de la alternancia electoral en el año 2000 en México, las lógicas gubernamentales se modificaron hacia la apropiación estatal de la agenda de los DH, con lo que se abrieron espacios y oportunidades para la acción de las ONG como actores profesionales, al mismo tiempo que permitieron al gobierno administrar institucionalmente las demandas y el trabajo en derechos humanos.
Como resultado de la interacción estratégica de las ONG con las nuevas lógicas gubernamentales, entre 2000 y 2014 se desarrollaron sofisticadas habilidades de movilización en la defensa de los DH. Estas nos permiten distinguir entre cuatro tipos de actores institucionalizados, los cuales clasificamos en dos subgrupos: a) organizaciones de enfoque institucional: ONG orientadas a las dinámicas institucionales estatales, y ONG especializadas en asuntos técnicos; b) organizaciones de enfoque contencioso: ONG de activismo histórico, ONG de perfil local y regional en reacción a las violencias (cuadro 2).
Los actores con un enfoque institucional se caracterizan por un trabajo cercano de apoyo y reforzamiento de las reformas estatales en el nuevo escenario de apropiación gubernamental de la agenda de los DH, además de estar ubicadas en su mayoría en la capital mexicana. Por una parte, las organizaciones orientadas a las dinámicas estatales forman parte, precisamente, del proceso de cambio electoral que vivió México y se han insertado en el impulso de agendas de DH, leyes, implementación y evaluación de políticas públicas en una amplia agenda que va desde los derechos políticos electorales y los derechos de género, hasta el funcionamiento de programas gubernamentales de combate a la pobreza. Por otra parte, las ONG especializadas en asuntos técnicos son organizaciones que a partir de una alta experticia han movilizado recursos económicos para financiar proyectos de evaluación, diagnóstico e impacto en áreas especiales como el Estado de derecho, manteniendo como agenda el buen funcionamiento institucional.
Los actores con un enfoque contencioso se caracterizan por llevar adelante acciones ligadas a la crítica al gobierno y el acompañamiento de las víctimas, principalmente en muchas regiones del país, apelando a estrategias de denuncia a nivel interno y externo, prácticas que entran en disputa con el propio gobierno respecto de quién moviliza la agenda de DH legítima. Por un lado, las organizaciones del activismo histórico continuaron con las estrategias de denuncia pública, producción de información y defensa de casos paradigmáticos; no obstante, con los cambios gubernamentales también entraron a formar parte de algunas dinámicas institucionales, como la elaboración del diagnóstico nacional de DH, y enfrentaron grandes retos para abordar la crisis de violencia en medio de la guerra contra el narcotráfico. Por otro lado, actores colectivos locales y regionales arraigados en contextos conflictivos y marginales realizan trabajo local de documentación y acompañamiento a las víctimas, educación y formación popular, defensa jurídica de casos a nivel estatal y la articulación para la movilización de diferentes agendas de demanda, entre las que destacan la oposición a los feminicidios, la defensa de los derechos indígenas y comunitarios, la defensa de los migrantes y la denuncia de la desaparición forzada en todo el territorio. Estas ONG locales y regionales han contado con conexión y solidaridad internacional que les ha permitido desarrollar habilidades de movilización relacionadas con la denuncia del alto riesgo de las zonas donde actúan, dada la expansión y capacidad de ordenamiento local y regional del crimen organizado.
De esta manera, entre el 2000 y 2014 las dinámicas de interacción entre las ONG y el gobierno federal en México generaron un ensanchamiento del espacio para la defensa de los DH con más y diversos actores, al mismo tiempo que una fragmentación del tipo de agendas y marcos movilizados por las propias organizaciones. Como vemos, cada tipo de actores, en su interacción con las lógicas gubernamentales, moviliza diferentes recursos y agendas para la defensa de los DH, lo cual permite distinguir entre un perfil más vinculado con el trabajo institucional y aquel orientado a una contención y crítica gubernamental.
Todas estas diferencias dan cuenta de una fragmentación en el campo de acción colectiva, en el que las ONG orientadas al fortalecimiento institucional no están necesariamente conectadas con las agendas de las ONG de apoyo comunitario y trabajo directo con las víctimas en el ámbito local y regional. De esta manera, la diversidad de actores y el campo heterogéneo de especialización de las ONG impide hablar en general de “un movimiento de derechos humanos”; por el contrario, los objetivos y las agendas que impulsan las ONG defensoras de DH como actores profesionalizados y especializados de dicho movimiento son heterogéneos, de allí que la comprensión y delimitación de sus diferencias sea un aporte a la discusión sobre los retos que afronta la defensa de los DH en medio de la crisis de violencia sin precedentes que vive el país.
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