son movilizados (Snow y Benford, 1992; Zald, 1999), y e) la forma en que se construye subjetivamente la acción colectiva, de manera que las estructuras organizativas, los repertorios y los marcos cognitivos puedan ser erigidos y utilizados de la mejor manera (McAdam, 1999; Melucci, 1999).
Si bien los procesos de acción colectiva contra la megaminería pueden analizarse dando cuenta de todos estos elementos a la vez, o de alguno de ellos en específico, como hemos ya explicado, en el presente capítulo hemos optado por exponer cómo las reformas en materia de derechos humanos han ensanchado las oportunidades políticas y permitido la ampliación de los repertorios jurídicos con efectos claros en los resultados de procesos de movilización social (Tipo 1).
En México, los últimos quince años atestiguan la explosión a todo lo largo y ancho del país de conflictos sociales relacionados con la explotación de recursos mineros. Son varios los elementos que se han combinado para que esto sea posible. En primer lugar, es importante mostrar que coincide, en términos de tiempo, con la época en la que se han expandido los proyectos mineros de características tecnológicas distintas de las de la minería tradicional, e incluso en regiones que no se habían dedicado a esta actividad. Todo esto ha prendido las señales de alarma. Por otro lado, ocurre en una etapa en la que las situaciones que los actores sociales pueden experimentar como “agravios” se han ampliado debido a la importancia de los asuntos de identidad para los movimientos sociales (Archila y Pardo, 2001), al incremento de la conciencia ambiental de los sujetos, y en general a la emergencia del “giro ecoterritorial” (Svampa, 2012) como elemento central en muchas de las perspectivas de los movimientos en torno a las posibilidades de acción colectiva. Por último, no podemos dejar de aludir a los cambios político-institucionales aquí mencionados, los cuales generan un ensanchamiento en las estructuras de oportunidad para la acción colectiva.
A partir de los elementos analíticos delineados en el presente apartado, analizaremos el campo concreto de la movilización social contra megaproyectos mineros en México.
De Cerro de San Pedro a Zacualpan: la lucha contra el capitalismo extractivo minero en México
Como ha documentado Paz (2014: 15), en México se encuentran activos 113 conflictos socioambientales. Muchos de ellos derivan de la instalación de proyectos mineros. La mayoría —desde el proceso de lucha contra la New Gold Minera San Xavier en Cerro de San Pedro San Luis Potosí (el caso más antiguo y emblema de la resistencia antimegaminera en esta nueva etapa), hasta el de la oposición a proyectos mineros en Zacualpan, municipio de Comala, en Colima (uno de los más recientes)— son del Tipo 1, centrados en la oposición total a proyectos mineros. Se trata de procesos locales en los que confluye una gran diversidad de actores sociales: pueblos indígenas, campesinos, organizaciones de la sociedad civil, clases medias profesionales, intelectuales expertos, actores religiosos, y hasta sectores de élite de pueblos y comunidades que ven en la minería una severa afectación a sus intereses económicos. Por otro lado, estos procesos locales no están aislados, sino que a través de la participación dentro de las diferentes redes de organizaciones nacionales agrupadas contra la megaminería,4 organizaciones nacionales de derechos humanos,5 o espacios de articulación no estructurados,6 han compartido estrategias, experiencias y conflictos.
A continuación sistematizaremos en una tabla los procesos de acción colectiva en análisis. Estos se enlistarán en la primera columna. Cada uno será explicado en una fila a partir de los elementos en que se puede descomponer analíticamente el proceso de movilización social. Para ello, hemos unido tantos los elementos que nos permiten entender por qué surgen los procesos de acción colectiva como aquellos que permiten explicar sus fortalezas y debilidades, así como los resultados derivados de los mismos.
Los saldos de la acción colectiva: los derechos humanos como repertorio
De lo explicado en el apartado anterior en torno a los casos de movilización contra la gran minería en México y el uso de los repertorios jurídicos se pueden extraer algunas conclusiones comparadas. A continuación las expongo dividiéndolas en dos partes: primero me referiré a los aspectos comunes a los distintos procesos de acción colectiva que han permitido de manera momentánea la detención de los proyectos extractivos; posteriormente detallaré el papel desempeñado por los repertorios jurídicos, destacando entre estos el papel de los derechos humanos.
Algunas claves para entender los resultados de los procesos de acción colectiva contra megaproyectos mineros en México
Lo primero que salta a la vista cuando se analizan comparativamente los resultados de los procesos de movilización social es que, de los catorce aquí mencionados, en doce de ellos se ha logrado detener por un tiempo el avance del proyecto minero (solo en los casos 1 y 4 el proyecto ha continuado en operación). A diferencia de otros procesos de movilización social donde el tiempo que corre en la búsqueda de justicia se puede convertir en otro elemento más de reforzamiento de la situación de vulneración de derechos y de reafirmación de la condición de víctima, en el campo de la lucha contra megaproyectos ganar tiempo significa evitar que se fragüe la devastación ambiental y el despojo. Es cierto que ese tiempo puede servir para desmovilizar, para agotar la resistencia en largos y tortuosos procesos judiciales. Sin embargo, es imposible cambiar la situación de inminente despojo que la comunidad no eligió, y cada día ganado a la minera es una victoria (aunque sea pequeña) para los actores sociales movilizados.
Ahora bien, como expliqué, en todos los casos mencionados los proyectos están solo detenidos, debido a que el acto administrativo que les dio origen —la concesión minera— sigue vigente y, por lo tanto, en cualquier momento podrían reactivarse. No hay que obviar el hecho de que la mayoría de los megaproyectos mineros —y por consiguiente las resistencias— se activaron alrededor del año 2008, coincidiendo con importantes picos en el precio de los metales. La movilización social, en todos estos casos, logró frenarlos, pero no se puede dejar de incluir en la ecuación que, desde 2013, los precios internacionales comenzaron a bajar. Ello explica tal vez los limitados esfuerzos de las compañías mineras para reactivar los proyectos extractivos luego de que estos fueran detenidos como producto de la movilización social. No obstante —tal como sucedió con el caso de Cerro de San Pedro—, si se vuelven a dar fuertes alzas en los precios de los metales y se transforman las oportunidades políticas, estos proyectos podrían reimpulsarse, lo cual refuerza el riesgo implícito que conlleva el que, a pesar de que se logre frenar los proyectos, las concesiones queden vigentes.
Este éxito momentáneo de los procesos de movilización social contra la gran minería en México no responde a modelos preestablecidos sino a un cúmulo de situaciones en las que es
