organizaciones defensoras de DH construyen demandas y afrontan crisis de DH de acuerdo con las motivaciones y capacidades para movilizarse en dicha tensión. Por estas razones, cuestionamos la definición general de un “movimiento de derechos humanos” o la “universalidad en la defensa de los derechos humanos” (Nash, 2012), y ponemos énfasis en la diversidad contingente de la acción colectiva inserta en la paradoja constitutiva de los DH.
Para analizar esta diversidad, la propuesta de los campos de acción colectiva nos permite pensar el espacio de las ONG como arenas socialmente construidas por la interacción entre los actores según los intereses y las distribuciones de recursos, erigidos estos sobre una base situacional en la que el conjunto de los actores y sus relaciones en el tiempo define el tipo de prácticas colectivas que se institucionalizan (Edelman, Leachman y McAdam, 2010; Fligstein y McAdam, 2011; McAdam y Scott, 2005). La definición de los campos de acción colectiva retoma de Bourdieu su idea relacional y conflictiva del orden social, según la cual las posibilidades de tomar posición dentro del espacio social se presentan de acuerdo con la posesión o desposesión de los recursos propios que estructuran los marcos de relaciones.3
Podemos delimitar el campo de acción colectiva de las organizaciones defensoras de los DH como un espacio de relaciones y posiciones sociales establecidas en el tiempo, en el que los agentes formales (ONG) se ubican como “expertos” en un modelo de conocimiento jurídico, en el activismo en defensa de principios normativos y morales transnacionales, y en la apropiación de recursos económicos, jurídicos e informacionales, que les permiten presentarse como los “portavoces legítimos” de la defensa de los DH, enmarcando demandas y definiendo problemas colectivos. En el campo de la defensa de DH hay una traducción de los problemas y objetivos a “asuntos de derechos humanos” (López e Hincapié, 2015).
Una de las consecuencias inmediatas de la tensión de la institucionalización de la defensa de los DH por medio de las ONG y su campo de acción especializado, es que las demandas y los reclamos se inscriben en prácticas preestablecidas que requieren el desarrollo de determinadas habilidades de movilización que los potencien y hagan eficientes, como un conocimiento experto (recursos jurídicos e informacionales), capacidades para movilizar recursos económicos que les permitan su funcionamiento, además de la producción de confianza y conexión entre ellas mismas y con otros actores, en los niveles interno y externo. Estas habilidades de movilización y especialización exigen a las ONG estar todo el tiempo relacionadas con las lógicas gubernamentales, lo que da forma, en su interacción, al campo de acción colectiva estratégica institucionalizado en el tiempo (López e Hincapié, 2015).
La interacción especializada, continua y sostenida de las ONG, entre ellas mismas y con los gobiernos, delimita la forma que toma este campo de acción colectiva. Como vemos, la defensa de los DH depende de las habilidades de movilización (tipo de recursos, orientaciones y agendas que movilizan los actores) y la relación que establecen con las dinámicas gubernamentales (políticas, oportunidades y restricciones); de allí la importancia de hacer un corte analítico sobre la forma que ha tomado la acción de las ONG en México desde esta interacción para entender su complejidad y diversidad, además de aportar a la comprensión de las posibilidades y los límites de sus acciones.
La defensa de los derechos humanos después de la alternancia: heterogeneidad de agendas (2000-2012)
Con el triunfo de las demandas por la democratización, traducidas en su momento en la alternancia electoral que llevó al Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia en el año 2000, se presentó un cambio tanto en las lógicas gubernamentales como en la aparición de agendas que generaron una pluralización y ampliación del espacio para la defensa de los DH en México. Analizando este cambio podremos advertir cómo la tensión entre la oportunidad y el constreñimiento que caracteriza la defensa de los DH, en un escenario con alto protagonismo gubernamental en la apropiación de los derechos, explica un campo amplio y heterogéneo en el que no siempre las ONG convergen en intereses, estrategias y objetivos.
Tras la alternancia, los dos cambios más significativos que aparecieron en las lógicas gubernamentales en relación con la política de DH fueron: 1) el reconocimiento por parte del Ejecutivo de la relación que existía entre “democracia” y “derechos humanos”, y 2) una estrategia distinta de apertura del Estado frente al sistema internacional e interamericano de DH con la aceptación de los principales órganos de control y monitoreo.4
La observación internacional directa abrió una oportunidad para la acción estratégica de las ONG de visibilizar la situación de DH en México; en esta inserción de México a la lógica de observación internacional, las ONG aparecían como “aliadas estratégicas” para la circulación de información entre actores diferentes a los gobiernos. Por su parte, los programas de gobierno a nivel nacional en materia de DH se presentaron como un posible espacio de participación y consenso, donde las ONG incidirían en las etapas de formulación e implementación de políticas públicas.
A pesar de estas oportunidades formales, los resultados de las políticas gubernamentales llevaron a una decepción generalizada. Como bien lo demuestra Maza (2009), este cambio fue mucho más retórico que un compromiso real del gobierno, y esto se vio reflejado en los nulos resultados en políticas clave como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la no aprobación de una ley general de derechos humanos, o los conflictos de interlocución en el plan nacional de derechos humanos, entre muchos otros. Estos “fracasos” evidenciaron un mayor interés del gobierno mexicano por socializar a nivel internacional una imagen como promotor de los DH, que un compromiso real de acometer cambios al interior del país.
Este desencanto se sumó al incremento paulatino de los problemas de seguridad con operativos militares que se correlacionaron directamente con el aumento en homicidios, violaciones y masacres, entre otros. La violencia que se vivía en el país desde la década de 1990 se profundizó frente a las políticas de militarización del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), las cuales desataron una ola de violencia y violaciones de DH sin precedentes. De esta manera, la realidad confrontó directamente a las ONG con el gobierno federal, contraponiendo la política militarista a la defensa de las garantías individuales y al reconocimiento de las víctimas, crisis que se agravó con el retorno del PRI (2012-2018) y la continuidad de la violencia.
Más allá de las reformas como la de 2011 y el reconocimiento de los DH con jerarquía constitucional, y un primer intento del gobierno de Peña Nieto de reconocer a las víctimas (por medio de la Ley de Víctimas), los sucesos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán, entre muchos otros, demuestran la continuidad de la crisis de violencia que vive el país, una crisis que ha abierto nuevos escenarios de rechazo gubernamental a las críticas internacionales en materia de DH (como lo sucedido en el último año en general frente a las críticas y en el caso especial de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura en particular).
De esta manera, luego de la alternancia se dio en México un proceso de apropiación gubernamental de los DH, es decir, la incorporación de la agenda de los DH en la orientación concreta de políticas institucionales del gobierno, lo que dio lugar a una serie de espacios de administración de las demandas por el respeto y cumplimiento de los derechos. A continuación presentamos una descripción analítica de las ONG que, en la interacción con las lógicas gubernamentales, caracterizan el campo especializado de la defensa de los DH en México en el siglo XXI.
ONG orientadas a las dinámicas institucionales estatales
La
