de los gobiernos para aplicar políticas públicas de DH y, por ende, de la presión en esa materia, a fin de generar “cambios de comportamiento” (Risse, Ropp y Sikkink, 2013). Antes que desaparecer, el Estado desempeña un papel mediador de tales dinámicas, lo que fortalece sus funciones de coerción y regulación (Hincapié, 2015a). De allí su centralidad y responsabilidad en este proceso de efectos desastrosos sobre los DH.
Hasta ahora existen dos interpretaciones que nos permiten entender que las demandas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) no sean centrales frente a la crisis de DH que afronta México. Por una parte, Maza (2009) plantea que luego del proceso de alternancia electoral en el año 2000, el discurso del movimiento de DH, especialmente de las ONG, perdió integralidad y su trabajo giró hacia los canales institucionales de promoción de la democracia, además de que los gobiernos panistas tuvieron una exitosa política de socialización como “defensores de los derechos humanos”; por eso la pérdida de fuerza y efectividad en la presión.
Por otra parte, Frey (2015) adjudica incapacidad a las ONG para generar una amplia movilización y crítica efectiva frente a la crisis de DH a “desequilibrios de poder” con los gobiernos. Según esta autora, dichos desequilibrios se producen por las disputas respecto del financiamiento en las que se ven inscritas esas organizaciones. A pesar de lo sugerente de esta tesis, encontramos en ella dos debilidades fundamentales: por una parte, es una idea que se justifica con base en el análisis de apenas un par de organizaciones regionales y dos más de la capital del país y, por la otra, la desigual distribución del financiamiento es una característica que se presenta en diversos contextos estatales; no obstante, existen múltiples ejemplos de coordinación y cooperación de los propios actores colectivos que hacen contrapeso a esta desigualdad de recursos económicos (López, 2015).
A pesar de estas posturas, que aportan elementos importantes para comprender la dinámica de acción de las ONG frente a la crisis de violencia, estudiar “el movimiento de derechos humanos” o “el sector de los derechos humanos” como un espacio generalizable y homogéneo origina dos límites que buscamos resolver en este texto: primero, invisibiliza diversas dinámicas contenciosas por parte de ONG que se han mantenido en algunas regiones del país; segundo, impide abrir una vía para entender qué rasgos e implicaciones tiene la desigual distribución de recursos entre las propias ONG y qué tipo de agendas están en juego, pensando en términos de oposición a la violencia generalizada desde la dinámica particular del capitalismo neoliberal en México.
El argumento principal del presente capítulo es que los límites de la defensa de los DH frente a la violencia que vive México se pueden explicar, en parte, por la institucionalización fragmentada del campo de acción colectiva de las ONG.1 Dicha fragmentación se evidencia en las demandas y estrategias desconectadas que se producen de acuerdo con los contextos regionales de acción y con una profunda desigualdad de distribución de recursos que limitan la capacidad de las ONG en las regiones en comparación con las de la capital. Para desarrollar nuestro argumento seguimos los planteamientos teórico-metodológicos de los campos de acción colectiva estratégica, y elaboramos una explicación fundamentada en la distinción de las agendas y los recursos movilizados de las ONG de DH frente a la violencia y las políticas de seguridad. La perspectiva de los campos de acción colectiva nos permitirá analizar cómo los actores colectivos se movilizan estratégicamente entre el constreñimiento y las oportunidades que brindan los DH, no solo en el discurso, sino también y más importante, cómo se movilizan en relación con los recursos con los que cuentan y el tipo de estrategias que pueden llevar a cabo dentro del repertorio de defensa de los DH.
El capítulo tiene un carácter descriptivo y exploratorio, ya que es escaso el trabajo en cuanto a caracterización y definición de las organizaciones defensoras de DH en México. Primero delimitamos el marco analítico de los campos de acción colectiva, destacando la especificidad de la acción de defensa de los DH, las restricciones y oportunidades de su institucionalización. Segundo, planteamos las lógicas gubernamentales frente a las cuales se movilizan las ONG. Finalmente, distinguimos los recursos y las agendas que movilizan las ONG frente a las lógicas gubernamentales y la violencia, exponiendo la distinción que existe en cuanto a recursos y agendas de demanda movilizados por los actores orientados al trabajo institucional (en especial en la capital del país) y aquellos con una orientación contenciosa (principalmente en algunas regiones del país). Esta institucionalización fragmentada de los recursos y las agendas de las ONG es, en el argumento eje del capítulo, una de las causas que permite explicar la falta de centralidad de las demandas por los DH frente al contexto de violencia que vive México.
