estrategias para insertarse en los espacios de impulso de trabajo institucional, con lo que reforzaron la apropiación gubernamental del discurso de los DH. Este proceso permitió una paulatina especialización en la relación entre los DH y las políticas públicas, en las que las ONG buscaron incidir con la implementación de proyectos que tuvieran un impacto en la garantía de los derechos.
La interlocución fluida entre ONG y organizaciones estatales también fue posible en la medida que muchos actores que participaron en la movilización social pasaron a formar parte de las instituciones creadas en la alternancia. El papel que pudieron cumplir las ONG se relacionó también con los cambios en los papeles asignados a la sociedad civil en general, con la creación por parte del gobierno federal de figuras como los Consejos Consultivos y Programas de Apoyo y Financiamiento “al tercer sector” en los que participaron activamente miembros de las ONG (Somuano, 2011; Cadena, 2004). En esta línea de trabajo de mediación institucional gubernamental de las ONG, también fue importante la reorientación estratégica que el gobierno del PAN dio a la Secretaría de Desarrollo Social, que buscó legitimar su política social integrando a diversas ONG en funciones gubernamentales dentro de sectores como la educación, la salud y atención a grupos marginados, entre otros, sustituyendo los decrecientes recursos que venían del exterior para la sociedad civil (Bizberg, 2007: 796).
Un caso muy representativo de esta orientación al impulso de políticas institucionales se dio en la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, la cual aglutinó a las ONG Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equidad y Género, e Ipas México, cuyos objetivos eran promover leyes y políticas públicas sobre el aborto y el acceso a servicios de salud de calidad desde la perspectiva de los DH y laicidad del Estado. Muchas de las lideresas de estas ONG han ocupado puestos en consejos consultivos y han sido clave en el impulso de reformas en la búsqueda del reconocimiento de derechos de género y sexuales.
En general, las ONG ubicadas en la Ciudad de México tuvieron una mayor relación de interlocución, incidencia y seguimiento a políticas públicas de carácter federal, así como vinculación con las dinámicas institucionales estatales en sus diferentes instancias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cumplió un papel clave en la socialización y educación sobre DH en la capital, de interlocución y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Durante la dirección de Álvarez Icaza, entre 2002 y 2009, diversas ONG fueron consultoras y asesoras de la CDHDF, además de que varios defensores de DH provenientes de tales organizaciones trabajaron para la Comisión, en lo que diversos entrevistados nombraron como una clara “alianza positiva con la sociedad civil”.5
Nuevas ONG con especialización técnica
A diferencia de los actores que se concentraron en el impulso de agendas institucionales y que provenían de la trayectoria de consolidación de la defensa de los DH y las demandas por los cambios democráticos, después del año 2000 nació un conjunto de ONG que buscaron consolidar nichos muy especializados en la promoción de los DH. Un emergente tipo de actores colectivos, ubicados en la capital del país, liderados por jóvenes que habían tenido una educación y formación profesional en DH (principalmente abogados).
En este conjunto de nuevas ONG defensoras de DH resaltan aquellas con perfiles más especializados sobre el Estado de derecho y el trabajo de promoción de reformas a la justicia. En este caso hablamos de organizaciones con un perfil de trabajo orientado al litigio estratégico y la promoción del marco normativo de los derechos, como el Instituto de Justicia Procesal Penal (2004), Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) (2005), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (2006) e I(dh)eas Litigio Estratégico (2009). Además de estas ONG, activistas con amplia trayectoria en defensa de los DH crearon organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia (2007), y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (2011).
Todas estas ONG están ubicadas en la Ciudad de México y tienen en común que orientan su trabajo a la influencia institucional, el seguimiento y la asesoría en la implementación de reformas a la justicia y de atención a la población en el marco de los DH, además de una relación cercana con fundaciones donantes internacionales en materia de democracia, Estado de derecho y DH como la fundación Ford y Usaid, entre otras.
Como ejemplo de lo anterior, ASILEGAL es una ONG que en tan solo cinco años se posicionó en el escenario nacional e internacional dado su claro perfil de experticia en temas de acceso a la justicia y prisión preventiva, además de que realiza proyectos de formación y capacitación en alianza con diferentes estados de la república para la implementación de la reforma a la justicia.6 Otro ejemplo de dicha emergencia es FUNDAR, la cual fue creada por académicos en 1999 y cuyo elemento innovador es “copiar lo que se hacía en los Think Thank del mundo anglosajón”; su objetivo inicial fue permitir el acceso a la información pública, transparentando el ejercicio de gobierno e inscribiéndose en la agenda de rendición de cuentas dentro del discurso de la democratización. Si bien esta ONG no surgió como una organización de DH, hoy en día es uno de los actores con una de las agendas de trabajo más amplia, mayor participación en escenarios nacionales e internacionales, y con una gran capacidad para movilizar recursos económicos con agentes financieros internacionales en el marco de la defensa de los DH.
Las nuevas ONG con especialización técnica se posicionaron de inmediato en la defensa de los DH, y ampliaron las agendas de demanda desde un trabajo técnico y enfocado al análisis de cumplimiento de los estándares del Estado de derecho. Este tipo de actores generaron sofisticadas habilidades de movilización para la defensa de los DH en México, como el litigio estratégico, la implementación y evaluación de políticas públicas y la promoción de marcos legales de interpretación, entre otras. En este camino, además de los recursos económicos, la capacidad de producción de información es eje central y común a todos estos actores que elaboran una cantidad sustancial de informes, índices e indicadores en torno a los problemas que impulsan.
Las ONG del activismo histórico en la Ciudad de México
El primer conjunto de actores que destacan con una orientación contenciosa en la dinámica nacional de defensa de los DH son las ONG vinculadas con el activismo histórico en la Ciudad de México, es decir, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”. Tipificamos estas organizaciones como de activismo histórico porque fueron protagonistas en la movilización en la década de 1990 e implementaron repertorios clásicos en la defensa de los DH, como la producción de informes para la socialización nacional e internacional, la defensa de casos paradigmáticos de violaciones a los DH, la producción de campañas y una política constante de denuncia pública.
A pesar de tener una orientación mucho más vinculada con la denuncia y la demanda frente al Estado, con los cambios en las lógicas gubernamentales estas organizaciones también impulsaron y promovieron políticas institucionales para el respeto de los DH, mediante la participación en procesos como la elaboración de diagnósticos conjuntos, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas y una tensa interlocución de observación y crítica con los gobiernos federales.
Estas organizaciones continuaron con la coordinación nacional de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) como el principal espacio de socialización de un trabajo de defensa de los DH que se proyectaba en todo el país; no obstante, al interior de esta plataforma se generaron tensiones que llevaron, entre otros hechos, a la salida de la CMDPDH. Además de la defensa a nivel nacional con proyectos de educación y socialización, la contención jurídica y la denuncia de violaciones, estas organizaciones mantienen en los ejes de su trabajo la denuncia internacional y la defensa de casos ante