La defensa de los derechos humanos y la respuesta colectiva institucionalizada en ONG
El derecho internacional relativo a los DH ha brindado estructuras de oportunidad, recursos, marcos y espacios de identidad a la acción colectiva (Tsutsui, Whitlinger y Lim, 2012; Simmons, 2009; Risse, Ropp y Sikkink, 2013). Como recuerda Simmons (2009), las leyes de DH por sí solas no tienen ningún tipo de efecto, sin embargo, pueden agregar presión sobre los gobiernos porque sugieren otras maneras en las que las personas pueden percibir su relación con el gobierno y con los demás, enarbolando un horizonte de sentido de las reivindicaciones y generando un “espacio político” que sería mucho más reducido si no existieran.
Dada la centralidad de las ONG en la defensa de los DH, el marco teórico de las redes de presión transnacional suele enfocarse en el trabajo de las que se definen como gatekeepers, es decir, las que conectan demandas nacionales con actores internacionales porque tienen mayor capacidad de movilizar recursos económicos, formar contactos y, de una u otra manera, “certificar los reclamos en derechos humanos” (Bob, 2010; Carpenter, 2007; Keck y Sikkink, 2000). El énfasis en las ONG que conectan demandas con actores internacionales debe ser relativizado, especialmente si queremos entender el papel estratégico que desempeñan las ONG locales en relación con las demandas sociales y cómo sus repertorios de acción se conectan o vinculan con las exigencias de otro tipo de actores (movimientos sociales, víctimas, grupos de base, entre otros).
Contrariamente a las tesis más optimistas de la defensa de los DH, es necesario explicitar algunas salvedades respecto del nivel más institucionalizado de la acción colectiva de defensa de los DH que representan las ONG. Estas no son actores independientes, se encuentran inscritas en relaciones de poder que operan en varias direcciones, por lo cual no se puede hablar de manera homogénea de sus identidades e intereses.2 Algunas ONG tienen más éxito que otras, pueden utilizar mayores y mejores ventajas políticas y, por consiguiente, impulsar mayores impactos en la opinión y en la conexión con actores más poderosos (Berkovitch y Gordon, 2008; Bob, 2010; Gordon, 2008). Lo anterior dado que las organizaciones se inscriben en contextos particulares con diferentes distribuciones de recursos para la acción colectiva, lo que permite, entre otras cosas, que algunas puedan sostener diferentes visiones y estrategias para la defensa de los DH.
Es importante destacar que la defensa de los DH siempre se inscribe en una tensión de constreñimiento y oportunidad que cambia de acuerdo con contextos, motivaciones, estrategias de conexión, movilización y reivindicación. Identificar esa tensión inherente a los DH es importante y de ninguna manera cae en la obviedad, ya que permite advertir los constreñimientos que generan los DH como discurso oficialmente reconocido, al tiempo de resaltar que solo en su “movimiento” los DH pueden cuestionar estructuras de poder o dominación (López, 2013). En el primer caso, los DH son un marco institucional que constriñe los discursos y las estrategias de reivindicación colectiva, ya que las demandas sociales, que muchas veces pueden ser amplias y muy heterogéneas, suelen canalizarse hacia un asunto de transformaciones técnicas e institucionales, lo que da espacio a prácticas que se convierten en una rutina sin poder transformador real y con gran capacidad de administración estatal. En el segundo caso, los DH son un repertorio de acción colectiva con capacidad contenciosa, es decir, los propios marcos institucionales (nacionales y supranacionales) brindan recursos para llevar a cabo estrategias de acción colectiva, por medio del litigio estratégico, la denuncia pública,
